Josue Ramin Jimenez Chan

Expediente 644/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
644/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Josue Ramin Jimenez Chan

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Téngase por recibido y agréguese a estos autos el oficio 3451 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en el toca 99/2018, relativo a la queja interpuesta por Josúe Ramín Jiménez Chan, contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, resolución que determinó desechar la demanda de amparo; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja referido. Acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de garantías, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el escrito signado por Néstor Álvaro Muñoz Góngora, autorizado en términos amplios del quejoso Josué Ramin Jiménez Chan, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ésta última aplicada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado; asimismo remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que la parte quejosa expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. Lo anterior, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha parte señaló en su escrito de cuenta todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Mesa VI.Vista la demanda de amparo promovida por JOSUE RAMIN JIMENEZ CHAN, contra el acto que reclama del Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mérida, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se provee: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 644/2018, por ser el que le corresponde. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5º fracción II, aplicada a contrario sensu (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Cabe precisar que la parte quejosa acude a esta instancia como arrendataria del predio ubicado en la calle diecisiete letra B, número doscientos veintisiete letra A, por calle ocho letra B y ocho letra C, fraccionamiento Vergel, San Antonio Kaua, de esta ciudad; lo anterior, derivado del contrato respectivo suscrito con Gladys Chan Ek en donde ésta se ostentó propietaria de dicho inmueble. Establecido lo anterior, este Juzgador estima que, contrario a lo pretendido por el inconforme, el acto reclamado consistente en la negativa de prestar el servicio de energía eléctrica, se trata de una controversia derivada de un conflicto entre partes que se encuentran en un plano de igualdad, por lo que se debe resolver en la vía mercantil. En ese sentido, el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las señaladas como autoridades responsables, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mérida, Jefe del Departamento de Distribución Zona Mérida, Jefe del Departamento Comercial Zona Mérida y Jefe del Centro de Atención Mérida de la Comisión Federal de Electricidad de Servicios Básicos; y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, como se señaló, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si la negativa que se reclama en esta instancia constitucional es o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitida en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) El origen material de dicho acto; 2) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De lo expuesto por el agraviado en su escrito de demanda de amparo y del anexo que adjuntó a la misma, se advierte que el actos que aquí se reclama, tienen su origen la solicitud que realizó en el centro de atención de la Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico en esta ciudad el quince de mayo de dos mil dieciocho. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de suministradora y el aquí quejoso en su calidad de solicitante del servicio de energía eléctrica, en términos del artículo 5 del Acuerdo por el que se crea "CFE Suministrador de Servicios Básicos", publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. En ese sentido, conforme al acuerdo antes mencionado la encargada de la suscripción del contrato que se intenta sea materia de este amparo, es la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos; por lo que dicho convenio genera obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la Comisión Federal de Electricidad no ejerce facultades de imperio. Por lo que no todos los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad constituyen un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa: La falta de prestación del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la calle diecisiete letra B, número doscientos veintisiete letra A, por calle ocho letra B y ocho letra C, fraccionamiento Vergel, San Antonio Kaua, de esta ciudad, respecto del cual el promovente solicitó al prestación del servicio. Sobre esas premisas, resulta que la negativa antes referida se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende el agraviado, si ésta es violatoria de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. En efecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido en jurisprudencia firme, que de conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, el servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, y que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas con motivo de dicho pacto contractual o, como en el caso, a raíz de la solicitud para que éste sea generado deben decidirse en juicio mercantil. De lo anterior se concluye válidamente que el quejoso, como persona solicitante del servicio de energía eléctrica a que se refiere el mencionado Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal, se encontraba en la posibilidad real y jurídica de acudir, a su elección, ante los juzgados federales o del orden común a fin de reclamar la negativa de celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica por parte de la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien, en términos del artículo segundo del acuerdo en que se resolvió su creación, tiene el objeto y función de proveer y ofrecer el servicio de energía eléctrica a todas las personas que lo soliciten y celebrar los contratos respectivos con los usuarios de suministro básico. Todo lo cual pone de relieve que el servicio de suministro de energía eléctrica y las solicitudes de servicio relacionadas con el mismo tienen origen en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias derivadas deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no se consideran actos de autoridad De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la negativa de celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica con la parte quejosa, con fundamento en lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, lo procedente es desechar la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el predio marcado con el número veintiséis, número doscientos cuarenta, departamento letra "A", con cruzamientos las calles quince y diecisiete, de la colonia Vista Alegre, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, se tiene como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Néstor Álvaro Muñoz Góngora, y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral a Ricardo Chan Amaya, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario y atendiendo a las cargas de trabajo que imperan en este órgano jurisdiccional, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto incluso en días y horas inhábiles.

  4. Principal

    Mesa VI.Vista la demanda de amparo promovida por JOSUE RAMIN JIMENEZ CHAN, contra el acto que reclama del Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mérida, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se provee: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 644/2018, por ser el que le corresponde. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5º fracción II, aplicada a contrario sensu (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Cabe precisar que la parte quejosa acude a esta instancia como arrendataria del predio ubicado en la calle diecisiete letra B, número doscientos veintisiete letra A, por calle ocho letra B y ocho letra C, fraccionamiento Vergel, San Antonio Kaua, de esta ciudad; lo anterior, derivado del contrato respectivo suscrito con Gladys Chan Ek en donde ésta se ostentó propietaria de dicho inmueble. Establecido lo anterior, este Juzgador estima que, contrario a lo pretendido por el inconforme, el acto reclamado consistente en la negativa de prestar el servicio de energía eléctrica, se trata de una controversia derivada de un conflicto entre partes que se encuentran en un plano de igualdad, por lo que se debe resolver en la vía mercantil. En ese sentido, el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre las señaladas como autoridades responsables, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mérida, Jefe del Departamento de Distribución Zona Mérida, Jefe del Departamento Comercial Zona Mérida y Jefe del Centro de Atención Mérida de la Comisión Federal de Electricidad de Servicios Básicos; y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, como se señaló, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si la negativa que se reclama en esta instancia constitucional es o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitida en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) El origen material de dicho acto; 2) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De lo expuesto por el agraviado en su escrito de demanda de amparo y del anexo que adjuntó a la misma, se advierte que el actos que aquí se reclama, tienen su origen la solicitud que realizó en el centro de atención de la Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico en esta ciudad el quince de mayo de dos mil dieciocho. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de suministradora y el aquí quejoso en su calidad de solicitante del servicio de energía eléctrica, en términos del artículo 5 del Acuerdo por el que se crea "CFE Suministrador de Servicios Básicos", publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. En ese sentido, conforme al acuerdo antes mencionado la encargada de la suscripción del contrato que se intenta sea materia de este amparo, es la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos; por lo que dicho convenio genera obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la Comisión Federal de Electricidad no ejerce facultades de imperio. Por lo que no todos los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad constituyen un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa: La falta de prestación del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la calle diecisiete letra B, número doscientos veintisiete letra A, por calle ocho letra B y ocho letra C, fraccionamiento Vergel, San Antonio Kaua, de esta ciudad, respecto del cual el promovente solicitó al prestación del servicio. Sobre esas premisas, resulta que la negativa antes referida se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende el agraviado, si ésta es violatoria de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. En efecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido en jurisprudencia firme, que de conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, el servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, y que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas con motivo de dicho pacto contractual o, como en el caso, a raíz de la solicitud para que éste sea generado deben decidirse en juicio mercantil. De lo anterior se concluye válidamente que el quejoso, como persona solicitante del servicio de energía eléctrica a que se refiere el mencionado Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal, se encontraba en la posibilidad real y jurídica de acudir, a su elección, ante los juzgados federales o del orden común a fin de reclamar la negativa de celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica por parte de la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien, en términos del artículo segundo del acuerdo en que se resolvió su creación, tiene el objeto y función de proveer y ofrecer el servicio de energía eléctrica a todas las personas que lo soliciten y celebrar los contratos respectivos con los usuarios de suministro básico. Todo lo cual pone de relieve que el servicio de suministro de energía eléctrica y las solicitudes de servicio relacionadas con el mismo tienen origen en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias derivadas deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no se consideran actos de autoridad De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la negativa de celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica con la parte quejosa, con fundamento en lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, lo procedente es desechar la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el predio marcado con el número veintiséis, número doscientos cuarenta, departamento letra "A", con cruzamientos las calles quince y diecisiete, de la colonia Vista Alegre, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, se tiene como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Néstor Álvaro Muñoz Góngora, y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral a Ricardo Chan Amaya, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario y atendiendo a las cargas de trabajo que imperan en este órgano jurisdiccional, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto incluso en días y horas inhábiles.

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