Josué Isaías Mendoza Hernández

Expediente 1659/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1659/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Josué Isaías Mendoza Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, promovido por Erik Daniel Jiménez López, en representación de Josué Isaías Mendoza Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que el proveído mencionado en líneas precedentes HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta recibido vía correo institucional, remitido por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de veintiocho de los actuales; sin que resulte necesario dar vista a las partes con su contenido, en virtud del sentido que se dará al presente proveído. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales en copias digitalizadas del procedimiento administrativo migratorio del quejoso Josué Isaías Mendoza Hernández, que anexó a su informe, el cual contiene: El oficio de veintinueve de los cursantes, signado por Leidy Diana Zenteno Cruz, Agente Federal de Migración B, perteneciente a la Oficina de Representación Local "El Ceibo", Tabasco. El certificado de salud a nombre del quejoso. La media filiación del citado impetrante. El formato de comidas otorgadas al quejoso. Las constancias de atención médica, asesoría legal, atención psicológica y llamada telefónica. El acuerdo de notificación de suspensión de plano, dictado en el procedimiento administrativo INM/ORTAB/EMV/PAM/11539/2022, de veintinueve de los cursantes. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante aclarando la denominación correcta y competente de la autoridad responsable en el presente asunto, siendo la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como formas para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, elativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otro lado, de la revisión al informe de referencia y al anexos que acompañó, específicamente en el oficio signado por Leidy Diana Zenteno Cruz, Agente Federal de Migración B, perteneciente a la Oficina de Representación Local "El Ceibo", Tabasco, se advierte que el quejoso Josué Isaías Mendoza Hernández, fue retenido por ese órgano administrativo a las cero horas con diecisiete minutos del veintinueve de septiembre del presente año, en el puesto de verificación migratoria "El Ceibo", toda vez que fue detectado sin la documentación que acreditara su regular estancia en el país, seguidamente fue presentado ante la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa. Seguidamente, se le inició el procedimiento administrativo INM/ORTAB/EMV/PAM/11539/2022 y a las dieciséis horas con veinticinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se notificó al impetrante la suspensión de plano decretada en autos, por lo que se le hizo de su conocimiento que le asistía el derecho a solicitar su salida provisional de esa estación migratoria, una vez que haya cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración y/o condiciones que se establecieron en la suspensión de plano decretada en su favor. En ese contexto, se advierte que en el presente juicio de amparo Erik Daniel Jiménez López, quien fue el que promovió la demanda de amparo en favor de Josué Isaías Mendoza Hernández, señaló como actos reclamados los siguientes: La orden de aseguramiento, alojamiento, retención, privación ilegal de la libertad o detención fuera de procedimiento dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. Omisión de emitir orden de salida de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Incomunicación. Deportación, expulsión y/o rechazo del quejoso a su país de origen. Negativa de recepción y trámite de solicitud de inicio de procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado. Inicio y continuación de procedimiento administrativo migratorio. Creación, aprobación, sanción, promulgación y aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. Así, los actos reclamados por quien promovió la demanda en favor de Josué Isaías Mendoza Hernández, no fueron desplegados antes de la presentación de la demanda (dieciséis horas con trece minutos del veintiocho de septiembre del presente año), pues de las constancias que acompañó la autoridad responsable, se desprende que el citado impetrante fue retenido por el personal de control migratorio en "el Ceibo", a las cero horas con diecisiete minutos del veintinueve de septiembre del presente año, toda vez que no acreditó su regular estancia en el país, con documento idóneo expedido por la Secretaría de Gobernación, por lo que, fue presentado ante la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa. De lo relatado con antelación, se aprecia la inexistencia de los actos reclamados, toda vez a la fecha de presentación de la demanda veintiocho de septiembre del presente año, el quejoso no había sido retenido por la autoridad migratoria. Manifestaciones con valor indiciario conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa del arábigo segundo de ésta. De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad de los actos reclamados; por tanto, procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, mediante atento aviso, gírese oficio a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, para su conocimiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; intégrese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, con el que remite copia certificada del acuerdo de veintidós de agosto del presente año, relativo al expediente laboral 502/2020 del índice de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, así como la constancia de veintinueve de agosto pasado, de la que se desprende la imposibilidad del actuario de su adscripción, para emplazar a los demandados COTEMAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Servicios Industria Petrolera, sociedad anónima de capital variable. De lo que se toma conocimiento, sin que se haga mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, de autos se desprenden las actuaciones siguientes del Presidente de la Junta laboral residente en esta ciudad: a) Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, dio vista a la parte actora aquí quejosa JAIME ÁLVAREZ GARCÍA, para que proporcionara el domicilio en el cual podría emplazarse a los citados demandados. b) Por diverso acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, tuvo al citado quejoso dando cumplimiento a dicho requerimiento, y ordenó el emplazamiento en el domicilio proporcionado por dicha parte. c) En diverso auto de veinte de septiembre del presente año, recepcionó la constancia de imposibilidad de la autoridad exhortada para emplazar a COTEMAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Servicios Industria Petrolera, sociedad anónima de capital variable, y ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", para que informara el último domicilio que tuviera registrado de dichas demandadas. Sin embargo, se reitera a la autoridad laboral responsable, que deberá dar cumplimiento al fallo protector siguiendo los lineamientos establecidas en dicha resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes al que reciba la notificación de este proveído, determine lo conducente en relación al cumplimiento del fallo protector, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo concedida por este Juzgado, mismo que se reiteran a continuación: ".SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el Presidente de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en Ciudad de Carmen y actuarios adscritos a las referidas juntas responsables, deberán: Emplazar a Petróleos Mexicanos, Cotemar, sociedad anónima de capital variable y Servicios Industria Petrolera, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de demandados en el juicio laboral 502/2020, del índice de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en los términos establecidos por los artículos 748, 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. En la inteligencia, que si no se logra (n) emplazar a (l) (los) demandado (s), por no proporcionarse su domicilio o el proporcionado sea incorrecto, deberá requerirse a la parte actora para que proporcione en un término de tres días hábiles el domicilio de (l) (los) demandado (s) que no puede (n) emplazarse, bajo apercibimiento que de no proporcionar el domicilio correcto, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya (n) podido ser emplazado (s); lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J 126/2016 (10ª), de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO". Con el apercibimiento a la autoridad responsable, que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. No obstante lo anterior, si finalizado el lapso que les fue otorgado, éstas no efectúan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se continuará con el trámite respectivo, previsto en la Ley de Amparo y el Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que deben realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, aplique los apercibimientos referidos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIOS DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS EL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintinueve de agosto pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Ana Paola Abreu Bastar, contra el acto reclamado a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. El cinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del proveído de veinte del precitado mes, dictado en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018 de su índice, del que se obtiene que dejó insubsistente lo determinado en el punto quinto del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte. Por oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del auto de esa misma data, del que se advierte, en lo medular, que requirió a diversas dependencias e instituciones bancarias, para efectos de que le informaran si en su base de datos habían registros a nombre de Carlos Javier Reyna Cervantes. Luego, el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. Por oficio recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, la responsable transcribió el proveído de catorce del precitado mes, del que se advierte que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes realizó el pago de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos), mediante recibo de depósito 17268 de tres de diciembre de dos mil veinte, a favor de sus acreedores alimentarios, debiendo la cantidad de $40,749.86 (cuarenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos). Asimismo, que se decretó el embargo precautorio sobre los bienes muebles del referido demandado, consistente en: a) Vehículo tipo Sedan, del año dos mil dieciséis, de color aluminio metálico, con número de serie 3MZBM2U74GM272958, número de motor 21D6NG93, del Estado de Tabasco. b) Vehículo tipo Mazda, del año dos mil dieciséis, de color aluminio metálico, con número de serie 3MZBM2U74GM272958, número de motor 21D6NG99, del Estado de Tabasco. Mediante oficio recibido el dos de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, informó que los referidos vehículos quedaron debidamente BLOQUEADOS en el Padrón Vehicular del Estado de Tabasco, que obra en la Secretaría de Finanzas de esta ciudad, con la finalidad de no realizar ningún trámite de baja o cambio de propietario ante las diversas Receptorías de Rentas dependientes de esa Dirección. Luego, por oficio recepcionado el once de junio de dos mil veintiuno, la jueza responsable informó que solicitó informes a diversas dependencias e instituciones bancarias, para efectos de conocer la situación económica, laboral y fiscal de Carlos Javier Reyna Cervantes. Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de nueve del precitado mes, dictado en la controversia de origen, del que se advierte en lo medular que la empresa Opex Perforadora sociedad anónima de capital variable, le comunicó que Carlos Javier Reyna Cervantes, es trabajador de dicha empresa, con un salario mensual de $21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por lo que ordenó girar oficio para comunicarle el descuento decretado; asimismo, adjunta los oficios 4694, 4695 y 4696, librados con motivo del referido acuerdo. Mediante oficio recepcionado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable, remitió copia certificada del acuerdo de dos del precitado mes y año, del que se advierte que la precitada empresa le informó que en dicha oficina no se realiza ningún tipo de pago en efectivo, ya que todos se realizan a través de transferencia bancaria, por lo que solicitó a la aquí quejosa proporcionara diversa documentación para efectos de realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia. Por oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete del precitado mes, del que se obtiene que: La pensión alimenticia provisional que adeuda el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, cuantificada desde agosto de dos mil dieciocho hasta el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, es por la cantidad de $30,749.86 (treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 86/100 moneda nacional), ya con el descuento del pago parcial por la suma de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), realizado el día treinta de noviembre de dos mil veinte; misma que la empresa OPEX Perforadora sociedad anónima de capital variable, descontara sobre el ingreso del precitado demandado, un 10% (diez por ciento adicional), hasta que se cubra el monto total adeudado. Una vez que se haya cumplido con el 10% adicional, dicha empresa deberá hacer efectivo la pensión alimenticia consistente en el 30% (treinta por ciento), decretada a favor de Ana Paula Abreu Bastar y el menor de iniciales C.E.R.A., sobre el ingreso que obtiene Carlos Javier Reyna Cervantes. A través del oficio recibido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable remitió copia certificada del proveído de veintinueve de noviembre del precitado año, del que se advierte que: El descuento adicional al 10% (diez por ciento) por pensión alimenticia provisional, sería aplicado a partir de la quincena del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, hasta que se cubra dicho monto por la cantidad de $30,749.86 (treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N). Los montos retenidos por concepto de pensión alimenticia, serían depositados a la cuenta de la acreedora alimentaria -aquí quejosa- el treinta de noviembre último. También, determinó hacer efectivo el apercibimiento al actor Carlos Javier Reyna Cervantes, en el que quedará a su cargo pagar las pensiones alimenticias retenidas, consistentes en el 30% del ingreso de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N), que resulta ser la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), por veintiocho meses, adeudando un total de $67,200.00 (sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N); descuento que se hará una vez se paguen las pensiones que en efecto retroactivo le corresponde a la -aquí quejosa- Ana Paola Abreu Bastar. Luego, por oficio recepcionado el cuatro de enero de dos mil veintidós, la responsable adjuntó copia certificada del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, del que se obtiene en lo medular que la empresa OPEX Perforadora, sociedad anónima de capital variable, le informó que realizó un pago por la cantidad de $1,080.00 (mil ochenta pesos moneda nacional), toda vez que en cuanto al monto restante adujo que lo ha intentado realizar en diversas ocasiones, pero refiere que la cuenta de la aquí quejosa se encuentra limitada en depósitos. Por oficio recibido el trece de enero de dos mil veintidós, la responsable envió copia certificada del proveído de once del precitado mes, del que se advierte que la aquí quejosa recibió depósitos en su cuenta bancaria; asimismo, requirió a la empresa Opex Perforadora sociedad anónima de capital variable, para que informe a qué conceptos corresponden las cantidades depositadas a Ana Paola Abreu Bastar. Mediante oficios recepcionados el veintinueve de marzo, ocho de abril, veintisiete de mayo, de dos mil veintidós, nueve y veinticuatro de junio, cinco y catorce de julio, ocho y veintiocho de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento del fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR De la ejecutoria de amparo se obtiene que se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa, para que la autoridad responsable: Dejara insubsistente lo determinado en el apartado quinto del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018, de su índice. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara otro en el que implementara las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, cumpliera con la totalidad de los pagos y sumas que adeuda por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que en proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente lo determinado en el apartado quinto del auto de veinticinco de junio de ese mismo año, dictado en el juicio natural. Asimismo, como ha quedado establecido en los antecedentes relatados previamente, adoptó las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, cumpliera con la totalidad de los pagos y sumas que adeudaba por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. Lo que se corrobora con lo establecido en el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, en el que asentó que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, se encuentra al corriente con la continuación del pago de la pensión alimenticia en favor de la aquí quejosa. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. No obstante, se le hace saber a la parte quejosa que, en caso de que el demandado en el juicio natural incumpla nuevamente con el pago de la pensión alimenticia y la autoridad responsable reincida en la omisión de adoptar las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, lo haga con la debida oportunidad, tendrá expedito su derecho de promover -dentro del término de quince días siguientes a la última determinación de la que tenga conocimiento- ante este órgano jurisdiccional federal, la denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, que instituyen lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado. En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda. Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió". Como se aprecia, la repetición del acto reclamado se da en aquellos casos en que, otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable, al momento de dar cumplimiento al fallo protector, emite uno nuevo, distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, insistiendo en su conducta lesiva, en los mismos términos que el primero, no obstante el otorgamiento de la protección constitucional. De modo que, la repetición de acto reclamado se actualizará en aquellos casos en que, el nuevo se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la determinación que fue materia de la ejecutoria que se tuvo por cumplida. Por tanto, la parte quejosa, en caso de que la autoridad responsable insista en repetir la omisión reclamada en este juicio constitucional, tendrá expedito su derecho para promover, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 25/94, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 5/94, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." Así como la Jurisprudencia, con registro 2016694, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Libro 53 de Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.- Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo". Similar criterio se sostuvo en la ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de denuncia de repetición de acto reclamado 1/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el que se declaró fundada la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, relativa al incidente de denuncia de repetición de acto reclamado, emitida en el juicio de amparo 559/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, promovida por la parte quejosa el once de diciembre de dos mil dieciocho, por la repetición del acto reclamado relacionado con la sentencia concesoria de amparo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, y que se tuvo por cumplida el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Así como, el criterio emitido en la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el cuaderno de inconformidad administrativa 1/2020, en el que declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado pronunciada en el juicio de amparo 1578/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Así, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento original, consistente en original del acuse de recibo del escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, con sello autógrafo del Juzgado Quinto Familiar de Centro, Tabasco, y que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. Empero, para la devolución de las documentales exhibidas, deberán agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 16/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

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