Josue Raul Cocom Tejero
Expediente 382/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Josue Raul Cocom Tejero
Actuaciones
- Principal
MESA I.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I.- Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a estos autos los oficios del Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden su informe justificado, remiendo las constancias de los juicios laborales 518/2019 y 691/2020. Ahora bien, del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por las autoridades responsables con el informe justificado, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se expondrá. INTRODUCCIÓN ***, reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de remitir los autos del juicio de origen a la Junta Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Yucatán, y ésta en su caso, radicar el asunto, celebrar las etapas subsecuentes inherentes al procedimiento laboral. HECHOS De los informes justificados de cuenta y anexo que remite, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1.- Acuerdo de veintiocho de junio del año dos mil veinte, la Junta Local Dos se declaró incompetente para conocer del juicio laboral de origen, remitiendo los autos a la Junta Federal en Yucatán el día treinta de septiembre de dos mil veinte. 2.- Acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Junta Federal de Arbitraje de Yucatán, en el que se declaró incompetente para conocer el juicio laboral, turnando los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, a fin de que resuelva el conflicto competencial correspondiente, lo anterior notificado al quejoso el veintidós de febrero del actual. CONTEXTO LEGAL El artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo dice: ".XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". Lo anterior, en razón de que aun cuando no se advierta la continuación del proceso laboral por parte de la autoridad responsable, cuya omisión reclama la parte quejosa, y que aun cuando subsistiera el acto reclamado (la paralización del proceso laboral) no puede surtir efecto legal por haber dejado de existir la materia del mismo, toda vez que por acuerdo de veintiocho de junio del año dos mil veinte, la Junta Local Dos se declaró incompetente para conocer del juicio laboral de origen, remitiendo los autos a la Junta Federal en Yucatán el día treinta de septiembre de dos mil veinte y por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la Junta Federal se declaró incompetente para conocer el juicio laboral, turnando los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, a fin de que resuelva el conflicto competencial correspondiente, lo anterior notificado al quejoso el veintidós de febrero del actual; por lo que si el objeto o la materia del acto reclamado ha dejado de existir, en consecuencia, dicho acto, a pesar de subsistir, no puede surtir efecto legal o material alguno. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, consiste en la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Por lo anterior, sostuvo que la causa de improcedencia en cita se actualizaba cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsistiera, se modificaba sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impedía que ese preciso acto y sus efectos trascendieran a este último y que, por ende, el fallo protector cumpliera con su finalidad. La tesis jurisprudencial 2a./J. 181/2006, es de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS... Precisado lo anterior, como se dijo, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII, del 61 de la Ley de Amparo, pues aún y cuando el acto reclamado subsiste, la omisión de continuar con el procedimiento de los juicios laborales 518/2019 y 691/2020, ya no puede surtir efectos legales o materiales, respecto a lo que reclama la parte quejosa, pues se advierte que en el referido juicio laboral, ya se turnó al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, a fin de que resuelva el conflicto competencial correspondiente, por tanto, dejó de existir el objeto o materia del acto reclamado. En otras palabras, si el presente asunto, la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de continuar con el proceso laboral; es claro que aún y cuando el aludido acto reclamado subsista formalmente, ya no puede surtir efectos legales o materiales, pues ha dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues como se advierte que ya se turnó al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, a fin de que resuelva el conflicto competencial correspondiente, por lo que ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria que en su caso se dicte, respecto de un asunto concluido. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXII, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha la cual está fijada para el día DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 2ª./J.10/2003 . Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Finalmente, agréguese a los presentes autos el alegato ministerial 176/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, teniéndose por hechas sus manifestaciones en el sentido de que se niegue o sobresea el presente juicio. Finalmente, dígase al ocursante que se accede a su solicitud de copias, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según establece el numeral 2, sin contribución alguna para este Juzgado, y entréguesele previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE personalmente.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días hábiles que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de dos de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su único punto resolutivo la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a ***contra los actos que atribuye a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en dicha sentencia. En consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos la sentencia de mérito. Ahora bien, en el fallo protector que amparó al referido quejoso, se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y los actos que debe realizar son: 1. La Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: Proceda en forma expedita a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral de origen 537/2020 en los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente de la notificación de este proveído, cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias que conceden el amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE.
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