Jovita Nájera López

Expediente 631/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
631/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Jovita Nájera López

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara a través del recurso de queja el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por el que se desechó su demanda de amparo, sin que haya promovido el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su ordinal 2, se declara FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto terminado.

  2. Principal

    Se advierte la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para notificar personalmente a la promovente Jovita Nájera López, la determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el domicilio que señaló para tal efecto, por los motivos que refiere. En atención a lo anterior, se ordena notificar el proveído que antecede, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de la lista electrónica de acuerdos que se publica en internet, así como en el espacio de fácil acceso que para ello designe la administración de este edificio, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El citado acuerdo emitido el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, es del tenor siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por Jovita Najera López, por derecho propio, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y otra autoridad, que hace consistir en la orden de desalojo y/o desocupación ordenado en los autos del expediente 288/2019, relativo al juicio especial de desahucio promovido por Santiago Cruz Reyna Lupercia en contra de Florencio Rojas Romero, y ejecutado en el domicilio ubicado en calle uno, lote 30, manzana 5, interior planta alta, colonia Ampliación Emiliano Zapata, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En atención a lo anterior, fórmese expediente y regístrese en el libro que corresponda con el número 631/2020-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juzgador examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4, de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisado lo anterior, resulta evidente que el juicio de amparo que se promueve es improcedente, pues al caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dado que se promueve de forma extemporánea. Para ello, es necesario precisar lo que al efecto disponen los numerales citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, el término genérico para presentar la demanda, con sus excepciones, y la forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 transcrito. Los actos consentidos tácitamente son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El término genérico para presentar la demanda es de quince días, salvo sus excepciones que en el caso no se actualizan porque la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del primer numeral invocado, pues no reclama una ley general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); no está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; no existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV); por tanto, debió promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. La forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 citado, se realiza de las siguientes formas: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla oportunamente promovida, todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que la parte promovente conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma referida, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que el inconforme se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, a través de la que manifieste que conoció del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Bajo este contexto, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa de los mismos, toda vez que ello se encuentra inmerso al mostrarse conocedor de aquellos, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa bajo protesta de decir verdad, se ostente sabedor del acto o actos reclamados en determinada fecha, para que se contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que lo refiera. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis relativas, debe señalarse también que éstas no guardan un orden de preferencia, pues la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos, lo que autoriza afirmar que aun cuando exista constancia de notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Al caso se invoca la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, cuarta parte, página 105, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Ahora, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis prevista en el tercer punto, consistente en que el término para promover el juicio de amparo se debe de computar a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa en su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que fue sabedora de los actos que se duele, a partir del cuatro de marzo de dos mil veinte, toda vez que en dicha data se llevó acabo la orden de desalojo en el inmueble ubicado en calle uno, lote 30, manzana 5, interior planta alta, colonia Ampliación Emiliano Zapata, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por parte del ejecutor adscrito al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en cumplimiento a la sentencia dictada por el titular de dicho órgano jurisdiccional, dentro de los autos que integran el juicio especial de desahucio 288/2019, de su índice. Hechos que se corroboran con la manifestación expresa de la promovente, así como de las constancias que anexó a su escrito inicial de demanda consistente en el instructivo de notificación de cuatro de marzo de dos mil veinte, del cual se advierte el número de expediente (juicio especial de desahucio 288/2019), las partes que intervienen (promovido por Santiago Cruz Reyna Lupercia en contra de Florencio Rojas Romero), y el juzgado que lleva el procedimiento (Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México). Lo anterior encuentra sustento jurídico, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, en el contenido del criterio jurídico del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 857, Tomo XII, diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Además de lo anterior, de que en dicho instructivo de notificación cuenta con los puntos resolutivos de la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio especial de desahucio 288/2019, así como los acuerdos de veintitrés y dieciocho de febrero de dos mil veinte, en los cuales en el primero causó ejecutoria la sentencia definitiva, mientras que en el segundo se autorizó el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para la desocupación y/o entrega del inmueble ubicado en calle uno, manzana 5, interior planta alta, colonia Ampliación Emiliano Zapata, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, segundo párrafo, cuentan con pleno valor probatorio. Por tanto, se considera que Jovita Najera López, tuvo conocimiento de los actos reclamados, desde el cuatro de marzo de dos mil veinte, momento en el cual se llevó acabo la orden de desocupación y/o desalojo del inmueble ubicado en calle uno, manzana 5, interior planta alta, colonia Ampliación Emiliano Zapata, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y el ejecutor adscrito al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, le entrego el instructivo de notificación en el cual aparecen los datos del juicio de origen. Por ende, si la parte promovente fue sabedora de los actos reclamados, desde cuatro de marzo de dos mil veinte, el término de quince días para promover la demanda de amparo transcurrió del cinco al diecisiete de marzo de dos mil veinte (ocho días) y del tres al once de agosto de este año (siete días). Descontando de dicho cómputo los días siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de marzo del año que transcurre, así como el ocho y nueve de agosto de este año, por haber sido inhábiles, y del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, ello en atención al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado, adicionado y modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el cual dicho Pleno determinó suspender los plazos y términos procesales, así como el trámite de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en respuesta al brote del referido virus. De la misma manera, se hace del conocimiento que en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se determinó que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se levantaría la suspensión de los plazos y términos judiciales decretados con motivo de los Acuerdos Generales 4/2020, en relación con los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, así como en su artículo 10 del citado acuerdo, se estableció que la recepción de todos los escritos iniciales de demanda que se presentaran físicamente se harían mediante su depósito en los buzones judiciales, tanto en casos urgentes como no urgentes. Por lo tanto, la quejosa estuvo en aptitud de presentar su demanda correspondiente, desde el cinco al diecisiete de marzo de dos mil veinte y su continuidad a partir del tres de agosto del presente año, momento en el cual se levantaron los plazos y términos judiciales. Bajo este contexto, se actualiza la causal de improcedencia aludida, comúnmente denominada de extemporaneidad, porque la parte quejosa presentó su demanda mediante buzón judicial hasta el once de septiembre del presente año. Encuentra sustento lo precisado en líneas precedentes por analogía la jurisprudencia P./J.40/2015(10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, (Diciembre de 2015), página 5, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la ley reglamentaria de los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA presentada por Jovita Najera López, por propio derecho, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Ahora, respecto de las personas que señala, se tienen únicamente por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sólo a los que acrediten tener la inscripción de sus respectivas cédulas, en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y, Juzgados de Distrito", conforme a lo establecido en el acuerdo general 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio de dos mil cinco; en caso contrario, para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. EXHORTACIÓN PARA ACTUAR EN LÍNEA En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a fin de que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberán proporcionar un nombre de usuario que les permita promover, consultar el expediente electrónico y que se practiquen las notificaciones por la misma vía. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN. Se requiere a las partes, a fin de que proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, debiéndose entender que únicamente son un medio alterno de comunicación, ya que la notificación que se realice a través de lista o personalmente, es la que servirá como base para computar los términos y plazos procesales del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. INFORMACIÓN PÚBLICA. En términos de los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública, y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena al secretario que supervise que el Analista Jurídico Especializado realice la captura diaria de los datos que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. JURISPRUDENCIA Conviene precisar que los criterios citados en este acuerdo fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · 8,254 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano