Josue Jeremmy Barragan Solis
Expediente 801/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Josue Jeremmy Barragan Solis
- Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 33 y 34), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se sobreseyó el juicio de amparo. Ahora bien, en términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el ORIGINAL Y DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN derivado del presente juicio serán DESTRUIDOS, al haberse declarado sin materia; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción de los mismos. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *****, en su carácter de persona física y de Sindica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, contra el acto y autoridad señalados el resultando primero, en términos de lo expuesto en la tercera consideración de esta resolución incidental.
- Principal
Visto el estado de los autos, se desprende que el quejoso no desahogó la vista ordenada en auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 20), dentro del término de cinco días otorgados para ello, tal y como se advierte con la certificación secretarial de fecha quince de julio de dos mil diecinueve (foja 30). Por tanto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 5 y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación." En el presente juicio, por auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 20), se ordenó dar vista a la parte quejosa con la razón levantada por el actuario judicial de la adscripción, en la que hizo constar los motivos por los cuales no le fue posible hacer entrega del oficio 16963/2019, dirigido al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, en virtud que la misma no existe; motivo por el cual se concedió al quejoso el término de cinco días, a efecto de que corrigiera el señalamiento de la autoridad responsable, y con ello la oportunidad de precisar a la autoridad a quien atribuye el acto que tilda de inconstitucional, empero fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto; por tanto resulta evidente que en el presente juicio no existe autoridad responsable. Lo anterior se considera así ya que, por disposición legal, el actuario judicial está revestido de fe pública, lo que quiere decir que sus actuaciones tienen plena autenticidad, salvo que sean aportadas diversas pruebas con las que se demuestre lo contrario, pero mientras esto no ocurra, lo asentado por dicho funcionario debe prevalecer y presumir de ciertas sus actuaciones. Lo que en el caso no aconteció, pues como se ha hecho mención la parte quejosa no aportó prueba alguna de la cual quedara desvirtuado lo asentado por el fedatario en su razón de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que señala: ".NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FÉ PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Así, como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que reza: ".ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En consecuencia, al no existir en el presente juicio autoridad señalada como responsable, se estima que se actualiza la causal de improcedencia indicada, lo cual obliga a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa fue omisa en cumplir con uno de los requisitos que prevé el artículo 108, de la Ley de Amparo; es decir, precisamente el de señalar a la autoridad o autoridades responsables encargadas de la emisión y ejecución del acto reclamado, como ordena la fracción III del precitado numeral. En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 30 reverso). Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar; y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de los autos, se desprende que el quejoso no desahogó la vista ordenada en auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 20), dentro del término de cinco días otorgados para ello, tal y como se advierte con la certificación secretarial de fecha quince de julio de dos mil diecinueve (foja 30). Por tanto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 5 y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación." En el presente juicio, por auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 20), se ordenó dar vista a la parte quejosa con la razón levantada por el actuario judicial de la adscripción, en la que hizo constar los motivos por los cuales no le fue posible hacer entrega del oficio 16963/2019, dirigido al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, en virtud que la misma no existe; motivo por el cual se concedió al quejoso el término de cinco días, a efecto de que corrigiera el señalamiento de la autoridad responsable, y con ello la oportunidad de precisar a la autoridad a quien atribuye el acto que tilda de inconstitucional, empero fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto; por tanto resulta evidente que en el presente juicio no existe autoridad responsable. Lo anterior se considera así ya que, por disposición legal, el actuario judicial está revestido de fe pública, lo que quiere decir que sus actuaciones tienen plena autenticidad, salvo que sean aportadas diversas pruebas con las que se demuestre lo contrario, pero mientras esto no ocurra, lo asentado por dicho funcionario debe prevalecer y presumir de ciertas sus actuaciones. Lo que en el caso no aconteció, pues como se ha hecho mención la parte quejosa no aportó prueba alguna de la cual quedara desvirtuado lo asentado por el fedatario en su razón de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que señala: ".NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FÉ PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Así, como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que reza: ".ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En consecuencia, al no existir en el presente juicio autoridad señalada como responsable, se estima que se actualiza la causal de improcedencia indicada, lo cual obliga a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa fue omisa en cumplir con uno de los requisitos que prevé el artículo 108, de la Ley de Amparo; es decir, precisamente el de señalar a la autoridad o autoridades responsables encargadas de la emisión y ejecución del acto reclamado, como ordena la fracción III del precitado numeral. En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 30 reverso). Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar; y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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