Josue Pineda Teodoro

Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
319/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Josue Pineda Teodoro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ivonne Nava Ide, Presidenta Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitió auto de requerimiento de pago a favor del actor, con apercibimiento decretado en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro del expediente laboral 01/687/18, y ante el incumplimiento por la parte demandada, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictó la resolución en la que ordenó registrar el expediente antes citado en el libro de destituciones remitidas ante el Congreso del Estado de Morelos, quedando las partes notificadas de dicha resolución. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y de una revisión al expediente electrónico, se advierte que en la casilla donde se vincula la notificación hecha a la autoridad responsable de la sentencia dictada, se encuentra un acuse de recibo de un diverso juicio de amparo; por tal motivo, instrúyase al Actuario adscrito para que desincorpore dicho acuse y agregue el correcto, ello para estar en condiciones de declarar firme la sentencia dictada. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 319/2021, promovido por Gisela Gama Alpizar, apoderada legal de Josué Pineda Teodoro, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Gisela Gama Alpizar, apoderada legal de Josué Pineda Teodoro, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables Acto reclamado Presidente Ejecutor del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. "PRIMERO.- Lo constituye la omisión de la autoridad responsable a pronunciarse de forma congruente y exhaustiva, respecto de la solicitud efectuada el 17 de diciembre de 2020, folio 011746, para hacer uso de "amplia gama de instrumentos legales con lo que cuenta" para lograr la ejecución del laudo dictado el 06 de septiembre de 2019, dentro del juicio 01/687/18, promovido por el quejoso en contra del tercero interesado. SEGUNDO.- Lo constituye la omisión de la autoridad responsable a ejercitar medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado desde el 06 de septiembre de 2019, dentro del juicio laboral 01/687/18". SEGUNDO. El nueve de abril de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 319/2021 y admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de imponer una medida de apremio mayor a, con el propósito de que se dé cumplimiento al laudo dictado en el expediente con clave numérica 01/687/18. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia. Además, el suscrito advierte que no se surten los supuestos previstos en el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La parte quejosa estima que la responsable violó en su perjuicio el artículo 17 constitucional, debido a que no se ha garantizado una tutela jurisdiccional efectiva para efecto de que se dé cumplimiento a la condena impuesta en el laudo emitido en el juicio de origen. A criterio de este juzgador resulta fundado y suficiente el concepto de violación esgrimido para conceder el amparo y protección solicitado, en atención a lo siguiente: Como punto de inicio para el estudio del presente asunto, habrá que atender al principio contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público". Este precepto constitucional fija el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional, estableciendo que la misma debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa, y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias. De ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que de no hacerlo se haría nugatoria la primera. Así, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que en base a tal garantía, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Este derecho humano también se encuentra tutelado por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha hecho uso de los instrumentos legales con los que cuenta para lograr la ejecución del laudo dictado. Ahora bien, para efecto de comprender el presente asunto en su justa dimensión, hay que atender principalmente que, por regla general, los demandados en los juicios laborales son los patrones y que, en el caso de las relaciones de trabajo burocráticas, estas se establecen entre los titulares de las dependencias e instituciones y los trabajadores de base a su servicio. Ante ese escenario, el problema puede presentarse cuando los demandados que han sido vencidos en juicio no dan cumplimiento voluntario al laudo, sino que habrá que proceder a una ejecución forzosa, pues de no ser así, la pretensión del particular dejaría de cumplirse por capricho de los demandados, haciendo nugatorio el fallo emitido en favor de los trabajadores. En tales condiciones, a diferencia de lo que puede suceder en un procedimiento laboral regido por la Ley Federal del Trabajo, en donde la ejecución forzosa de un laudo, cuando se trata de una obligación de pago en cantidad líquida, se ejecuta a través del embargo y el procedimiento de remate; lo cierto es que no sucede lo mismo cuando se trata de los titulares que forman parte de la administración pública, sobre cuyos bienes por lo general no puede trabarse embargo. La dificultad para ejecutar los laudos ha sido reconocida y estudiada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 112/2008-SS, respecto de los asuntos competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En dicha ejecutoria, la Segunda Sala realizó una interpretación sistemática del artículo 148, en relación con los diversos 43, fracciones III y IV, 147, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y estimó que, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no solamente cuenta con la multa por $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), como medida para hacer cumplir sus determinaciones, sino que tiene una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, los cuales pueden dar lugar a otro tipo de sanciones. La interpretación anterior se realizó para efecto de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación general 41 también advirtió la existencia del incumplimiento de los laudos por parte de las instancias federales y locales. En ese documento, la comisión analizó la afectación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, de acceso a la justicia, y del plazo razonable de los trabajadores al servicio del estado; y por otra parte destacó el papel de la justica laboral como componente esencial del trabajo decente. Ante ese panorama, exhortó a las y los titulares del ejecutivo, al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a las dependencias, entidades e instituciones de la administración pública centralizada y paraestatal, federal y local; titulares de los poderes ejecutivo de los estados de la república y de la Ciudad de México; presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; Secretario de Hacienda y Crédito Público; legisladoras y legisladores integrantes del Congreso de la Unión; y legisladores y legisladoras integrantes de los congresos locales en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus competencias tomaran acciones encaminadas a solucionar las violaciones a los derechos humanos de las personas trabajadoras al servicio del Estado. Ahora bien, el estado de Morelos no es ajeno a la deficiencia en la impartición de justicia laboral burocrática, pues es un hecho notorio la gran cantidad de juicios de amparo promovidos contra omisiones de la autoridad responsable en las diferentes etapas de los procedimientos sometidos a su jurisdicción. No obstante, ello no puede ser un impedimento para tutelar los derechos de las personas trabajadoras ante despidos injustificados, pues de estimar lo contrario, haría nugatoria la justicia laboral, y se permitiría que las autoridades del estado y sus municipios continuarían violentando los derechos subjetivos de sus empleadas y empleados. Bajo ese panorama, es importante destacar que a diferencia de lo que sucede en el ámbito federal, la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos -aplicable para los procedimientos laborales burocráticos en el estado- contempla dos medidas de apremio ante el incumplimiento por parte de los demandados respecto de las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, las cuales se encuentran en su artículo 124, que a continuación se transcribe: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. .". Como puede verse, el legislador estableció dos sanciones para compeler a las autoridades demandadas a cumplir con los fallos del tribunal, consistentes en: 1) multa de hasta quince salarios mínimos; o 2) destitución del infractor sin responsabilidad para el gobierno del estado o de los municipios. Dichas medidas de apremio no tienen un orden de aplicación establecido, por lo que queda al arbitrio del tribunal la aplicación en cada caso de la medida de apremio que por la experiencia, la lógica y el buen sentido, juzgue eficaz para compeler al contumaz a cumplir con una determinación judicial, respetando desde luego las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. Sobre todo, si se toma en cuenta que la aplicación de la medida prevista en la fracción II del artículo 124 de la ley burocrática local es particularmente severa, pues implica la destitución de una persona funcionaria democráticamente electa. Sin embargo, esto no significa que esa medida no pueda ser aplicada, pues la autoridad responsable deberá analizar en qué casos resulta procedente, salvaguardando el derecho de los trabajadores a una justicia pronta, expedita y eficaz. En ese sentido, de la revisión a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que, el juicio laboral fue promovido por la parte quejosa el diez de agosto de dos mil dieciocho y la sentencia se emitió el seis de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo, se aprecia que, ante la falta del cumplimiento voluntario del laudo por parte de la demandada, desde esa fecha se dictaron diversos requerimientos de pago, los cuales se pretendieron ejecutar, sin éxito, en las siguientes fechas: Once de diciembre de dos mil diecinueve. Dos de marzo de dos mil veinte. Veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Treinta de marzo de dos mil veintiuno. Además, de las mismas constancias se aprecia que la autoridad responsable ha emitido resoluciones en las cuales hace efectivo el apercibimiento decretado y giró los oficios correspondientes a la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos para su ejecución. Sin embargo, ello no ha compelido a la autoridad demandada en el juicio laboral al cumplimiento del laudo respectivo. Por tanto, este juzgado considera que la autoridad responsable, a pesar que demostró haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados en autos, ello no ha modificado la conducta del ayuntamiento demandado para cumplir con el laudo condenatorio. Asimismo, se estima que la autoridad responsable no ha ponderado adecuadamente los incumplimientos de la demandada, circunstancia que repercute en el derecho de la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De ahí que deba concederse el amparo solicitado. SEXTO. Efectos del amparo. Por lo anteriormente expuesto, se concede el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique que esta resolución causó ejecutoria, emita un nuevo requerimiento de pago en el cual aperciba a la demandada en el juicio laboral con la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, y lo notifique a la parte actora -aquí quejosa- como corresponda. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la autoridad responsable acredite el acatamiento a los efectos señalados en el párrafo que precede. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Josué Pineda Teodoro, respecto del acto reclamado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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