Jovita Guadalupe Marroquin Regalado
Expediente 1576/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1576/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2021
Partes del expediente
- Jovita Guadalupe Marroquin Regalado
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ****, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: Zapopan, Jalisco; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. I. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el siete de septiembre de dos mil veintiuno. II. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. b) Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, mediante en los recibos oficiales ****. c) La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en los recibos oficiales ****, de diecinueve de enero de dos mil veinte, -los cuales obran en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil veinte; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,382.00 (cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el veintinueve de junio de dos mil veintiuno se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Posteriormente el nueve de julio de dos mil veintiuno, fue devuelta a la parte quejosa, la cantidad que resultó a su favor con motivo de la concesión del amparo, respecto al recibo oficial ****, de diecinueve de enero de dos mil veinte. En relación al recibo oficial ****, de diecinueve de enero de dos mil veinte, el cual fue liquidado por persona distinta a la quejosa, la autoridad responsable manifestó su imposibilidad jurídica para devolver dichas cantidades en relación a dicho recibo oficial; por lo tanto, este Juzgado no puede obligar a la autoridad responsable a devolver cantidades a favor de una persona distinta a la que promovió el juicio de amparo constitucional, al existir una imposibilidad jurídica, tal y como lo manifestó la responsable, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2000584 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 36/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1060 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. IV. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Recurso pendiente de integración. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mismo que se encuentra pendiente de integración. Asimismo, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se reexpidió nuevamente el oficio ***, girado a la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a fin de notificar el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de abril del año en curso. Sin que haya lugar a requerir dicho acuse, toda vez que se advierte que no ha transcurrido el tiempo necesario para su entrega. Difiérase audiencia. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Requerimiento a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia constitucional. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales". Adicionalmente, estará el diverso "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que hasta antes de la fecha indicada para la audiencia constitucional, manifiesten sí a su interés legal conviene asistir a la audiencia constitucional, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia constitucional en la fecha indicada, sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente.
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