Jovita Jorge Ortega y Otros.

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Jovita Jorge Ortega y Otros.
  • Nicolás Negrete Mayor

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueven Nicolás Negrete Mayor y Jovita Jorge Ortega, contra actos de la Unidad de Justicia Alternativa de la Vicefiscalía General Zona Centro adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de la Fiscalía General del Estado, en Tuxtepec, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1060/2018. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 20, 108 y 159, todos de la ley citada, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:." "Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo". De la lectura de los preceptos en cita se colige que los quejosos que acuden ante los órganos judiciales de la federación a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, deben realizarlo por escrito, pero al tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, es válido presentar la demanda de amparo vía telegráfica o por comparecencia ante el juez de Distrito o ante el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, en los lugares en donde no resida juez de Distrito. Situaciones arriba citadas que en el caso no suceden, dado que de la lectura del telegrama allegado, se advierte que los impetrantes de amparo reclaman la orden de comparecencia o citación, y en su caso, su ejecución, actos que no actualizan la hipótesis legal establecida en el numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; por tanto, es claro que los solicitantes del amparo debieron instar la demanda de mérito por escrito y no por la vía telegráfica. Máxime que del telegrama se advierte que los quejosos son quienes promueven el amparo, razón por la cual es dable presumir que no se encontraban imposibilitados para presentar el original de su escrito respectivo; además, de que no se encuentran privados de la libertad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.16 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página: 1527, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES POR VÍA TELEGRÁFICA ESTÁ RESTRINGIDA A CASOS URGENTES Y ÚNICAMENTE A FAVOR DE LOS PARTICULARES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a los artículos 3o. y 80 de la Ley de Amparo, por regla general, sólo se autoriza la presentación de promociones por escrito enviado físicamente o por vía electrónica. No obstante, los artículos 20 y 110, segundo párrafo, de dicho ordenamiento revelan que existen supuestos excepcionales en que se pueden enviar comunicaciones al tribunal de amparo de maneras distintas a su presentación directa ante el órgano, o bien, por conducto del servicio postal o del sistema electrónico, esto es: en los casos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; igualmente, tratándose de escritos a favor de quienes, por su situación, están sujetos a un régimen especial de protección en el juicio constitucional (menores, núcleos agrarios de población, personas en situación de pobreza, etcétera). Por ende, dado que son asuntos urgentes o excepcionales en los que se requieren mayores beneficios para las personas de derecho privado que están involucradas en la controversia, así como situaciones en las que, por la gravedad del acto controvertido, resulta lógico que deban obviarse algunas de las formalidades que prevé la ley -porque incluso puede que las partes no tengan acceso a oficinas postales ni a medios electrónicos-, se concluye que la vía telegráfica se autoriza excepcionalmente y sólo a favor de los particulares. En las anteriores condiciones, procede desechar la demanda de amparo, con base en los artículos 113, en relación con el diversos numerales 61 fracción XXIII, 20, 108 y 159, todos de la ley de la materia, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. Toda vez que los quejosos no señalan domicilio exacto para recibir notificaciones, dado que omitieron precisar la población en que se encuentra el bufete jurídico que designaron, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se ordena notificarles este acuerdo, así como los subsecuentes, por medio de lista, hasta en tanto subsanen tal omisión. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

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