Josúe Sanchez Salas
Expediente 976/2012 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 26/09/2018
Partes del expediente
- Josúe Sanchez Salas
- María de Lourdes Chavez Manilla
- Josúe Sanchez Salas y Otros.
- Rosa Liliana Hernandez Zamudio
- Carlos Marquez Gomez
- Ricardo Delgado Ramirez
- Cesar Gonzalez Juarez
- Esteban Ordaz Cortes
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Carlos Roberto Basurto Carrillo
- Alfredo Granados de la Rosa
- José Isaias Ruiz Castillo
- Miguel Martinez Lopez
Actuaciones
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- Principal
EN DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PÚBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, AL TERCERO INTERESADO **********, EN EL JUICIO DE AMPARO 976/2012, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1).-El acuerdo de audiencia de fecha 25 de octubre de dos mil doce, fecha en la cual se suspendió la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, por lo avanzado de la hora y se señalan de nueva cuenta las TRECE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, para que tenga verificando la CONTINUACIÓN DE LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS." En ese sentido en sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil trece, se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable provea lo que resulte necesario a fin de que realice el señalamiento de fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 685, 873 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, y también provea lo que resulte necesario a fin de que culmine con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se ponga en estado de resolución el asunto y en su oportunidad se emita el laudo correspondiente, conforme a los plazos y términos previstos en la ley de la materia; lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a los quejosos en el goce de la misma; el efecto anterior, no puede desvincularse del resto de la ejecutoria, pues en ella se dijo: "De ahí que la conducta asumida por la Junta responsable al soslayar los plazos y términos legales previstos para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral, concretamente, por la excesiva dilación y demora para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por las partes en el sumario laboral citado, así como su eventual estudio y valoración, en virtud del señalamiento fuera del plazo legal para tal efecto, que origina que se difieren los tiempos en que habrán de, en su caso, desahogarse las pruebas, cerrarse la instrucción y emitirse el laudo, pues la Junta responsable simplemente determinó señalar fecha distante para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin proveer lo conducente a efecto de dar impulso y celeridad al procedimiento laboral culminando la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, cerrando la instrucción y dejando en estado de resolución el juicio de que se trata; lo cual atenta lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución federal." En esas condiciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, el suscrito procede a resolver lo conducente con base en las constancias que obran en autos y lo informado por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para determinar si está cumplida o no la sentencia dictada en este juicio de amparo. En efecto, se desprende que la concesión del amparo constriñó a la Junta para que señalará fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados; si bien, en la sentencia se señaló que el efecto del amparo implicaba no sólo lo precisado con antelación, sino también que se emitiera el laudo, ello fue realizado bajo la vigencia de la jurisprudencia 2ª./J. 45/2007, con número de registro 172677, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Ahora bien, en una nueva reflexión la propia Segunda Sala señaló que cuando se concede el amparo por una violación procesal relacionada con la omisión de proveer en algún sentido para la continuación del procedimiento, ello no implicaba que la autoridad responsable del cumplimiento de amparo debía incluso emitir el laudo, tal como se desprende de la tesis 2ª. CV/2013, con número de registro 2005150, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, que menciona: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En razón de lo anterior, la autoridad responsable en diversas promociones remitidas a este órgano jurisdiccional informó lo siguiente: ORDEN AÑO DE PRESENTACIÓN NÚEMRO DE REGISTRO DE LA PROMOCIÓN FOJAS CONTENIDO 1 2013 17005, 17086, 17221, 19295 y 22808. 419 a 436; 440 a 449; 454 a 463; 478 a 495 y 531 a 535, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas 2 2014 2051, 3972, 5377, 5761, 6063, 6264, 6414, 6549, 6700, 6945, 7188, 7241, 7307, 7433, 7472, 7671, 7766, 7846, 12755, 15898, 16149, 16576, 17305, 17608, 17946, 18935, 18569, 19419, 19736, 20667, 21636, 22717, 23263, 23777, 24304, 25178, 25721, 26113, 26719, 27106, 27540, 27937, 28344, 28861, 29312, 29693, 30476, 30949, 31305, 31668, 32090, 32477, 32778, 33283, 33860, 34232, 35595, 35596 y 35684 544 a 551; 561 a 567; 768 a 772; 776 a 780; 785 a 790; 812 a 818; 825 a 830; 859 a 866; 868 a 871; 873 a 878; 880 a 883; 885 a 889; 894 a 902; 904 a 906; 908 a 910; 912 a 916; 918 a 923; 927 a 939; 941 a 1012 (tomo I) y 1015 a 1294 (tomo II), respectivamente. Diversos desahogos de pruebas, confesional y/o pericial. 3 2015 315, 542, 787, 1041, 1267, 1514, 1870, 2156, 2349, 2647, 2926, 3229, 3678, 3971, 4225, 4609, 5600, 6299, 6699, 7476, 7943, 8395, 8801, 9269, 9886, 10295, 10694, 11004, 11538, 12034, 12714, 13212, 13650, 14199, 14841, 15338, 16445, 16930, 17298, 17781, 18287, 18950, 19388, 20094, 20499, 20888, 21969, 21971, 22581, 23231, 23606, 24377, 24842, 25784, 25786, 26520, 27113, 27510, 27928, 28385, 28895, 29227, 29717, 30321, 30839, 31382, 31835, 32199, 33201, 33548, 34587, 35967, 36407, 36760, 37447, 37722, 38871, 38873, 39283, 39746, 40126, 40578, 42503, 42504, 42506, 42507, 43695, 43697, 43698, 44460, 44461, 45496, 45497, 45498, 46207, 46208, 47228, 47230, 47687, 48611, 48869, 48870, 49830, 49831, 49832, 50058, 50685, 50687,50688, 50853, 51058, 51238, 51639, 54382, 54597, 54881, 55021, 55417, 55663, 56048, 56212, 56401, 56592, 57371, 57372, 57594, 58010, 58011, 58401, 58848, 58562, 59042, 59841, 60328, 60658, 61734, 61857, 62110, 62321, 62557, 62712, 62994, 63224, 63548, 63803, 64243, 64578, 65022, 65536, 65537, 65911, 65912, 66198, 66874, 47993, 67610, 67983, 68079, 68202, 68402, 68635, 68914, 69059, 69480, 69623, 69753, 69937, 70094, 70197, 70513, 70671, 70672, 70950, 71113, 71320, 71366, 71624 y 71876. 1300 a 1718; 1722 a 1946; 1951 a 1992; 1994 a 2089; 2091 a 2215 (tomo II). Diversos desahogos de pruebas, confesional y/o pericial. 4 2016 46, 601, 855, 1144, 1343, 1564, 1698, 1906, 2051, 2485, 3151, 3152, 3153, 3403, 3600, 3649, 3650, 4136, 4322, 4619, 4910, 5300, 5687, 6025, 6026, 6310, 6580, 6891, 6892, 7212, 7397, 7767, 8018, 8304, 8305, 8458, 8596, 8826, 9059, 9172, 9373, 9536, 9777, 10075, 10495, 10868, 11250, 11810, 12019, 12547, 13095, 14227, 14527, 15125, 15927, 16483, 16484, 16481, 17059, 17284, 18108, 18655, 19419, 19420, 20675, 21282, 21559, 22184, 22183, 22469, 23252, 23558, 23924, 24267, 24842, 25159, 25491, 25786, 26423, 26424, 26637, 26915, 27288, 27475, 28242, 28318, 28319, 28725, 28989, 29259, 32475, 32698, 32806, 33163, 33162, 33423, 34217, 34218, 34421, 34518, 35123, 35301, 35527, 36176, 36586, 37334, 40416, 41697, 46971, 49176, 55454, 60951, 64114 y 66289 2216 a 2250 (tomo II); 2256 a 2350; 2358 a 2400; 2407 a 2462; 2464 a 2478; 2485 a 2552; 2557 a 2618; 2624 a 2673; 2679 a 2713; 2718 a 2772; 2778 a 2835; 2845 a 2876; 2881 a 2911; 2916 a 2922; 2927 a 2932; 2937 a 2956; 2969 a 2971; 2976 a 2989; 2994 a 3001 (tomo III), respectivamente. Diversos desahogos de la prueba pericial contable, así como la inspección ocular. 5 2017 200, 2466, 4840, 18775, 20847, 23434, 27399, 31405, 33080, 36642, 39992, 42038, 54169, 59429, 60384 y 61801. 3006 a 3010; 3015 a 3025; 3030 a 3032; 3046 a 3057; 3062 a 3068; 3072 a 3073; 3080 a 3081; 3087 a 3090; 3092 a 3095; 3100 a 3103; 3106 a 3110; 3116 a 3120; 3134 a 3137; 3151 a 3152; 3161 a 3162, 3169 a 3170; Diversos desahogos de las pruebas de inspección ocular ofrecidas 6 2018 480, 3034, 4467, 4822 y 6612. 3176 a 3177; 3183 a 3184; 3189 a 3191; 3195 a 3199; 3205 a 3207. Acuerdo por el que se declara que no existen más probanzas por desahogar; así como el término de tres días para formular alegatos y se declara cerrada la instrucción, turnándose los autos para que se formule el proyecto de resolución correspondiente. De las constancias remitidas por la autoridad responsable y que obran en el expediente del juicio de amparo, se aprecia que la autoridad fue cumpliendo con cada una de las etapas procesales del juicio laboral, ya que las pruebas que se encontraban pendientes, fueron desahogadas y una vez que no existían más medios de convicción pendientes de atender, se acreditó que el expediente pasó a la etapa de alegatos, para finalmente dictarse el acuerdo de cierre de instrucción y turnarse el mismo para la formulación del proyecto. En congruencia con lo anterior, toda vez, que en el presente juicio de amparo, se tuvo como acto reclamado únicamente el retardo en la fijación de señalar fecha para la celebración de la audiencia trifásica, y dado que dicha audiencia ya aconteció, se estima que ha quedado cumplida. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectiva, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; personalmente a la quejosa, al tercero interesado Sindicato Mexicano de Electricistas, y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito". NOTIFÍQUESE.
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EN DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PÚBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 976/2012, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1).-El acuerdo de audiencia de fecha 25 de octubre de dos mil doce, fecha en la cual se suspendió la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, por lo avanzado de la hora y se señalan de nueva cuenta las TRECE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, para que tenga verificando la CONTINUACIÓN DE LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS." En ese sentido en sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil trece, se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable provea lo que resulte necesario a fin de que realice el señalamiento de fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 685, 873 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, y también provea lo que resulte necesario a fin de que culmine con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se ponga en estado de resolución el asunto y en su oportunidad se emita el laudo correspondiente, conforme a los plazos y términos previstos en la ley de la materia; lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a los quejosos en el goce de la misma; el efecto anterior, no puede desvincularse del resto de la ejecutoria, pues en ella se dijo: "De ahí que la conducta asumida por la Junta responsable al soslayar los plazos y términos legales previstos para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral, concretamente, por la excesiva dilación y demora para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por las partes en el sumario laboral citado, así como su eventual estudio y valoración, en virtud del señalamiento fuera del plazo legal para tal efecto, que origina que se difieren los tiempos en que habrán de, en su caso, desahogarse las pruebas, cerrarse la instrucción y emitirse el laudo, pues la Junta responsable simplemente determinó señalar fecha distante para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin proveer lo conducente a efecto de dar impulso y celeridad al procedimiento laboral culminando la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, cerrando la instrucción y dejando en estado de resolución el juicio de que se trata; lo cual atenta lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución federal." En esas condiciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, el suscrito procede a resolver lo conducente con base en las constancias que obran en autos y lo informado por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para determinar si está cumplida o no la sentencia dictada en este juicio de amparo. En efecto, se desprende que la concesión del amparo constriñó a la Junta para que señalará fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados; si bien, en la sentencia se señaló que el efecto del amparo implicaba no sólo lo precisado con antelación, sino también que se emitiera el laudo, ello fue realizado bajo la vigencia de la jurisprudencia 2ª./J. 45/2007, con número de registro 172677, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Ahora bien, en una nueva reflexión la propia Segunda Sala señaló que cuando se concede el amparo por una violación procesal relacionada con la omisión de proveer en algún sentido para la continuación del procedimiento, ello no implicaba que la autoridad responsable del cumplimiento de amparo debía incluso emitir el laudo, tal como se desprende de la tesis 2ª. CV/2013, con número de registro 2005150, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, que menciona: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En razón de lo anterior, la autoridad responsable en diversas promociones remitidas a este órgano jurisdiccional informó lo siguiente: ORDEN AÑO DE PRESENTACIÓN NÚEMRO DE REGISTRO DE LA PROMOCIÓN FOJAS CONTENIDO 1 2013 17005, 17086, 17221, 19295 y 22808. 419 a 436; 440 a 449; 454 a 463; 478 a 495 y 531 a 535, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas 2 2014 2051, 3972, 5377, 5761, 6063, 6264, 6414, 6549, 6700, 6945, 7188, 7241, 7307, 7433, 7472, 7671, 7766, 7846, 12755, 15898, 16149, 16576, 17305, 17608, 17946, 18935, 18569, 19419, 19736, 20667, 21636, 22717, 23263, 23777, 24304, 25178, 25721, 26113, 26719, 27106, 27540, 27937, 28344, 28861, 29312, 29693, 30476, 30949, 31305, 31668, 32090, 32477, 32778, 33283, 33860, 34232, 35595, 35596 y 35684 544 a 551; 561 a 567; 768 a 772; 776 a 780; 785 a 790; 812 a 818; 825 a 830; 859 a 866; 868 a 871; 873 a 878; 880 a 883; 885 a 889; 894 a 902; 904 a 906; 908 a 910; 912 a 916; 918 a 923; 927 a 939; 941 a 1012 (tomo I) y 1015 a 1294 (tomo II), respectivamente. Diversos desahogos de pruebas, confesional y/o pericial. 3 2015 315, 542, 787, 1041, 1267, 1514, 1870, 2156, 2349, 2647, 2926, 3229, 3678, 3971, 4225, 4609, 5600, 6299, 6699, 7476, 7943, 8395, 8801, 9269, 9886, 10295, 10694, 11004, 11538, 12034, 12714, 13212, 13650, 14199, 14841, 15338, 16445, 16930, 17298, 17781, 18287, 18950, 19388, 20094, 20499, 20888, 21969, 21971, 22581, 23231, 23606, 24377, 24842, 25784, 25786, 26520, 27113, 27510, 27928, 28385, 28895, 29227, 29717, 30321, 30839, 31382, 31835, 32199, 33201, 33548, 34587, 35967, 36407, 36760, 37447, 37722, 38871, 38873, 39283, 39746, 40126, 40578, 42503, 42504, 42506, 42507, 43695, 43697, 43698, 44460, 44461, 45496, 45497, 45498, 46207, 46208, 47228, 47230, 47687, 48611, 48869, 48870, 49830, 49831, 49832, 50058, 50685, 50687,50688, 50853, 51058, 51238, 51639, 54382, 54597, 54881, 55021, 55417, 55663, 56048, 56212, 56401, 56592, 57371, 57372, 57594, 58010, 58011, 58401, 58848, 58562, 59042, 59841, 60328, 60658, 61734, 61857, 62110, 62321, 62557, 62712, 62994, 63224, 63548, 63803, 64243, 64578, 65022, 65536, 65537, 65911, 65912, 66198, 66874, 47993, 67610, 67983, 68079, 68202, 68402, 68635, 68914, 69059, 69480, 69623, 69753, 69937, 70094, 70197, 70513, 70671, 70672, 70950, 71113, 71320, 71366, 71624 y 71876. 1300 a 1718; 1722 a 1946; 1951 a 1992; 1994 a 2089; 2091 a 2215 (tomo II). Diversos desahogos de pruebas, confesional y/o pericial. 4 2016 46, 601, 855, 1144, 1343, 1564, 1698, 1906, 2051, 2485, 3151, 3152, 3153, 3403, 3600, 3649, 3650, 4136, 4322, 4619, 4910, 5300, 5687, 6025, 6026, 6310, 6580, 6891, 6892, 7212, 7397, 7767, 8018, 8304, 8305, 8458, 8596, 8826, 9059, 9172, 9373, 9536, 9777, 10075, 10495, 10868, 11250, 11810, 12019, 12547, 13095, 14227, 14527, 15125, 15927, 16483, 16484, 16481, 17059, 17284, 18108, 18655, 19419, 19420, 20675, 21282, 21559, 22184, 22183, 22469, 23252, 23558, 23924, 24267, 24842, 25159, 25491, 25786, 26423, 26424, 26637, 26915, 27288, 27475, 28242, 28318, 28319, 28725, 28989, 29259, 32475, 32698, 32806, 33163, 33162, 33423, 34217, 34218, 34421, 34518, 35123, 35301, 35527, 36176, 36586, 37334, 40416, 41697, 46971, 49176, 55454, 60951, 64114 y 66289 2216 a 2250 (tomo II); 2256 a 2350; 2358 a 2400; 2407 a 2462; 2464 a 2478; 2485 a 2552; 2557 a 2618; 2624 a 2673; 2679 a 2713; 2718 a 2772; 2778 a 2835; 2845 a 2876; 2881 a 2911; 2916 a 2922; 2927 a 2932; 2937 a 2956; 2969 a 2971; 2976 a 2989; 2994 a 3001 (tomo III), respectivamente. Diversos desahogos de la prueba pericial contable, así como la inspección ocular. 5 2017 200, 2466, 4840, 18775, 20847, 23434, 27399, 31405, 33080, 36642, 39992, 42038, 54169, 59429, 60384 y 61801. 3006 a 3010; 3015 a 3025; 3030 a 3032; 3046 a 3057; 3062 a 3068; 3072 a 3073; 3080 a 3081; 3087 a 3090; 3092 a 3095; 3100 a 3103; 3106 a 3110; 3116 a 3120; 3134 a 3137; 3151 a 3152; 3161 a 3162, 3169 a 3170; Diversos desahogos de las pruebas de inspección ocular ofrecidas 6 2018 480, 3034, 4467, 4822 y 6612. 3176 a 3177; 3183 a 3184; 3189 a 3191; 3195 a 3199; 3205 a 3207. Acuerdo por el que se declara que no existen más probanzas por desahogar; así como el término de tres días para formular alegatos y se declara cerrada la instrucción, turnándose los autos para que se formule el proyecto de resolución correspondiente. De las constancias remitidas por la autoridad responsable y que obran en el expediente del juicio de amparo, se aprecia que la autoridad fue cumpliendo con cada una de las etapas procesales del juicio laboral, ya que las pruebas que se encontraban pendientes, fueron desahogadas y una vez que no existían más medios de convicción pendientes de atender, se acreditó que el expediente pasó a la etapa de alegatos, para finalmente dictarse el acuerdo de cierre de instrucción y turnarse el mismo para la formulación del proyecto. En congruencia con lo anterior, toda vez, que en el presente juicio de amparo, se tuvo como acto reclamado únicamente el retardo en la fijación de señalar fecha para la celebración de la audiencia trifásica, y dado que dicha audiencia ya aconteció, se estima que ha quedado cumplida. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectiva, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; personalmente a la quejosa, al tercero interesado xxxxxxxxxxxxx, y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito". NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1).-El acuerdo de audiencia de fecha 25 de octubre de dos mil doce, fecha en la cual se suspendió la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, por lo avanzado de la hora y se señalan de nueva cuenta las TRECE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, para que tenga verificando la CONTINUACIÓN DE LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS." En ese sentido en sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil trece, se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable provea lo que resulte necesario a fin de que realice el señalamiento de fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 685, 873 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, y también provea lo que resulte necesario a fin de que culmine con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se ponga en estado de resolución el asunto y en su oportunidad se emita el laudo correspondiente, conforme a los plazos y términos previstos en la ley de la materia; lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a los quejosos en el goce de la misma; el efecto anterior, no puede desvincularse del resto de la ejecutoria, pues en ella se dijo: "De ahí que la conducta asumida por la Junta responsable al soslayar los plazos y términos legales previstos para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral, concretamente, por la excesiva dilación y demora para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por las partes en el sumario laboral citado, así como su eventual estudio y valoración, en virtud del señalamiento fuera del plazo legal para tal efecto, que origina que se difieren los tiempos en que habrán de, en su caso, desahogarse las pruebas, cerrarse la instrucción y emitirse el laudo, pues la Junta responsable simplemente determinó señalar fecha distante para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin proveer lo conducente a efecto de dar impulso y celeridad al procedimiento laboral culminando la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, cerrando la instrucción y dejando en estado de resolución el juicio de que se trata; lo cual atenta lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución federal." En esas condiciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, el suscrito procede a resolver lo conducente con base en las constancias que obran en autos y lo informado por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para determinar si está cumplida o no la sentencia dictada en este juicio de amparo. En efecto, se desprende que la concesión del amparo constriñó a la Junta para que señalará fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 38/2011 y sus acumulados; si bien, en la sentencia se señaló que el efecto del amparo implicaba no sólo lo precisado con antelación, sino también que se emitiera el laudo, ello fue realizado bajo la vigencia de la jurisprudencia 2ª./J. 45/2007, con número de registro 172677, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Ahora bien, en una nueva reflexión la propia Segunda Sala señaló que cuando se concede el amparo por una violación procesal relacionada con la omisión de proveer en algún sentido para la continuación del procedimiento, ello no implicaba que la autoridad responsable del cumplimiento de amparo debía incluso emitir el laudo, tal como se desprende de la tesis 2ª. CV/2013, con número de registro 2005150, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, que menciona: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En razón de lo anterior, la autoridad responsable en diversas promociones remitidas a este órgano jurisdiccional informó lo siguiente: ORDEN AÑO DE PRESENTACIÓN NÚEMRO DE REGISTRO DE LA PROMOCIÓN FOJAS CONTENIDO 1 2013 17005, 17086, 17221, 19295 y 22808. 419 a 436; 440 a 449; 454 a 463; 478 a 495 y 531 a 535, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas 2 2014 2051, 3972, 5377, 5761, 6063, 6264, 6414, 6549, 6700, 6945, 7188, 7241, 7307, 7433, 7472, 7671, 7766, 7846, 12755, 15898, 16149, 16576, 17305, 17608, 17946, 18935, 18569, 19419, 19736, 20667, 21636, 22717, 23263, 23777, 24304, 25178, 25721, 26113, 26719, 27106, 27540, 27937, 28344, 28861, 29312, 29693, 30476, 30949, 31305, 31668, 32090, 32477, 32778, 33283, 33860, 34232, 35595, 35596 y 35684 544 a 551; 561 a 567; 768 a 772; 776 a 780; 785 a 790; 812 a 818; 825 a 830; 859 a 866; 868 a 871; 873 a 878; 880 a 883; 885 a 889; 894 a 902; 904 a 906; 908 a 910; 912 a 916; 918 a 923; 927 a 939; 941 a 1012 (tomo I) y 1015 a 1294 (tomo II), respectivamente. Diversos desahogos de pruebas, confesional y/o pericial. 3 2015 315, 542, 787, 1041, 1267, 1514, 1870, 2156, 2349, 2647, 2926, 3229, 3678, 3971, 4225, 4609, 5600, 6299, 6699, 7476, 7943, 8395, 8801, 9269, 9886, 10295, 10694, 11004, 11538, 12034, 12714, 13212, 13650, 14199, 14841, 15338, 16445, 16930, 17298, 17781, 18287, 18950, 19388, 20094, 20499, 20888, 21969, 21971, 22581, 23231, 23606, 24377, 24842, 25784, 25786, 26520, 27113, 27510, 27928, 28385, 28895, 29227, 29717, 30321, 30839, 31382, 31835, 32199, 33201, 33548, 34587, 35967, 36407, 36760, 37447, 37722, 38871, 38873, 39283, 39746, 40126, 40578, 42503, 42504, 42506, 42507, 43695, 43697, 43698, 44460, 44461, 45496, 45497, 45498, 46207, 46208, 47228, 47230, 47687, 48611, 48869, 48870, 49830, 49831, 49832, 50058, 50685, 50687,50688, 50853, 51058, 51238, 51639, 54382, 54597, 54881, 55021, 55417, 55663, 56048, 56212, 56401, 56592, 57371, 57372, 57594, 58010, 58011, 58401, 58848, 58562, 59042, 59841, 60328, 60658, 61734, 61857, 62110, 62321, 62557, 62712, 62994, 63224, 63548, 63803, 64243, 64578, 65022, 65536, 65537, 65911, 65912, 66198, 66874, 47993, 67610, 67983, 68079, 68202, 68402, 68635, 68914, 69059, 69480, 69623, 69753, 69937, 70094, 70197, 70513, 70671, 70672, 70950, 71113, 71320, 71366, 71624 y 71876. 1300 a 1718; 1722 a 1946; 1951 a 1992; 1994 a 2089; 2091 a 2215 (tomo II). Diversos desahogos de pruebas, confesional y/o pericial. 4 2016 46, 601, 855, 1144, 1343, 1564, 1698, 1906, 2051, 2485, 3151, 3152, 3153, 3403, 3600, 3649, 3650, 4136, 4322, 4619, 4910, 5300, 5687, 6025, 6026, 6310, 6580, 6891, 6892, 7212, 7397, 7767, 8018, 8304, 8305, 8458, 8596, 8826, 9059, 9172, 9373, 9536, 9777, 10075, 10495, 10868, 11250, 11810, 12019, 12547, 13095, 14227, 14527, 15125, 15927, 16483, 16484, 16481, 17059, 17284, 18108, 18655, 19419, 19420, 20675, 21282, 21559, 22184, 22183, 22469, 23252, 23558, 23924, 24267, 24842, 25159, 25491, 25786, 26423, 26424, 26637, 26915, 27288, 27475, 28242, 28318, 28319, 28725, 28989, 29259, 32475, 32698, 32806, 33163, 33162, 33423, 34217, 34218, 34421, 34518, 35123, 35301, 35527, 36176, 36586, 37334, 40416, 41697, 46971, 49176, 55454, 60951, 64114 y 66289 2216 a 2250 (tomo II); 2256 a 2350; 2358 a 2400; 2407 a 2462; 2464 a 2478; 2485 a 2552; 2557 a 2618; 2624 a 2673; 2679 a 2713; 2718 a 2772; 2778 a 2835; 2845 a 2876; 2881 a 2911; 2916 a 2922; 2927 a 2932; 2937 a 2956; 2969 a 2971; 2976 a 2989; 2994 a 3001 (tomo III), respectivamente. Diversos desahogos de la prueba pericial contable, así como la inspección ocular. 5 2017 200, 2466, 4840, 18775, 20847, 23434, 27399, 31405, 33080, 36642, 39992, 42038, 54169, 59429, 60384 y 61801. 3006 a 3010; 3015 a 3025; 3030 a 3032; 3046 a 3057; 3062 a 3068; 3072 a 3073; 3080 a 3081; 3087 a 3090; 3092 a 3095; 3100 a 3103; 3106 a 3110; 3116 a 3120; 3134 a 3137; 3151 a 3152; 3161 a 3162, 3169 a 3170; Diversos desahogos de las pruebas de inspección ocular ofrecidas 6 2018 480, 3034, 4467, 4822 y 6612. 3176 a 3177; 3183 a 3184; 3189 a 3191; 3195 a 3199; 3205 a 3207. Acuerdo por el que se declara que no existen más probanzas por desahogar; así como el término de tres días para formular alegatos y se declara cerrada la instrucción, turnándose los autos para que se formule el proyecto de resolución correspondiente. De las constancias remitidas por la autoridad responsable y que obran en el expediente del juicio de amparo, se aprecia que la autoridad fue cumpliendo con cada una de las etapas procesales del juicio laboral, ya que las pruebas que se encontraban pendientes, fueron desahogadas y una vez que no existían más medios de convicción pendientes de atender, se acreditó que el expediente pasó a la etapa de alegatos, para finalmente dictarse el acuerdo de cierre de instrucción y turnarse el mismo para la formulación del proyecto. En congruencia con lo anterior, toda vez, que en el presente juicio de amparo, se tuvo como acto reclamado únicamente el retardo en la fijación de señalar fecha para la celebración de la audiencia trifásica, y dado que dicha audiencia ya aconteció, se estima que ha quedado cumplida. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectiva, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; personalmente a la quejosa, al tercero interesado Sindicato Mexicano de Electricistas, y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite copia certificada del auto de ocho de junio de los cursantes, dictado en el expediente 38/2011 y acumulados de su índice; del que se advierten las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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