Josue Reyes Herrera

Expediente 923/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
923/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Josue Reyes Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por JOSUE REYES HERRERA; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Josué Reyes Herrera, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por considerarlos violatorios del artículo 8 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 903/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que dice: "El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de derechos sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que el peticionario de derechos en los capítulos de acto reclamado, y hechos, en lo que aquí interesa señaló lo siguiente: IV.- Acto Reclamado: ".La omisión de emitir acuerdo escrito y en breve termino, respecto de la petición formulada." En los hechos narrados por el quejoso manifestó lo siguiente: 1. En Fecha 05 de julio de 2017, el suscrito, presentó escrito libre ante el Presidente Municipal de la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo" 2. Es el caso, que ha transcurrido más de 15 días, sin que le Presidente Municipal de la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en su calidad de autoridad, haya emitido acuerdo escrito sobre la petición formulada De lo anterior se colige, que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la omisión de dar contestación a su escrito que bajo protesta de decir verdad manifestó presentó en cinco de julio de dos mil diecisiete, ante la citada responsable; considerando con ello que se transgredió el derecho fundamental consagrado en el ordinal 8 Constitucional. Luego, las manifestaciones del citado promovente destacadas en el párrafo precedente, constituyen una confesión expresa, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, apta para acreditar plenamente ese extremo. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En efecto, conforme a las disposiciones legales de previo anuncio, el juicio de derechos no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA" Ello es así, toda vez que del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, se aprecia que la demanda de derechos fue presentada el uno de agosto de dos mil diecisiete, es decir, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles con que cuenta la autoridad responsable, a efecto de que la misma esté en condiciones de dar una respuesta a la aquí quejosa, tal y como a continuación se observará. Precisado lo anterior, los ordinales 1, 3, 15, 16 y 45, todos de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 1.- La presente Ley, es de orden e interés público y se aplicará a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.---- El presente Ordenamiento también se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, respecto a sus actos de autoridad y a los contratos que los particulares puedan celebrar con dichos Organismos." "Artículo 3.-Las peticiones que se presenten ante Autoridades Administrativas, deberán: --- I.-Constar por escrito con la firma autógrafa del peticionario y ser presentadas en forma personal o por conducto de representante legal; II.-Señalar nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones y III.-Cumplir con los requisitos establecidos por las Leyes aplicables a la materia de la petición." "Artículo 15.-Las Autoridades Administrativas, deberán atender las peticiones que les sean formuladas dentro de los términos establecidos en la presente Ley. --- La respuesta o resolución al escrito inicial y a las promociones subsecuentes, que en su caso, se presenten, relativas al fondo de la petición, deberá dictarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, obligándose la Autoridad a resolver positiva o negativamente, transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. ---- Los escritos que no se refieran al fondo, deberán contestarse ó resolverse dentro del término de quince días hábiles." "Artículo 16.-En el supuesto de que el escrito inicial no contenga los requisitos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, la Autoridad Administrativa prevendrá por una sola vez al peticionario o a su representante legal, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes subsane la omisión, cuando no se atienda la prevención, se tendrá por no presentado." "Artículo 45.-Los términos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente, al en que surta efectos la notificación del acto administrativo que se trate. El desahogo de las actuaciones en que intervengan las partes, se harán en días y horas hábiles. --- Las diligencias o actuaciones del Procedimiento Administrativo, se efectuarán en días y horas hábiles. Serán horas hábiles las comprendidas entre 8:30 a las 16:30. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. ---- La Autoridad habilitará días y horas cuando haya urgencia para la práctica de diligencias. En este caso, se hará del conocimiento a las partes de tal habilitación, vía notificación." De los artículos transcritos, en lo que al caso concierne, se advierte: a) Que la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos del Estado de Hidalgo, regula la justicia administrativa en dicho Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios y organismos descentralizados de carácter estatal y municipal; b) Que las peticiones de los particulares deberán hacerse por escrito de manera pacífica y respetuosa; c) Cuáles son los datos y documentos que deben contener los escritos de petición de los particulares; d) Que en el supuesto de que los escritos de petición de los particulares no contengan los datos o documentos necesarios, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días, los proporcione y e) Que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de su presentación o recepción el tiempo para que las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal resuelvan las peticiones de los particulares. En ese tenor, se tiene que el Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, cuentan con un tiempo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que las autoridades administrativas de referencia, resolvieran las peticiones formuladas por los particulares. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de cuarenta y cinco días hábiles aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. En su parte conducente, se invoca en apoyo la tesis I.4o.A.507 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y uno, tomo XXIII, enero de dos mil seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA" De ahí que, si bajo protesta de decir verdad el aquí quejoso manifestó que presentó su escrito de petición en cinco de julio de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable y la demanda de derechos, en la que se reclama la omisión de dar respuesta en breve término a dicha petición, fue presentada en uno de agosto de dos mil dieiciste, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos, es evidente que no ha transcurrido el mencionado plazo de cuarenta y cinco días hábiles de que disponen las autoridades responsables, para dar respuesta a la petición del aquí quejoso. Es aplicable, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." También resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de refiere: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, promovida por Josué Reyes Herrera, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como lugar para que la parte quejosa oiga y reciba notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Josué Reyes Herrera, en virtud de haberse encontrado registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

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