Jovita Guadalupe Marroquin Regalado

Expediente 2318/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2318/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Jovita Guadalupe Marroquin Regalado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. Por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés de contenido; Zapopan, Jalisco, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: TRIBUNAL COLEGIADO REMITE TESTIMONIO DE EJECUTORIA. Vistos los oficios que remite el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; atento a su contenido, se imprime y tienen a la vista las ejecutorias dictadas en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintitrés en las quejas 8/2023 y 9/2023, mediante las cuales, respectivamente, declaró fundado el recurso interpuesto por la parte quejosa en contra el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós mediante el cual se desechó la demanda de amparo, y se declaró sin materia la queja en atención a lo resuelto en la mencionada en primer término. ACÚSESE RECIBO Y ANOTACIONES. Acúsese el recibo de estilo respectivo y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. EFECTOS DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA SUPERIORIDAD. Es pertinente destacar los lineamientos de la superioridad al declarar fundado el recurso de queja, que en lo que aquí interesa, señalan: ". En términos, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y revocar el auto recurrido de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, dictado por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo 2318/2022, para el efecto que provea nuevamente sobre la demanda de amparo, descartando la actualización de la causal de improcedencia aquí desestimada. ." De lo anterior se advierte que el tribunal de alzada no ordenó la admisión de la demanda de amparo, sino que, la presente juzgadora federal se pronuncie nuevamente respecto del escrito constitucional, prescindiendo de los razonamientos destacados en la ejecutoria de cuenta; por tanto, se provee de la forma siguiente: SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ****, contra actos de la Secretaría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Luego, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". El principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio con los siguientes datos de identificación: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo1 . En el caso concreto, el acto reclamado consiste en: La resolución de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente de investigación **** por la Secretaría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por la cual se determinó que no se advirtieron datos con los que se lograra presumir una conducta que pudiera resulta una falta administrativa, antes bien, se consideraron cuestiones jurisdiccionales; además, se determinó que no se cumplió cabalmente la prevención realizada el once de mayo de dos mil veintidós, por lo que se tuvo por no admitida la denuncia administrativa y se ordenó su conclusión y archivo. Bien, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió interponer en contra dicha resolución y como denunciante en el expediente de investigación ***, el recurso de inconformidad previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en términos de sus artículos 100 a 110. Dichos numerales son del tenor siguiente: "Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.". "Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo. Capítulo IV Impugnación de la calificación de faltas no graves "Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa. La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto." Como se observa de los preceptos transcritos, las autoridades investigadoras pueden determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave; además, en términos del artículo 100 de la invocada Ley General de Responsabilidades Administrativas, si la autoridad no encuentra elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción o responsabilidad del infractor, emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, cuya decisión se notificará al servidor público y a los denunciantes cuando fueren identificables; en el entendido que de la lectura integral de esos numerales, se advierte que el acuerdo de conclusión y archivo del expediente implica una abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, debido a que puede abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y si no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Así, las autoridades substanciadoras o resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública; en ese contexto, de acuerdo al numeral 101 de la referida ley, el denunciante puede impugnar la abstención en términos de lo que dispone el capítulo IV, denominado "impugnación de la calificación de faltas no graves", en el que se encuentra, precisamente, el numeral 102, que dispone que la calificación de la conducta y la decisión de abstención de iniciar el procedimiento respectivo, podrán ser impugnadas por el denunciante a través del recurso de inconformidad, pues el artículo 116 de la misma ley le reconoce el carácter de parte en el procedimiento administrativo al denunciante2 . Del artículo trascrito, se advierte que procede el recurso de inconformidad que tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE PUEDE IMPUGNAR EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Hechos: Una persona moral presentó denuncia por hechos que podrían constituir faltas administrativas derivadas de un proceso de adjudicación directa de adquisición de medicamentos. Una vez realizada la investigación correspondiente el órgano de control emitió el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, al no advertir datos, indicios o elementos de prueba para configurar la comisión de alguna falta administrativa. Inconforme con ello, la denunciante promovió amparo indirecto alegando que no existe algún medio ordinario de defensa para impugnar esa decisión de la autoridad investigadora. Correspondió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que aun cuando el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevea el medio ordinario de defensa para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente de responsabilidad administrativa, es susceptible de interpretarse de manera conforme con la Constitución, en el sentido de que contra la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, resulta procedente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 102 de la ley citada. Justificación: Si conforme al recurso de inconformidad el denunciante puede impugnar tanto la calificación de la falta administrativa denunciada, como la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, con mayor razón resulta procedente combatir la diversa determinación de concluir la investigación y archivar el expediente, pues la posibilidad de cuestionar la debida diligencia de la autoridad investigadora es lo que permite hacer funcional el papel de los denunciantes como una "gran contraloría social"; además, constituye el elemento que posibilita hacer efectiva la rendición de cuentas constante y sistemática del sistema de responsabilidades administrativas, así como vigilar que las actuaciones de las autoridades investigadoras se ajusten a derecho. En suma, la procedencia del recurso de inconformidad no sólo permite maximizar el goce del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también vigilar y corroborar, mediante el control jurisdiccional, que la decisión de no iniciar un procedimiento administrativo atienda a un adecuado desarrollo de la investigación, así como la debida valoración de las constancias que obran en el expediente y no así a una determinación arbitraria, injustificada o irrazonable de la autoridad investigadora que redunde en la impunidad administrativa."3 En suma, de lo antepuesto se advierte que contra la resolución de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente de investigación ****, procede el recurso de inconformidad previsto por el artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a través del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado; por tanto, puede instar el recurso señalado y previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y entonces acudir al juicio de amparo, de ahí lo improcedente de la demanda que ahora se estudia. Máxime que no se advierte la existencia de algún supuesto de excepción que haga procedente el juicio de amparo, pues la parte quejosa no alega violaciones directas a la constitución; el referido medio de defensa no se encuentra previsto en un reglamento, dado que, como se precisó, su procedencia está regulada particularmente en el artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, el artículo 102, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto éste sea resuelto; es decir, el ordenamiento que regula el medio ordinario de defensa sí prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, sin que aparezcan en el capítulo correspondiente requisitos superiores a los previstos por la Ley de Amparo. En tales condiciones, previo a promover juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad ante la autoridad que dictó la resolución reclamada, al no apreciar que se actualiza alguna causa de excepción al principio de definitividad. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de rubros y textos siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 ." Al materializarse la causal de improcedencia a estudio, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y atento a su contenido, se ordena la remisión de las constancias que fueron allegadas con el oficio por el cual dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 12,120 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano