Jovanny Rafael Muñoz Covarrubias
Expediente 1554/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jovanny Rafael Muñoz Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el once de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Especializado en órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas a favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos, el tomo de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de once de enero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del incidente. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la suspensión definitiva; en consecuencia; glósese el cuaderno de dicho incidente, mismo que también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de tres años conforme a lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya ha transcurrido el término concedido a la tercera interesada *****, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conmino en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós y por tanto, practíquensele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Recepción de razón actuarial. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la diligenciaria adscrita a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte tercera interesada la determinación de once de enero último, se ordena notificar personalmente la determinación de once de enero de dos mil veintitrés por medio de lista. Notifíquese por medio de lista y personalmente a la tercero interesada.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO TRANSCRITO DE 13 DE ENERO DE 2023, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE 13/01/2023 YA TRANSCRITA Y LA DIVERSA DE 11/01/2023 QUE EN SINTESIS, DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Especializada en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, mediante el cual desahoga el requerimiento contenido en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, e informa que a la fecha, no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Se actualiza causa de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisión de los actos reclamados. A fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y de los anexos que obran en este juicio, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos no controvertidos de esta Ciudad: - La medida de protección solicitada respecto de su domicilio particular, emitida dentro del expediente ********************. Así, como se señaló, la suscrita considera que en relación con el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." De conformidad con dicho dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Caso concreto. Ahora bien, del anexo que se acompañó al informe justificado de la autoridad responsable, Juez Especializada en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos, relativo al expediente de las Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres promovidas por ********************, con número de expediente ********************, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se otorgaron las órdenes de protección de emergencia y preventivas a la aquí tercero interesada, ********************, en donde se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre, con respecto a cualquier hecho que se pueda generar en lo subsecuente y ella así lo solicite, a fin de que el quejoso ******************** sea retirado del lugar donde se presente el evento. 2. Asimismo, se autorizó el acceso de ********************, en compañía de elementos de la Policía Municipal de esta ciudad al domicilio ubicado en ********************, con el único objeto de tomar los siguientes bienes: objetos de uso personal y documentos de identidad. Las cuales se determinaron que tendrán vigencia durante el término de sesenta días naturales a partir de que sean notificadas dichas órdenes. 3. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se presentaron en el domicilio del quejoso ******************** de esta ciudad, a efectuar la diligencia antes citada. 4. Asimismo, cabe destacar que mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable informó que no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en le proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto resulta inconcuso que se ha modificado el entorno del acto reclamado, consistente en la orden de protección a favor de la tercero interesada, emitida dentro del expediente ********************. Lo anterior, pues si en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se otorgaron las órdenes de protección de emergencia y preventivas a ******************** en donde se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata expresa de ingreso al domicilio ********************, en el referido expediente ********************, a la data esas medidas han quejado sin efecto, pues han transcurrido más de sesenta días naturales, posteriores a su dictado. De las cuales, además, no se advierte que se haya solicitado prorroga de dicha temporalidad, incluso la autoridad responsable informa que hasta la fecha, no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en le proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Motivo por el cual, en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues no obstante que se otorgaron las órdenes de protección, no se solicitaron prorroga antes de que concluyera el término de la temporalidad en que se encontraban vigentes. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el uno de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente; por lista y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Especializada en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, mediante el cual desahoga el requerimiento contenido en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, e informa que a la fecha, no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Se actualiza causa de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisión de los actos reclamados. A fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y de los anexos que obran en este juicio, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos no controvertidos de esta Ciudad: - La medida de protección solicitada respecto de su domicilio particular, emitida dentro del expediente ********************. Así, como se señaló, la suscrita considera que en relación con el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." De conformidad con dicho dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Caso concreto. Ahora bien, del anexo que se acompañó al informe justificado de la autoridad responsable, Juez Especializada en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos, relativo al expediente de las Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres promovidas por ********************, con número de expediente ********************, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se otorgaron las órdenes de protección de emergencia y preventivas a la aquí tercero interesada, ********************, en donde se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre, con respecto a cualquier hecho que se pueda generar en lo subsecuente y ella así lo solicite, a fin de que el quejoso ******************** sea retirado del lugar donde se presente el evento. 2. Asimismo, se autorizó el acceso de ********************, en compañía de elementos de la Policía Municipal de esta ciudad al domicilio ubicado en ********************, con el único objeto de tomar los siguientes bienes: objetos de uso personal y documentos de identidad. Las cuales se determinaron que tendrán vigencia durante el término de sesenta días naturales a partir de que sean notificadas dichas órdenes. 3. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se presentaron en el domicilio del quejoso ******************** de esta ciudad, a efectuar la diligencia antes citada. 4. Asimismo, cabe destacar que mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable informó que no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en le proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto resulta inconcuso que se ha modificado el entorno del acto reclamado, consistente en la orden de protección a favor de la tercero interesada, emitida dentro del expediente ********************. Lo anterior, pues si en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se otorgaron las órdenes de protección de emergencia y preventivas a ******************** en donde se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata expresa de ingreso al domicilio ********************, en el referido expediente ********************, a la data esas medidas han quejado sin efecto, pues han transcurrido más de sesenta días naturales, posteriores a su dictado. De las cuales, además, no se advierte que se haya solicitado prorroga de dicha temporalidad, incluso la autoridad responsable informa que hasta la fecha, no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en le proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Motivo por el cual, en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues no obstante que se otorgaron las órdenes de protección, no se solicitaron prorroga antes de que concluyera el término de la temporalidad en que se encontraban vigentes. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el uno de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente; por lista y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VIENTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Especializada en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, mediante el cual desahoga el requerimiento contenido en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, e informa que a la fecha, no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Se actualiza causa de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisión de los actos reclamados. A fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y de los anexos que obran en este juicio, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos no controvertidos de esta Ciudad: - La medida de protección solicitada respecto de su domicilio particular, emitida dentro del expediente ********************. Así, como se señaló, la suscrita considera que en relación con el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." De conformidad con dicho dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Caso concreto. Ahora bien, del anexo que se acompañó al informe justificado de la autoridad responsable, Juez Especializada en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos, relativo al expediente de las Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres promovidas por ********************, con número de expediente ********************, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se otorgaron las órdenes de protección de emergencia y preventivas a la aquí tercero interesada, ********************, en donde se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre, con respecto a cualquier hecho que se pueda generar en lo subsecuente y ella así lo solicite, a fin de que el quejoso ******************** sea retirado del lugar donde se presente el evento. 2. Asimismo, se autorizó el acceso de ********************, en compañía de elementos de la Policía Municipal de esta ciudad al domicilio ubicado en ********************, con el único objeto de tomar los siguientes bienes: objetos de uso personal y documentos de identidad. Las cuales se determinaron que tendrán vigencia durante el término de sesenta días naturales a partir de que sean notificadas dichas órdenes. 3. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se presentaron en el domicilio del quejoso ******************** de esta ciudad, a efectuar la diligencia antes citada. 4. Asimismo, cabe destacar que mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable informó que no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en le proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto resulta inconcuso que se ha modificado el entorno del acto reclamado, consistente en la orden de protección a favor de la tercero interesada, emitida dentro del expediente ********************. Lo anterior, pues si en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se otorgaron las órdenes de protección de emergencia y preventivas a ******************** en donde se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata expresa de ingreso al domicilio ********************, en el referido expediente ********************, a la data esas medidas han quejado sin efecto, pues han transcurrido más de sesenta días naturales, posteriores a su dictado. De las cuales, además, no se advierte que se haya solicitado prorroga de dicha temporalidad, incluso la autoridad responsable informa que hasta la fecha, no se ha emitido prorroga de temporalidad alguna, a las órdenes de protección concedidas a ********************, en le proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por no haberse solicitado por la víctima. Motivo por el cual, en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues no obstante que se otorgaron las órdenes de protección, no se solicitaron prorroga antes de que concluyera el término de la temporalidad en que se encontraban vigentes. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el uno de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente; por lista y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
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