Josue Narciso Barrios Romero

Expediente 509/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
509/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Josue Narciso Barrios Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación con que se da cuenta, se obtiene que el veintiséis de junio del año en curso feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley, en contra del acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de dicha ley, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Josué Narciso Barrios Romero, contra actos del Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 509/2023, y acuérdese lo conducente. DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en la medida que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa impugna el acto consistente en: ".LA ILEGAL NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO realizada en autos del expediente 1763/2022, relativo AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por C. ADELA SALOMÓN DÍAZ y también en representación de su menor hijo de identidad reservada pero de iniciales K.J.B.S,." Respecto de lo cual, como se adelantó, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el recurso de ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen. En efecto, el artículo 61 de la ley de la materia, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la persona agraviada de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. En el caso, el quejoso aduce esencialmente que las autoridades responsables violentaron en su perjuicio la garantía de audiencia y legalidad, pues dice que no se le notificó ni emplazó debidamente al juicio ordinario civil 1763/2022 del índice administrativo del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que tiene el carácter de demandado. Sin embargo, de la lectura total de la demanda, debe decirse que previamente a la promoción del juicio de amparo, el inconforme tiene la carga procesal de substanciar cualquier recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley para nulificar o modificar el sentido del acto o resolución jurisdiccional combatida, pues de lo contrario la acción constitucional, por disposición expresa del legislador, resulta improcedente, al no observarse el principio de definitividad que lo rige. Empero, cabe precisar que la norma apuntada determina como excepción al principio de definitividad, entre otros, el supuesto del tercero extraño a juicio, en la cual el inconforme, dada su condición, no está vinculado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes; en ese orden, de resultar que no tiene tal carácter, no aplica la regla de excepción y está vinculado a observar el principio de definitividad. En este orden de ideas, es conveniente precisar algunos aspectos definidos por los tribunales federales, respecto de la aludida calidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. En términos de la fracción VI, del artículo 107, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en ese concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En tales condiciones, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen, entre ellas los efectos de la protección constitucional, como enseguida se abordará. Cuando se trata de persona tercera extraña en sentido estricto, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en éste se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte; sino en su caso el de reintegrarlo o reintegrarla en sus derechos afectados, que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado o emplazada. En cambio, cuando se trata de la persona tercera extraña por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona, que debiendo ser sujeto de la relación procesal, no fue llamado o llamada a juicio o lo fue de forma incorrecta; y, en ambos casos, carecen de oportunidad para defenderse de tal circunstancia, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento, hasta su última actuación, lo que se justifica al considerar que la persona tercera extraña equiparada careció de la oportunidad de defensa, por ello, las actuaciones practicadas durante ese estado de indefensión deben anularse. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto establecen: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En ese tenor, para considerar a una persona como tercera extraña equiparada, se requiere la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) Que reclame el emplazamiento, sea por su omisión o por defecto; b) Que quien reclame sea parte de la relación jurídica procesal; por regla general, la parte demandada; c) Que dado el estado procesal del juicio que se trate, carezca de posibilidad para comparecer ante la potestad común para defenderse, circunstancia que, entre otros casos, no se actualiza cuando la persona interesada se ostenta sabedor o sabedora del procedimiento seguido en su contra antes del dictado de la resolución conclusiva, por estar en condición de imponerse de los autos y defender sus intereses. La ausencia de alguno de los aludidos requisitos hace que la persona interesada carezca del carácter de tercera extraña equiparada, en tal caso, opera la regla genérica del principio de definitividad, consistente en la carga de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, previo al inicio de la instancia constitucional, pues en caso contrario, el juicio de amparo será improcedente. Es aplicable al presente juicio de amparo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 169/2008-SS, cuyos rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." De las manifestaciones realizadas -bajo protesta de decir verdad- por el quejoso en la demanda que se atiende, se advierte que el inconforme acude a esta instancia constitucional como parte demandada, reclamando vicios a la notificación y emplazamiento que se le practicaron dentro del juicio ordinario civil 1763/2022 del índice del juzgado responsable, promovido en su contra por Adela Salomón Díaz y también en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las iniciales K.J.B.S, pues se realizó en un domicilio diverso de aquel en donde dice vivir; actos respecto de los cuales dice haber tenido conocimiento el once de junio reciente, fecha en la que se enteró que tiene que asistir al juzgado a una cita (audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz). Razón por la cual no pudo contestar la demanda de pensión alimenticia interpuesta en su contra, como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de su demanda de amparo, lo que tiene valor convictivo pleno, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, al tratarse de un hecho propio reconocido en la demanda y que prueba en su contra. No obstante a lo anterior, manifiesta que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, llegó a su fuente de trabajo un oficio de descuento de pensión alimenticia por el cuarenta por ciento (40%) sobre su salario y demás prestaciones, girado en autos del expediente 1763/2022; de lo que se advierte que desde esa data, tiene conocimiento de la pensión alimenticia decretada en su contra. Lo anterior evidencia que el inconforme está en condición de imponerse de los autos y defender sus intereses conforme a lo dispuesto por el artículo 55, pues tiene oportunidad de promover el incidente previsto en el artículo 90, en relación con los diversos, 539, 540, 541, 542 y 773, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, contra la defectuosa notificación que aduce le fue practicada dentro del juicio natural, y ofrecer las pruebas pertinentes; asimismo, de ser el caso, interponer el recurso ordinario procedente contra la resolución que recayera en la incidencia, lo cual, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, no se advierte lo haya hecho. Además, dadas las circunstancias del caso concreto, es necesario que se agote el medio ordinario de mérito para posteriormente, en caso de ser necesario, pueda hacer valer dicha violación procesal en el juicio de amparo directo que llegue a promoverse contra una eventual sentencia adversa a sus intereses, en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que no resulta ocioso precisar que aun en caso de que el incidente que se le señala no le resulte favorable, así como tampoco el recurso que llegare a interponer en contra de dicha incidencia, no sería procedente el amparo indirecto, sino, como se dijo, sería procedente el amparo directo en el cual, en todo caso, ya se habrá preparado el juicio en términos del último de los numerales y fracción citados en el párrafo que antecede. Por sus razones, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Consecuentemente, al haber resultado que la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño equiparado, que tiene la carga procesal de agotar el medio de defensa ordinario destacado y, en su caso, el recurso respectivo, sin que lo hubiere hecho, se declara actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y se se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se tienen como personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Xochitl Irlanda Azuara Soto y Carlos Daniel Montoya Tiburcio, puesto que sí acreditan la calidad de licenciada y licenciado en Derecho, al contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. Ahora, con fundamento en el párrafo segundo del invocado artículo y segundo párrafo del diverso numeral 24 de la ley de la materia, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones incluso las personales, e imponerse en autos, a las restantes personas que se mencionan en la demanda que se atiende, por no acreditar el extremo anterior y por así haberlo solicitado expresamente el quejoso respecto de los restantes, a saber, Rosa Inés Pulido Romano, Rosa Elena Sosa Huerta, Salvador Alexis Azuara y Rigo Alberto Contreras Cayetano. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita, realícense las notificaciones a la parte quejosa por la vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que, se instruye al personal de este juzgado, a fin de que realice la vinculación correspondiente, para que el quejoso pueda consultar el presente expediente de manera electrónica y tener acceso a través de los medios implementados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correos electrónicos y números telefónicos) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Igualmente, se autoriza la consulta vía internet con los nombres de usuarios Irlandaazuara, carlosmontoyatib910731, LICATILANO, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentren previamente registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe.

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