Josue Moises Avitia Polanco
Expediente 511/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 32 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Josue Moises Avitia Polanco
- Unidad Oriente con Detenido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a esta fecha no se encuentran emplazados al presente contradictorio federal los terceros interesados *****; asimismo, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido en su totalidad el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve para que compareciera a recibir los edictos ordenados a fin de emplazar a la parte tercero interesada antes mencionada y, acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones y, atento a que la parte gestora del amparo no acreditó, sin causa razonable, haber comparecido para la entrega de los edictos y su publicación, que fueron puestos a su disposición en el proveído mencionado con anterioridad; en consecuencia, se procede a determinar lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." La anterior porción normativa establece que procede el sobreseimiento del juicio biinstancial, en la eventualidad de que se hubiese efectuado el requerimiento respectivo al quejoso para entregar los edictos correspondientes para emplazar a la parte tercero interesada, para su publicación y, a pesar de ello, no acredite sin causa razonable y a juicio del órgano jurisdiccional, haberlo hecho. Por su parte, la fracción III, del inciso b), del artículo 27 de la Ley de la Materia, dispone que si se desconoce el domicilio de la tercero interesada, el órgano jurisdiccional debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, pero si a pesar de la investigación subsiste el desconocimiento del domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para el emplazamiento por edictos al tercero interesado. De esta hipótesis se obtiene que una vez que ha sido admitida la demanda de amparo, si a la postre se desconoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, como se anticipó, el juzgador de amparo debe dictar las medidas pertinentes para investigarlo y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas, ordenar que el emplazamiento respectivo, como ya se dijo, se lleve a cabo por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado, que permite tener por válidamente constituida la relación jurídico procesal, está condicionado a que la parte agraviada realice el pago de los edictos correspondientes, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En resumen, tomándose en cuenta la naturaleza del juicio constitucional, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten los sumarios de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados; por ende, al no emplazárseles a éste último por una causa atribuible al gestor del amparo, ello impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por consecuencia, todo esto acarrea el sobreseimiento del asunto, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, ya que su esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos o al no acreditar que los publicó en el término otorgado con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, dicha circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino como se anticipó, a la propia impetrante, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su conducta omisiva impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. De las constancias se aprecian, los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes: Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó la búsqueda oficiosa ante diversas instituciones públicas y autoridades, del domicilio para poder emplazar, a la parte tercero interesada ******, ello virtud que no se logró emplazar a los referidos terceros interesados en los domicilios obrantes en autos. (fojas 56 y 57). 2. De los informes rendidos por las instituciones públicas y autoridades, se obtuvo un domicilio donde podía ser emplazado el tercero interesado Edgar Iván Ortíz García, sin embargo no se logró el llamamiento a juicio de éste virtud de que en dicho domicilio habitaba persona diversa. 3. En auto de once de octubre de dos mil diecinueve, se requirió por última ocasión a la quejosa para que proporcionara domicilio cierto, actual y exacto donde pudieran ser emplazados los terceros interesados en cuestión; sin que el gestor del amparo manifestara algún nuevo dato al respecto. (foja 107). 4. Finalmente, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a los terceros interesados en mención, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándose a la parte gestora del amparo un término de veinte días, contado a partir del día siguiente a que surtiera efectos su notificación, para que compareciera a recibir los edictos de mérito y acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento en el término concedido, se decretaría el sobreseimiento en este juicio (fojas 114 y 115). 5. Dicho auto le fue notificado a la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 117). Así, de lo antes relatado, se obtiene que a la fecha ya feneció el plazo de veinte días concedido a la parte solicitante del amparo para que compareciera a recoger los edictos de que se trata y, acreditar haberlos publicado; lo anterior, porque tal como se certificó previamente, tomando en cuenta que el impetrante quedó legalmente notificado del auto en el que se dejaron a su disposición los edictos de mérito, luego, dicho término empezó a contar a partir del treinta de octubre concluyó el veintinueve de noviembre del presente año, sin que haya comparecido a este Juzgado Federal para recibirlos, ni formulado manifestación alguna respecto ello, ni justificación fáctica o imposibilidad al efecto. En ese tenor, es claro que, con tal omisión injustificada, se impide el debido establecimiento de la relación jurídico procesal necesaria para la válida integración y resolución de la cuestión planteada en este juicio. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a hacer efectivo el apercibimiento aludido en el punto número cuatro arábigo referido en párrafos superiores, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo; consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial. [...]Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente.
- Principal
en atención a que el tercero interesado no atendio el aviso de 17 de diciembre de 2019 se notifica por este medio el auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a esta fecha no se encuentran emplazados al presente contradictorio federal los terceros interesados *****; asimismo, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido en su totalidad el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve para que compareciera a recibir los edictos ordenados a fin de emplazar a la parte tercero interesada antes mencionada y, acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones y, atento a que la parte gestora del amparo no acreditó, sin causa razonable, haber comparecido para la entrega de los edictos y su publicación, que fueron puestos a su disposición en el proveído mencionado con anterioridad; en consecuencia, se procede a determinar lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." La anterior porción normativa establece que procede el sobreseimiento del juicio biinstancial, en la eventualidad de que se hubiese efectuado el requerimiento respectivo al quejoso para entregar los edictos correspondientes para emplazar a la parte tercero interesada, para su publicación y, a pesar de ello, no acredite sin causa razonable y a juicio del órgano jurisdiccional, haberlo hecho. Por su parte, la fracción III, del inciso b), del artículo 27 de la Ley de la Materia, dispone que si se desconoce el domicilio de la tercero interesada, el órgano jurisdiccional debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, pero si a pesar de la investigación subsiste el desconocimiento del domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para el emplazamiento por edictos al tercero interesado. De esta hipótesis se obtiene que una vez que ha sido admitida la demanda de amparo, si a la postre se desconoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, como se anticipó, el juzgador de amparo debe dictar las medidas pertinentes para investigarlo y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas, ordenar que el emplazamiento respectivo, como ya se dijo, se lleve a cabo por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado, que permite tener por válidamente constituida la relación jurídico procesal, está condicionado a que la parte agraviada realice el pago de los edictos correspondientes, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En resumen, tomándose en cuenta la naturaleza del juicio constitucional, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten los sumarios de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados; por ende, al no emplazárseles a éste último por una causa atribuible al gestor del amparo, ello impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por consecuencia, todo esto acarrea el sobreseimiento del asunto, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, ya que su esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos o al no acreditar que los publicó en el término otorgado con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, dicha circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino como se anticipó, a la propia impetrante, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su conducta omisiva impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. De las constancias se aprecian, los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes: Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó la búsqueda oficiosa ante diversas instituciones públicas y autoridades, del domicilio para poder emplazar, a la parte tercero interesada ******, ello virtud que no se logró emplazar a los referidos terceros interesados en los domicilios obrantes en autos. (fojas 56 y 57). 2. De los informes rendidos por las instituciones públicas y autoridades, se obtuvo un domicilio donde podía ser emplazado el tercero interesado Edgar Iván Ortíz García, sin embargo no se logró el llamamiento a juicio de éste virtud de que en dicho domicilio habitaba persona diversa. 3. En auto de once de octubre de dos mil diecinueve, se requirió por última ocasión a la quejosa para que proporcionara domicilio cierto, actual y exacto donde pudieran ser emplazados los terceros interesados en cuestión; sin que el gestor del amparo manifestara algún nuevo dato al respecto. (foja 107). 4. Finalmente, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a los terceros interesados en mención, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándose a la parte gestora del amparo un término de veinte días, contado a partir del día siguiente a que surtiera efectos su notificación, para que compareciera a recibir los edictos de mérito y acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento en el término concedido, se decretaría el sobreseimiento en este juicio (fojas 114 y 115). 5. Dicho auto le fue notificado a la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 117). Así, de lo antes relatado, se obtiene que a la fecha ya feneció el plazo de veinte días concedido a la parte solicitante del amparo para que compareciera a recoger los edictos de que se trata y, acreditar haberlos publicado; lo anterior, porque tal como se certificó previamente, tomando en cuenta que el impetrante quedó legalmente notificado del auto en el que se dejaron a su disposición los edictos de mérito, luego, dicho término empezó a contar a partir del treinta de octubre concluyó el veintinueve de noviembre del presente año, sin que haya comparecido a este Juzgado Federal para recibirlos, ni formulado manifestación alguna respecto ello, ni justificación fáctica o imposibilidad al efecto. En ese tenor, es claro que, con tal omisión injustificada, se impide el debido establecimiento de la relación jurídico procesal necesaria para la válida integración y resolución de la cuestión planteada en este juicio. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a hacer efectivo el apercibimiento aludido en el punto número cuatro arábigo referido en párrafos superiores, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo; consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial. [...]Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a esta fecha no se encuentran emplazados al presente contradictorio federal los terceros interesados *****; asimismo, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido en su totalidad el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve para que compareciera a recibir los edictos ordenados a fin de emplazar a la parte tercero interesada antes mencionada y, acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones y, atento a que la parte gestora del amparo no acreditó, sin causa razonable, haber comparecido para la entrega de los edictos y su publicación, que fueron puestos a su disposición en el proveído mencionado con anterioridad; en consecuencia, se procede a determinar lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." La anterior porción normativa establece que procede el sobreseimiento del juicio biinstancial, en la eventualidad de que se hubiese efectuado el requerimiento respectivo al quejoso para entregar los edictos correspondientes para emplazar a la parte tercero interesada, para su publicación y, a pesar de ello, no acredite sin causa razonable y a juicio del órgano jurisdiccional, haberlo hecho. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a hacer efectivo el apercibimiento aludido en el punto número cuatro arábigo referido en párrafos superiores, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo; consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial. [...]Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no se encuentra emplazado al presente juicio de amparo los terceros interesados Edgar Iván Ortiz García y Gustavo Enrique Tinoco; de igual forma, aún no transcurre el término de veinte días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos ordenados en dicho proveído. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
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