Josué Ramírez Babilonia
Expediente 780/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/06/2016
Partes del expediente
- Josué Ramírez Babilonia
- Isaac Ramírez Barboza
- Juez Tercero de lo Familiar, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
NO SE INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL CUAL SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO; EN CONSECUENCIA DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO..ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO CONLUIDO..
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA ACTUARIAL.. NOTIFIQUESE AL TERCORO INTERESADO..
- Principal
A las nueve horas del seis de junio de dos mil dieciséis, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido de los acuerdos dictado(s) en nueve y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, a la parte quejosa, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación de los referidos acuerdos, lo que hago constar para los efectos legales correspondientes, mismos que en lo conducente dicen: Visto; con el escrito de demanda de cuenta, se tiene a la parte quejosa solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 4, 14 y 17 constitucionales; asimismo, téngase por recibido el diverso escrito mediante el cual aclara los actos reclamados en el presente asunto. En virtud del análisis realizado a la demanda de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, se procede a precisar los actos reclamados: 1.- La omisión de la autoridad responsable de proveer respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por escrito de cinco de abril de dos mil dieciséis, en virtud de que en auto de ocho de abril del año en curso únicamente acuerda que se proveerá respecto de su admisión en el momento procesal oportuno, sin que a la fecha lo haya hecho. 2.- La omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de la solicitud de convivencia realizada por escrito de veintiocho de marzo del año en curso, a fin de que se establezca el régimen respectivo. En las relatadas condiciones, y para estudiar la posible causa de improcedencia respecto del acto reclamado identificado en el arábigo 1), es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Bajo ese contexto, para ponderar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". En el caso, en el acto reclamado precisado en el arábigo 1), el promovente se duele de la omisión de la autoridad responsable de proveer respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por escrito de cinco de abril de dos mil dieciséis, en el expediente 1524/2015, en virtud de que en auto de ocho de abril del año en curso, el juez responsable únicamente acuerda que se proveerá respecto de su admisión en el momento procesal oportuno, sin que a la fecha lo haya hecho. Por lo anterior, se advierte que ésta no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte promovente, ya que se trata de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y aun cuando alega violaciones al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general no es procedente el juicio de amparo. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovido en contra del acto identificado en el arábigo 1) deviene improcedente, al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que no se trata de una violación de carácter autónomo que produzca afectación a sus derechos sustantivos de forma directa, como puede ser la trasgresión al artículo 8° constitucional, ya que se da dentro de un procedimiento en el que el aquí promovente es parte. En virtud de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO PRECISADO E IDENTIFICADO CON EL ARÁBIGO 1. En otro orden de ideas, toda vez que el acto precisado en el arábigo 2), consiste en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de la solicitud de convivencia realizada por escrito de veintiocho de marzo del año en curso, a fin de que se establezca el régimen respectivo, mismo que si bien consiste en una omisión por parte de la autoridad responsable dentro de un procedimiento, no menos cierto es que con ella trasgrede el interés superior del menor quejoso; de ahí que se considera de imposible reparación para éste. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO PRECISADO E IDENTIFICADO CON EL ARÁBIGO 2 (descrito en líneas precedentes). Sin que sea el caso formar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° y 8° de la Ley de Amparo, en congruencia con los derechos especiales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales, toda vez que el promovente manifiesta tener intereses contrarios con la progenitora del menor que respresenta, gírese atento oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, a fin de que, a más tardar en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, designe un asesor jurídico que represente al menor en el presente sumario. En consecuencia, pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el expediente del que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, apercibida que de no hacerlo se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente; de igual manera, se le apercibe de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas, previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste, por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos con veinte centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de ($73.04), siendo éste el valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PROCEDE SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V DE LA LEY DE AMPARO, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA SEÑALADA PARA LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; ASIMISMO SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE NUEVE, TREINTA Y UNO AMBOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE; PROCEDE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS.. FUERA DE AUDIENCIA..
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