Josué Orlando Martínez Cortes
Expediente 1122/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Josué Orlando Martínez Cortes
Actuaciones
- Principal
Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Desechamiento de la demanda. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como acto reclamado: La negativa a informar y/o permitir el acceso a la carpeta y/o carpetas que se están integrando en contra del suscrito. En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley primeramente citada. Conforme a dichos numerales, el juicio de amparo procede siempre y cuando sea instado a petición de quien siendo titular de un derecho o de un interés legítimo, aduzca una afectación en su derecho con motivo de la emisión del acto reclamado, ya sea de manera directa o derivado de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, se estima que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado consistente en la negativa a informar y/o permitir el acceso a la carpeta y/o carpetas que se están integrando en contra del quejoso, pues a criterio del suscrito no se advierte la existencia de un agravio personal y directo. Lo anterior es así, ya que tal conducta, por sí, no afecta derechos subjetivos del promovente; toda vez que el hecho de que sea investigado en una carpeta de investigación ministerial no implica vulneración directa e inmediata a algún derecho humano tutelado en su favor por la Carta Magna, que sea susceptible de ser protegido a través del juicio de amparo, ya que contario a ello implicaría anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, por la consideración de que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar los actos emitidos en una carpeta de investigación que se encuentra en fase de integración, facultad que es exclusiva de la autoridad investigadora, conferida por el artículo 21 de la Constitución Federal, el cual señala, en lo conducente, que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. En ese tenor, el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos; por lo cual, no resulta factible que la integración y continuación de una investigación ministerial cause en sí daño o perjuicio a las partes involucradas, sea el investigado o la parte ofendida. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse de plano la demanda de amparo con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. En virtud de que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, realícensele las notificaciones por lista de acuerdos.
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