Josue Morales Reyes y Otros.

Expediente 346/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
346/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Josue Morales Reyes y Otros.
  • Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro
  • Josue Morales Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, en atención a su contenido y como lo solicita la autoridad federal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la vinculación del expediente en que se actúa por el plazo diez días hábiles, con el diverso electrónico del juicio de amparo ********************/********************del índice de su adscripción. En mérito de lo anterior instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los anexos que adjuntó a su informe justificado (foja 28).

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, siendo que el quejoso mediante escrito que se manda agregar hizo diversas manifestaciones al respecto; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el uno de julio de dos mil dieciséis (fojas 34 a 44), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ..., a fin de que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (en sustitución del Juez Sexto de lo Penal), dejara insubsistente el auto de formal prisión de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado contra el aquí quejoso, dentro de la causa penal 80/2010, y con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en sentido diverso, o bien en el mismo sentido que la anterior, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, consistentes en: Ahora bien, el estudio y análisis de la resolución reclamada pone de manifiesto, primeramente, que la autoridad judicial responsable en el considerando relativo al cuerpo del delito, pretende establecer que la conducta fue realizada por el inculpado ..., cuando ello es un aspecto que atañe al examen de la probable responsabilidad, pues será ahí donde se desentrañará la intervención del activo en la ejecución de la conducta que se investiga, tomando en cuenta que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona. Por otra parte, a juicio del que ahora resuelve, el auto de formal prisión reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que el Juez responsable si bien preciso cuáles son los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado, no estableció con que pruebas en específico se acredita cada uno de ellos, pues únicamente cita las pruebas que toma en consideración para tener por acreditado, de manera global el ilícito que se le imputa al inculpado. En efecto, de la transcripción que antecede, se desprende en primer lugar, que si bien el juez responsable relató en qué dispositivos legales se encontraba tipificada que se le reprocha al peticionario del amparo, estableciendo cuales son los elementos de tal delito, también lo es que tuvo por acreditado el cuerpo del delito de manera global, mediante la simple relación de las pruebas con las que estimó se encontraba corroborado; esto es, que a su juicio las pruebas que obran en la causa penal evidenciaban la adecuación de la conducta del activo a la descripción típica plasmada en la norma de referencia. Sin embargo, aún y cuando señaló el valor legal que le asignó a cada una de dichas pruebas, no estableció con la precisión debida la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la conducta imputada al quejoso, es decir, la adecuación de los hechos acreditados con cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece el artículo 25 del Código adjetivo penal. Lo anterior es así, ya que con base en lo hasta ahora señalado, el dictado de un auto de formal prisión comprende el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, por lo que su emisión no debe limitarse a hacer una relación de las diversas constancias que obren en autos, otorgares un valor y luego manifestar que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del delito, sino que debe comprender las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar, a fin de establecer cuál fue la conducta activa u omisiva del quejoso, expresando los requisitos de forma y fondo que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales, para lo cual resulta necesario establecer con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito, en virtud de que la circunstancia eventual de que uno de ellos no se acreditara con alguna prueba, traería en consecuencia que la acción desplegada no pudiera ser penalmente reprochada. Es así, que en la especie la sola precisión de que con tales medios de convicción se acredita el cuerpo del delito de mérito, aun cuando se le haya asignado valor legal a cada una de esas pruebas y que previamente se hayan señalado cuales son los elementos del cuerpo del delito en estudio; no es suficiente para tener por satisfechos los requisitos de forma que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales. [.] Por otro lado, en lo que respecta a la probable responsabilidad del aquí quejoso, quien resuelve considera que no se encuentra debidamente acreditada en atención a lo que se explica. En principio, debe decirse que en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención), el dolo o culpa y si no existe a su favor alguna excluyente de delito. Ahora, la autoridad responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad del ahora quejoso, con las mismas probanzas con que tuvo acreditado el cuerpo de dicho delito; sin embargo, el juez del conocimiento en este apartado violentó también lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que era necesario que citara y valorara las pruebas de las que se desprenda la participación del aquí quejoso -de manera individual y no conjuntamente- en el hecho delictivo denunciado. Y si bien, establece que en contra del activo, ahora quejoso, existen los señalamientos categóricos que en su contra hace Constantino Santiago Ojeda, no indica cuáles son esos señalamientos en concreto, si se toma en cuenta que de la declaración ministerial rendida por el citado pasivo el cinco de mayo de dos mil diez, éste no hace un señalamiento en contra del impetrante del amparo Josué Morales Reyes (fojas 73 a 75 anexo I). Asimismo, indica que existen las confesiones ministeriales de los inculpados JOSUE MORALES REYES alias "EL BORICUA", ARIANA LUJAN PACHECO o ARIANA LUJAN alias "LAS SIRENITA", CRISOLOGO EDUARDO MARTINEZ JIMÉNEZ alias "EL BIRULAGA", MARTIN HERNÁNDEZ CHÁVEZ alias "EL BUDA", quienes narran la forma en que planearon, efectuaron el secuestro, realizando las negociaciones y custodiaron al pasivo, sin embargo no establece cuál fue la participación en específico que realizó el ahora quejoso, y que se desprenda de tales declaraciones. Por último, aduce que obra la declaración de ..., quien manifestó la forma en que conoció tanto al ahora quejoso ...., como a los diversos inculpados ..., y que entre todos ellos planearon el secuestro de Constantino Santiago Ojeda; sin establecer cuál es el señalamiento en específico que le imputa a ..., para establecer su participación en el ilícito que se le atribuye. Así las cosas, no basta que haya referido el material probatorio citado, ya que no precisó de qué forma éstas sirven para demostrar que el quejoso haya desplegado la conducta que se le atribuye, pues perdió de vista que fueron varios inculpados en la comisión del delito. Por tanto, debió ponderar los medios probatorios que acreditan precisamente que el ahora quejoso es la persona que en forma probable llevó a cabo la conducta típica y antijurídica, respecto de los cuales debe emitir juicios valorativos, atendiendo a las reglas que para ello establece el código de la materia. Ello, ya que la probable responsabilidad es la individualización y señalamiento de las circunstancias por las que se considera que determinada persona es quien, en forma probable, llevó a cabo una actividad que culminó con la lesión del bien jurídicamente tutelado. Esto es, la responsable omitió precisar la intervención del quejoso de forma individual, en la comisión del ilícito, pues únicamente adujo que era en su calidad de coautor material del hecho por el cual se le sigue la causa penal, empero "en la forma narrada". Por ende, al no advertir lo anterior, la responsable omitió exponer de una forma razonada, como fue la forma de intervención de la aquí quejosa en la comisión del delito que se le imputa, debiendo explicar de manera fundada y motivada cómo fue la participación de la peticionaria del amparo en la comisión del delito citado, al no ser suficiente que la clasifique como coautora material, ya que debe de explicar la forma en que tuvo participación en el delito. Al respecto, resulta conveniente reiterar que se configura la coautoría, cuando: a) existe un común acuerdo, sin subordinación, b) la aportación de cada partícipe es esencial y necesaria, c) cuando existe un codominio del hecho, y d) cuando se ejecuta un hecho común. En ese sentido, en la coautoría, en la intervención de los partícipes se da un reparto de las tareas ejecutivas que son esenciales para la consumación del delito. En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra la cual se pide amparo, no expresó, en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que les es reprochable, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente la probable responsabilidad de la que pide amparo en la actualización del delito reprochado, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. Mediante proveído de veintiséis de julio de la presente anualidad (foja 54), se declaró ejecutoriada dicha sentencia, requiriéndose el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (en sustitución del Juez Sexto de lo Penal). En cumplimiento al fallo protector, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, el veintinueve de julio del presente año, emitió resolución en la que, por una parte, dejó insubsistente y sin efecto alguno el auto de formal prisión de veinte de enero de dos mil dieciséis, respecto del quejoso..., dentro de la causa penal 58/2016 (80/2010 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal), y por otra dictó auto de formal prisión contra ...., como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de ....(fojas 58 a 83). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la misma, pone de manifiesto que se cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que el Juez responsable dejó insubsistente la resolución de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 58/2016 (antes 80/2010 del Juzgado Sexto de lo Penal), que constituyó el acto reclamado, y emitió otra, en la que: I. En el cuerpo del delito dejó de establecer que la conducta fue realizada por el ahora quejoso. II. Indicó con que pruebas se acreditaba cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado. III. Por lo que hace a la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado que se le imputa, la autoridad responsable estableció la forma de intervención del quejoso de forma individual, pues al efecto indicó: ".que el día sábado uno de mayo del año dos mil diez, el inculpado ..." estaba a una cuadra de.... pasivo, echando "aguas" de que no viniera la policía, cuando .... (a) "LA SIRENITA", .... (a) "EL LOBO o EL GRINCH" y ...., privaban materialmente de su libertad al pasivo, llevándoselo a bordo de una camioneta Grand Cherooke, de color arena, sin placas de circulación, así también con fecha tres de mayo de ese mismo año, dicho inculpado fue a cuidar al señor , de once de la noche a seis de la mañana en la casa en la que lo tenían privado de su libertad, igualmente se desprende de las actuaciones que fue peste (sic) sujeto quien realizó la última negociación por teléfono, e igualmente fue la persona encargada de efectuar el cobro del dinero del rescate, esto con fecha cinco de mayo del año dos mil diez ya que aproximadamente a las quince horas, fue detenido por parte de los agentes estatales de investigaciones, momentos después de que le fuera entregado por ..... una bolsa de tela color negro y en su interior contenía la cantidad de NOVENTA MIL PESOS, entrega que fue precisamente en la entrada del BANCO DENOMINADA ESCOTIABANK, de la central de abastos, y que al momento de su detención le fue asegurada la bolsa de tela color negro el cual en su interior contenía la cantidad de NOVENTA MIL PESOS". Lo cual indica la responsable se desprende esencialmente de las declaraciones de ....; del parte informativo emitido por los Agentes Estatales de Investigación, y de las confesiones ministeriales de..... En este orden, ya que el Juez responsable, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado en contra del aquí quejoso Josué Morales Reyes, dentro de la causa penal 58/2016 (80/2010 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal), y emitió otra resolución en la que purgó los vicios formales destacados en el fallo protector, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa en escrito agregado en párrafos anteriores hubiere manifestado su inconformidad con la resolución emitida por el Juez responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, pues se concreta a establecer que las pruebas que tomó en cuenta el juez de la causa para acreditar los elementos del cuerpo del delito no son suficientes para ello, y que no está comprobada la forma de intervención del quejoso en el delito de secuestro; sin embargo, tales manifestaciones son cuestiones de fondo que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues los efectos del fallo fueron únicamente para que se estableciera con que pruebas se acreditaba cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, así como para que se estableciera la forma de intervención del quejoso de forma individual, lo que al efecto realizó la autoridad responsable, por lo que En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio número 4721signado por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, residente en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, remite copia certificada de diversas constancias; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tales documentales dese vista al quejoso y tercero interesado, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos.

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