Josue Nava Rodríguez
Expediente 1461/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1461/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Josue Nava Rodríguez
Actuaciones
- Principal
se declara que el auto de doce de noviembre del año en curso, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ****, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1461/2019-IV-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: IV. ACTOS RECLAMADOS. PRIMERO.- Se señala como acto reclamado de las autoridades precisadas como responsables ORDENADORAS la emisión y la posible CUMPLIMENTACIÓN de la orden de CAMBIO Y ASIGNACIÓN DE ADSCRIPCIÓN, identificada con el oficio marcado con el número 20601A000/SPE/1015/2019 de fecha 15 DE OCTUBRE DE LA ANUALIDAD 2019, y el cual me PRETENDIÓ SER NOTIFICADO, el día 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, sin que exista fundamento, supuesto o razón justificada y legal por la cual se hubiese de cambiar y asignar nueva ADSCRIPCIÓN AL SUSCRITO y derivado de ello para que se me ASIGNE A UNA ADSCRIPCIÓN EN UN LUGAR DIVERSO AL QUE ME ENCUENTRO DESIGNADO, por lo cual la misma vulnera en perjuicio del impetrante de amparo, los derechos públicos subjetivos tutelados y protegidos por los numerales 1, 14 párrafos II y III, 16 párrafo Primero 17, párrafo segundo, 19, 20 apartado A fracciones I y II, apartado B fracciones I y VIII, 21, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo señalado en los numerales 5 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7 de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, dado que tal resolución, no se encuentra debidamente fundada ni motivada, pues los supuestos por los cuales se pretende hacer el cambio de adscripción y designación de adscripción respectiva, no se encuentran sustentados en normatividad alguna, y se trata de cuestiones denigrantes para el suscrito, por quererme designar actividades y puestos, a los que me encuentro asignado y por los que no me encuentro obligado a realizar, por lo cual es improcedente dicho cambio de adscripción y designación, vulnerando así los derechos humanos del solicitante de amparo. SEGUNDO.- Por ende se precisa como acto reclamado de la autoridad señalada como EJECUTORA, la posible CUMPLIMENTACIÓN, que pretende dar la orden de CAMBIO Y ASIGNACIÓN DE ADSCRIPCIÓN, identificada con el oficio marcado con el número ASIGNACIÓN DE ADSCRIPCIÓN identificada con el oficio marcado con el número 20601A000/SPE/1015/2019 de fecha 15 DE OCTUBRE DE LA ANUALIDAD 2019, y el cual me pretendió SER NOTIFICADO, el día 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.PROCEDENCIA Con base en lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por lo que, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Precisado lo anterior, el suscrito considera que, de manera manifiesta e indudable, la demanda de cuenta es improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, así como en el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;De la interpretación relacionada de los artículos transcritos, se desprende como un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Ahora, conforme a los artículos transcritos, el juicio de amparo resulta improcedente en materia administrativa cuando contra el acto o actos que se reclamen proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para que se dé la causal de improcedencia mencionada, se requiere de la actualización de las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; y, d) Que para la suspensión no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Y, sólo prevé como excepciones que si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Además, se tiene como excepciones: - Que no se trate de normas o disposiciones de carácter general (leyes, reglamentos, etcétera), que se reclamen por su sola vigencia (autoaplicativa) o con motivo de algún acto de aplicación (heteroaplicativa). - Que los actos impliquen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. - Que se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. - Que se afecte a una persona extraña o una persona por equiparación a un extraño en un juicio o procedimiento. En el caso en particular, la parte quejosa reclama: El oficio 20601A000/SPE/1015/2019, de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, emitido por el Subsecretario de la Policía Estatal del Estado de México. Confrontando el acto reclamado con las hipótesis citadas se concluye lo siguiente: A) El acto reclamado sí proviene de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues se trata del Director General de la Dirección General del Registro del Transporte Público de la Secretaria de Movilidad del Estado de México, con residencia en la ciudad de Tlalnepantla del Estado de México. Por lo que resulta inconcuso que la autoridad señalada como responsable no tienen el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". B) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente: en lo que contiene en el oficio 20601A000/SPE/1015/2019, de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, emitido por el Subsecretario de la Policía Estatal del Estado de México, con residencia en ciudad de Tlalnepantla del Estado de México, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora del acto reclamado, o bien, el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de los artículos 186 y 187 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los preceptos invocados establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se le atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y C) Asimismo, en la sección cuarta del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, precisamente sus artículos 254 a 260, se prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. D) Y, con relación a la suspensión, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para concederla, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto, determinó que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Para robustecer lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 933, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." En ese orden de ideas, el acto reclamado en esta instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, en virtud de que en su contra se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad que emitió la resolución reclamada, o bien, el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su escrito inicial, el acto que combate en esta vía, reviste la característica de un acto administrativo, el cual fue emitido y ejecutado por una autoridad municipal, por lo que encuadra en la fracción II del artículo 187 del citado ordenamiento legal; por lo que es evidente que dicho acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado previamente al juicio de amparo, por tanto, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza plenamente la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, es procedente desechar la presente demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe agregar que, en caso de que el agraviado adujera ambos tipos de violaciones (directas a la Constitución y de legalidad), entonces debían agotar en primera instancia la vía ordinaria (juicio de nulidad), ya que involucra cuestiones de legalidad, el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, si bien no puede analizar la inconstitucionalidad de éste acuerdo, si en el ejercicio de sus facultades considera fundadas las violaciones de legalidad, entonces declararía la nulidad del acto reclamado y, por ende, resultará innecesario el estudio de las violaciones directas a la Constitución, lo que se realizará en forma mediata a través del juicio de amparo. Por otro lado, el recurso no está previsto en un reglamento sino en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de manera que no se configura la excepción respectiva. Por otra parte, conforme a la naturaleza jurídica del acuerdo reclamado, se advierte que éste no genera una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 -en lo referente a la materia penal-, 19 y 20 constitucionales, ni constituye un acto que importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Y, la parte quejosa no se ostenta en la especie como persona extraña, respecto a los actos de que se duele, de ahí que no se deja en estado de indefensión, pues tiene a su alcance el juicio contencioso de nulidad para atacar el acto que refiere. En otro aspecto no pasa inadvertido que, en términos del artículo 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, el juicio biinstancial es procedente contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, entendidas éstas como los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; sin embargo, el acto reclamado no tiene el carácter de una norma de observancia general, pues no crea ni produce efectos generales y abstractos, sino que constituye una determinación concreta que otorga derechos a un particular. Esto implica que no se surte el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto contra leyes, pues, para que esto sucediera, el oficio reclamado necesariamente tendría que estar emitido para regular un número indeterminado de situaciones jurídicas, no concretándose a un individuo o grupo de individuos particularmente determinados, como acontece en la especie. Por tanto el acuerdo en esta vía combatido, constituye un acto meramente administrativo que no es de observancia general en la medida en que no todos los individuos pertenecientes al Estado deben respetar y cumplirlo, ni fue emitido para regular un número indeterminado de situaciones jurídicas, pues sólo se otorgó para la construcción de un conjunto urbano. En efecto, la doctrina sostiene que los acuerdos administrativos son determinaciones que toman los titulares del poder ejecutivo que resuelven alguna situación de su competencia o que otorgan derechos a un particular con el fin de ejercer y prestar los servicios públicos que le corresponden; es decir, constituyen un tipo de acto administrativo mediante el cual la autoridad ejerce las facultades que los ordenamientos le otorgan para satisfacer las atribuciones de que está investida su unidad administrativa. Por ello, debe decirse que, ciertamente, la parte quejosa no está obligada a cumplir con el principio de definitividad cuando se reclaman acuerdos de observancia general; sin embargo, cuando se trata de un acto que no constituye una norma general, sino uno de carácter formalmente administrativo, como en el caso acontece, entonces, la parte quejosa sí está obligada a cumplir con el principio de definitividad. En efecto, del artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende la procedencia genérica del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como las garantías otorgadas para su protección. Aquí se distinguen las disposiciones de observancia general respecto de los actos y omisiones concretos o particulares, aclarando que los tribunales federales conocerán de las controversias suscitadas por normas, actos u omisiones de la autoridad. Por su parte, el artículo 107 constitucional establece en su primer párrafo que las controversias de las que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases que ahí se establecen, esto es, esa norma constitucional prevé las bases que rigen el juicio de amparo y, por ende, las que sirven de base a la interpretación de las normas reglamentarias que al efecto se emitan. Entre las bases previstas por esa norma destaca la establecida en su fracción IV, conforme a la cual el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones en materia administrativa que provengan de autoridades distintas de los tribunales contra los cuales no proceda algún recurso. Esa misma disposición establece respecto de ese tipo de actos y omisiones el principio de definitividad, por virtud del cual, el gobernado, antes de acudir al amparo, debe agotar los medios ordinarios de defensa por los que puedan quedar sin efectos los actos u omisiones que se estimen lesivos de derechos; asimismo, dispone salvedades a la exigencia de observar el principio de referencia. En síntesis, de dichas normas constitucionales se advierte: 1. En la Constitución Federal se distinguió claramente entre los actos que se pueden reclamar en un juicio de amparo de acuerdo con su naturaleza: estos es, normas generales, actos u omisiones de la autoridad, lesivos de los derechos humanos reconocidos y de las garantías otorgadas por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 2. También se estableció que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones en materia administrativa que provengan de autoridades distintas de los tribunales contra los cuales no proceda algún recurso. 3. Tratándose de ese tipo de actos (actos u omisiones de autoridad) rige el principio de definitividad, por virtud del cual, el gobernado, antes de acudir al amparo, debe agotar los medios ordinarios de defensa por los que puedan quedar sin efectos los actos u omisiones que se estimen lesivos de derechos. Establecido lo anterior, conviene tener en cuenta el contenido de los artículos 1, fracción I, y 107, fracciones I, inciso g), y II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: [.] g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo." De lo transcrito se advierte que el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo reproduce lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando también que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 107 enlista los actos contra los que procede concretamente el juicio de amparo indirecto. En su fracción I se establece que el juicio es procedente contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso, entendiendo por éstas, entre otras, a los tratados internacionales aprobados en términos del artículo 133 constitucional, las leyes federales y las Constituciones locales. Concretamente, en su inciso g), se estableció que para efectos de la Ley de Amparo, se entiende por normas generales los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Por su parte, la fracción II establece que el juicio de amparo indirecto también es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de lo relatado destaca que tanto en la Constitución Federal como en la Ley de Amparo, aun cuando habría bastado con que se hiciera referencia genérica a actos de autoridad, ya que tanto las normas generales, como las omisiones susceptibles de vulnerar derechos constituyen propiamente actos de autoridad, se distinguieron las disposiciones de observancia general de los actos y omisiones concretos o particulares. Efectivamente, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por consecuencia, en su ley reglamentaria, se distinguió con toda claridad entre normas generales y cualquier otro tipo de acto u omisión autoritaria, aclarando que en ambos casos procede el juicio de amparo indirecto. Al haber establecido el legislador categorías diferenciadas de actos que materializan el poder público contra los cuales es procedente el juicio de amparo, las reglas concretas de procedencia que para cada uno se hayan previsto, constitucional y legalmente, se deben aplicar exclusivamente al tipo de acto al que se refieren, ya sea por su naturaleza (actos, omisiones o normas generales), o bien, por la autoridad de la que provengan (de tribunales o de órganos diferentes). Tal distinción cobra relevancia en el caso concreto, en que procede verificar si cuando se reclama un acuerdo que no es de observancia general, se debe o no promover juicio contencioso administrativo, para cumplir con el principio de definitividad. Así, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se adelantó, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para que se actualice esa hipótesis de improcedencia, se debe verificar que no se actualice alguna de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Por tanto, para definir cuáles son los actos que pueden actualizar esa hipótesis de improcedencia, es necesario tener en cuenta que, en la Constitución Federal se estableció con toda claridad el principio de definitividad para los actos y omisiones de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, distinguiéndolos cuidadosamente de las normas generales. Sobre esas bases, resulta claro que los lineamientos que regulan el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no operan respecto de normas generales, precisamente porque el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal es contundente al respecto. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no puede ser interpretado en el sentido de que el principio de definitividad es aplicable, indistintamente, para cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios que procedan se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de los tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades. Por tanto, si el legislador no acotó la impugnación de normas generales a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que no es necesario hacer valer algún medio ordinario de defensa, en caso de que se prevea, antes de acudir a la instancia constitucional. Sin embargo, como se adelantó, el acto reclamado no cabe dentro de la definición de normas generales, toda vez que los actos reclamados, simple y sencillamente, no son de observancia general y, por ello, el promovente está obligado a observar el principio de definitividad mediante la promoción del juicio contencioso administrativo, antes de acudir al amparo. Al caso resulta aplicable, en sentido contrario, la jurisprudencia 2a./J. 91/2017 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, (25 agosto de 2017), de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. De la interpretación estricta y sistemática de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., y 107, fracciones I, inciso g), y II, de la Ley de Amparo, en relación con el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CLVII/2009, (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades, y si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -sean de la jerarquía que sean- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario hacer valer algún medio ordinario de defensa en caso de que se prevea antes de acudir a la instancia constitucional, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por Josué Nava Rodríguez, por su propio derecho, por notoriamente improcedente. Todo lo anterior, es con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez), y como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a la personas que señalan en su escrito inicial de demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. No obstante lo anterior, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el domicilio ubicado en calle San Martín de Porres número 72, Colonia San Francisco, Xalostoc, del Municipio de Ecatepec, de Morelos, Estado de México; en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que por única ocasión se constituya en el referido inmueble y previo cercioramiento correspondiente, notifique el presente proveído a la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.
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AVISO. Se hace efectivo el aviso y se notifica por lista al quejoso el auto de doce de los actuales que en lo conducente dice: SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por notoriamente improcedente.
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