Jovita Annelias Pineda Martínez

Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Jovita Annelias Pineda Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintitrés. ACTA DE COMPARECENCIA. Vista el acta de comparecencia que antecede, de la que se advierte que ante este Juzgado se presentó la quejosa ********************, en atención al requerimiento que se le formuló el treinta de junio del año en curso y al efecto manifiesta que los escritos por los cuales da cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos los realiza bajo protesta de decir verdad. CUMPLE PREVENCIÓN. Atento lo anterior, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención que se le formuló en auto de ******************** de la anualidad en curso, en el sentido de que el acto que reclama en la presente instancia constitucional lo hace consistir en el acuerdo que fija la pensión alimenticia emitido el ******************** dentro del juicio Especial Familiar Oral sobre Alimentos y otras prestaciones promovido por la aquí quejosa frente a ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Asimismo, dicha quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama en los primeros días de ********************, sin especificar una fecha exacta. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el ordinal 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; premisa que nos remite al contenido del ordinal 17 de la propia legislación, que establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pág. 1931 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Entonces, la parte que se dice agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de amparo, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Se sostiene lo anterior, porque la promovente del amparo ********************, por su propio derecho y en cuanto representante legal de su hijo menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, en sus escritos aclaratorios de demanda, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama en los primeros días de ********************, sin especificar una fecha exacta. De lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, el ********************, tal como se advierte del sello que obra impreso en el escrito inicial de demanda, transcurrieron en exceso los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, conforme al numeral 18 de la citada legislación. En efecto, aun y cuando la quejosa manifiesta la fecha aproximada en que tuvo conocimiento del acto que reclama, pues menciona que ello fue en "los primeros días del mes de ********************", sin especificar una fecha exacta, lo cierto es que es precisamente a partir del día treinta de ********************, en que tuvo conocimiento del acto reclamado, empezó a transcurrirle el término de los quince días hábiles que establece la Ley de Amparo para que promoviera el juicio de derechos fundamentales, por lo que al haber depositado la demanda hasta el ********************, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, es que se considera, como ya se dijo con antelación, que ha transcurrido en exceso el plazo mencionado para presentar la demanda de amparo de que se trata y, en consecuencia, se insiste, lo que procede es desechar la demanda por haberse presentado fuera del término legal que para ello establece la Ley de la Materia. Sin que, en el caso, el acto reclamado o la propia quejosa se encuentre en las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto, respecto del acto reclamado en estudio. Finalmente, no obsta que la quejosa en su escrito inicial de demanda manifieste que la autoridad responsable está facultada para a fijación inmediata de la pensión alimentaria del menor y ordenar el inmediato pago al ordenar el debido y legal emplazamiento, fijando dicha medida en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización como lo prevé el artículo 464, fracción I, del Código Familiar del Estado de Michoacán, dado que en el presente caso, en términos del artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede una interpretación conforme al numeral ciento veintitrés, apartado A, fracción VI, de esa máxima ley, en razón de que esta autoridad judicial se encuentra obligada oficiosamente a velar por el derecho humano de alimentos, adoptando la interpretación más favorable (principio pro persona), a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior y, en el caso, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso deslindado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Empero, en el caso no es dable suplir la deficiencia de la queja, lo anterior, porque acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. Apoya a lo anterior, la siguiente tesis de rubro: Tesis I.7o.P.13 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época 164587 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Mayo de 2010 página 1947 Tesis (Aislada) "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Máxime que de las constancias que acompañó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, se advierte que al menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, se le fijó dentro del juicio de origen una pensión alimenticia provisional para cubrir sus necesidades básicas, por lo que no se encuentra en estado de indefensión al respecto; de ahí que se reitera el desechamiento de la presente demanda de amparo por los motivos expuestos con anterioridad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA TRECE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DOCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintitrés. ACTA DE COMPARECENCIA. Vista el acta de comparecencia que antecede, de la que se advierte que ante este Juzgado se presentó la quejosa ********************, en atención al requerimiento que se le formuló el treinta de junio del año en curso y al efecto manifiesta que los escritos por los cuales da cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos los realiza bajo protesta de decir verdad. CUMPLE PREVENCIÓN. Atento lo anterior, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención que se le formuló en auto de ******************** de la anualidad en curso, en el sentido de que el acto que reclama en la presente instancia constitucional lo hace consistir en el acuerdo que fija la pensión alimenticia emitido el ******************** dentro del juicio Especial Familiar Oral sobre Alimentos y otras prestaciones promovido por la aquí quejosa frente a ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Asimismo, dicha quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama en los primeros días de ********************, sin especificar una fecha exacta. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el ordinal 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; premisa que nos remite al contenido del ordinal 17 de la propia legislación, que establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pág. 1931 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Entonces, la parte que se dice agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de amparo, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Se sostiene lo anterior, porque la promovente del amparo ********************, por su propio derecho y en cuanto representante legal de su hijo menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, en sus escritos aclaratorios de demanda, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama en los primeros días de ********************, sin especificar una fecha exacta. De lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, el ********************, tal como se advierte del sello que obra impreso en el escrito inicial de demanda, transcurrieron en exceso los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, conforme al numeral 18 de la citada legislación. En efecto, aun y cuando la quejosa manifiesta la fecha aproximada en que tuvo conocimiento del acto que reclama, pues menciona que ello fue en "los primeros días del mes de ********************", sin especificar una fecha exacta, lo cierto es que es precisamente a partir del día treinta de ********************, en que tuvo conocimiento del acto reclamado, empezó a transcurrirle el término de los quince días hábiles que establece la Ley de Amparo para que promoviera el juicio de derechos fundamentales, por lo que al haber depositado la demanda hasta el ********************, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, es que se considera, como ya se dijo con antelación, que ha transcurrido en exceso el plazo mencionado para presentar la demanda de amparo de que se trata y, en consecuencia, se insiste, lo que procede es desechar la demanda por haberse presentado fuera del término legal que para ello establece la Ley de la Materia. Sin que, en el caso, el acto reclamado o la propia quejosa se encuentre en las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto, respecto del acto reclamado en estudio. Finalmente, no obsta que la quejosa en su escrito inicial de demanda manifieste que la autoridad responsable está facultada para a fijación inmediata de la pensión alimentaria del menor y ordenar el inmediato pago al ordenar el debido y legal emplazamiento, fijando dicha medida en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización como lo prevé el artículo 464, fracción I, del Código Familiar del Estado de Michoacán, dado que en el presente caso, en términos del artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede una interpretación conforme al numeral ciento veintitrés, apartado A, fracción VI, de esa máxima ley, en razón de que esta autoridad judicial se encuentra obligada oficiosamente a velar por el derecho humano de alimentos, adoptando la interpretación más favorable (principio pro persona), a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior y, en el caso, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso deslindado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Empero, en el caso no es dable suplir la deficiencia de la queja, lo anterior, porque acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. Apoya a lo anterior, la siguiente tesis de rubro: Tesis I.7o.P.13 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época 164587 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Mayo de 2010 página 1947 Tesis (Aislada) "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Máxime que de las constancias que acompañó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, se advierte que al menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, se le fijó dentro del juicio de origen una pensión alimenticia provisional para cubrir sus necesidades básicas, por lo que no se encuentra en estado de indefensión al respecto; de ahí que se reitera el desechamiento de la presente demanda de amparo por los motivos expuestos con anterioridad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintitrés. PRETENDE CUMPLIR PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinte de junio del año en curso. SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, del escrito aclaratorio de referencia, se advierte que el promovente no cumple a cabalidad con el requerimiento formulado en el mencionado auto de veinte de los actuales ni en el diverso proveído de veintisiete de junio pasado, en el que se le previno para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, por escrito, con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, aclarara su escrito de demanda en los términos ahí precisados. Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que la citada promovente fue omisa en realizar dicha aclaración bajo protesta de decir verdad, tal como se le requirió en el aludido acuerdo, toda vez que únicamente refirió: "[.] en lo relativo informo a esta Honorable Autoridad, bajo protesta de decir verdad, que por un error involuntario por parte de la hoy quejosa, en representación de mi menor hijo, no cumplí cabalmente con el requerimiento en cuanto exhibir las copias necesarias para el traslado correspondiente.". Sin embargo, con dicha manifestación no cumple cabalmente con la prevención formulada, toda vez que únicamente manifiesta bajo protesta de decir verdad que no cumplió con el requerimiento formulado en autos, empero, resulta necesario que al momento de desahogar los puntos de prevención que le fueron formulados en auto de veinte de los actuales, sea realizado con la protesta requerida. Consecuentemente, mediante notificación personal, dígase a la quejosa que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el treinta de junio del presente año, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que se intenta, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que al momento de desahogar la prevención, ésta sea realizada bajo protesta de decir verdad. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente, para correr traslado a la totalidad de las partes; esto es, una para la autoridad señalada como responsable, otra para correr traslado a la parte tercera interesada, una más para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y la restante para la apertura del incidente de suspensión que solicita APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de junio del año en curso. PRECISIÓN. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." En el entendido que el desahogo correcto de la prevención de la demanda deberá ser realizada directamente por la quejosa o bien, por sus apoderados legales y no por persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que ésta carece legalmente de facultades para hacerlo, pues es de explorado derecho que no puede actuar como si fuera ella quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en la aclaración del libelo constitucional, ya que esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, la quejosa, o sus apoderados legales. Lo que pone de relieve, que la aclaración en que bajo protesta de decir verdad se hace del libelo constitucional, en cuanto a cuestiones de fondo, sólo incumbe, en el caso, a la parte promovente del amparo y no a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque estos únicamente cuentan con facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyan en la configuración de la litis constitucional. En apoyo a la anterior consideración, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 50/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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