Josue Guzman Morales
Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josue Guzman Morales
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que establece: "Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo signada por xxxxxxxxxx, por derecho propio, en contra de actos del juez Segundo Menor Civil de Celaya, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 662/2020-I. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, el quejoso señala expresamente como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: La inminente desposesión material del inmueble que arrendo con mi familia, y en el que además tengo establecido un negocio que nos da para subsistir, dicho inmueble que me renta su legal propietario está ubicado en la calle de Camino de las Torres número 205, fraccionamiento el Campanario de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Desposesión que me causa perjuicio pues he cumplido con el pago de mis rentas y no he sido oído ni vencido en juicio alguno." Mientras que en el punto II de los antecedentes del acto reclamado narra la parte quejosa que: "II. Es el caso que el día lunes 23 de noviembre del presente año, se presentó a mi domicilio una persona quien dijo llamarse **********, sin querer dar más datos, ni identificarse, quien me manifestó ser la dueña del inmueble que habito, mostrando un legajo de copias de un juicio **********, solicitándome que desalojara su propiedad a decir de ella." De igual forma, en el único concepto de violación señaló: "Único.- En ese sentido, causa agravio al suscrito, el hecho de que se me vaya a desposeer del inmueble arrendado toda vez el suscrito (sic) cuento con contrato de arrendamiento celebrado con el legal propietario del inmueble ubicado en la calle de camino de las Torres número 205, fraccionamiento el Campanario de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Ya que lo manifestado por la C. **********, me desconcierta, toda vez que ella asegura que va acudir a mi domicilio a desalojarme apoyada de fuerza pública y cerrajero." De lo anterior se obtiene que la parte quejosa reclama actos probables de molestia, que le manifestó ********** (tercera interesada señalada por el quejoso) haría en contra del peticionario de amparo, sin que aduzca que se haya emitido por la autoridad que señala como responsable, la "inminente" desposesión que reclama. Se afirma que son actos de molestia probables pues el quejoso así lo refiere, al señalar que lo desconcierta lo manifestado por **********, a quien le atribuye el carácter de tercera a tercera interesada. De lo que se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. El amparo indirecto procede: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." De los preceptos citados, se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva en contra de actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público. En ese sentido, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Así, el acto reclamado, debe entenderse como un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En ese orden, un acto susceptible de impugnación a través del juicio de amparo debe de ser un hecho voluntario, y no debido al azar, rasgo distintivo entre aquel y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin; es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que estos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Como ya se dijo, del escrito de demanda se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se duele de actos probables de molestia que ni si quiera se tiene la certeza de que se hayan emitido por la autoridad señalada como responsable, pues solo se acude al amparo por las manifestaciones realizadas por un particular, las que "desconcertaron" al promovente del amparo. De lo anterior, es inconcuso que es improcedente el juicio de amparo indirecto respecto del acto probable que reclama el quejoso "inminente desposesión"; puesto que son actos futuros de realización incierta, conforme a lo manifestado, bajo protesta de decir verdad por el peticionario de amparo, en razón que no tiene la certeza de que exista alguna orden de desposesión en su contra, emitido por la autoridad que señala como responsable. Así, de acuerdo con esas manifestaciones es evidente que el acto reclamado no es inminente o de realización cierta, pues solo existe la simple sospecha de que, probablemente, en un futuro se pueda ordenar actos de molestia en contra del quejoso, sin que existan actividades concretas que revelen la seguridad o riesgo inminente de realizarse, pues solo fue advertido por un particular. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no existe al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." De ahí, que indudablemente el pretendido probable acto de molestia que emita la autoridad responsable, relacionado con la desposesión del inmueble que dice poseer el quejoso, no es un acto inminente, sino de realización futura e incierta, que puede o no materializarse en su contra o de su bien inmueble que defiende. Al respecto es importante destacar que los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de este en forma tal que la realización de aquellos se halle condicionada a la existencia legal de este. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Por tanto, se insiste, de acuerdo con lo manifestado por el quejoso, es evidente que el acto reclamado no es inminente o de realización cierta, pues solo existe la simple sospecha por el promovente en virtud de lo referido por un particular, sin que se advierta que la inminente desposesión que reclama derive de manera directa y necesaria de otro ya preexistente emitido por la autoridad que señala como responsable. Cabe precisar que el criterio aquí emitido no impide que la parte quejosa promueva nuevo amparo si tiene certeza plena de actos de molestia emitidos en su contra por la autoridad señalada como responsable, dentro de un procedimiento al cual no fue llamado. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113, de la ley en cita, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificación del promovente el que señala en su escrito de demanda y como autorizados para tal efecto a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la quejosa. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."
- Principal
Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo signada por xxxxxxxxxx, por derecho propio, en contra de actos del juez Segundo Menor Civil de Celaya, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 662/2020-I. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, el quejoso señala expresamente como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO: La inminente desposesión material del inmueble que arrendo con mi familia, y en el que además tengo establecido un negocio que nos da para subsistir, dicho inmueble que me renta su legal propietario está ubicado en la calle de Camino de las Torres número 205, fraccionamiento el Campanario de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Desposesión que me causa perjuicio pues he cumplido con el pago de mis rentas y no he sido oído ni vencido en juicio alguno." Mientras que en el punto II de los antecedentes del acto reclamado narra la parte quejosa que: "II. Es el caso que el día lunes 23 de noviembre del presente año, se presentó a mi domicilio una persona quien dijo llamarse Margarita Villalobos Ríos, sin querer dar más datos, ni identificarse, quien me manifestó ser la dueña del inmueble que habito, mostrando un legajo de copias de un juicio M-464/2012, solicitándome que desalojara su propiedad a decir de ella." De igual forma, en el único concepto de violación señaló: "Único.- En ese sentido, causa agravio al suscrito, el hecho de que se me vaya a desposeer del inmueble arrendado toda vez el suscrito (sic) cuento con contrato de arrendamiento celebrado con el legal propietario del inmueble ubicado en la calle de camino de las Torres número 205, fraccionamiento el Campanario de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Ya que lo manifestado por la C. MARGARITA VILLALOBOS RÍOS, me desconcierta, toda vez que ella asegura que va acudir a mi domicilio a desalojarme apoyada de fuerza pública y cerrajero." De lo anterior se obtiene que la parte quejosa reclama actos probables de molestia, que le manifestó Margarita Villalobos Ríos (tercera interesada señalada por el quejoso) haría en contra del peticionario de amparo, sin que aduzca que se haya emitido por la autoridad que señala como responsable, la "inminente" desposesión que reclama. Se afirma que son actos de molestia probables pues el quejoso así lo refiere, al señalar que lo desconcierta lo manifestado por Margarita Villalobos Ríos, a quien le atribuye el carácter de tercera a tercera interesada. De lo que se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. El amparo indirecto procede: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." De los preceptos citados, se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva en contra de actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público. En ese sentido, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Así, el acto reclamado, debe entenderse como un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En ese orden, un acto susceptible de impugnación a través del juicio de amparo debe de ser un hecho voluntario, y no debido al azar, rasgo distintivo entre aquel y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin; es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que estos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Como ya se dijo, del escrito de demanda se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se duele de actos probables de molestia que ni si quiera se tiene la certeza de que se hayan emitido por la autoridad señalada como responsable, pues solo se acude al amparo por las manifestaciones realizadas por un particular, las que "desconcertaron" al promovente del amparo. De lo anterior, es inconcuso que es improcedente el juicio de amparo indirecto respecto del acto probable que reclama el quejoso "inminente desposesión"; puesto que son actos futuros de realización incierta, conforme a lo manifestado, bajo protesta de decir verdad por el peticionario de amparo, en razón que no tiene la certeza de que exista alguna orden de desposesión en su contra, emitido por la autoridad que señala como responsable. Así, de acuerdo con esas manifestaciones es evidente que el acto reclamado no es inminente o de realización cierta, pues solo existe la simple sospecha de que, probablemente, en un futuro se pueda ordenar actos de molestia en contra del quejoso, sin que existan actividades concretas que revelen la seguridad o riesgo inminente de realizarse, pues solo fue advertido por un particular. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no existe al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." De ahí, que indudablemente el pretendido probable acto de molestia que emita la autoridad responsable, relacionado con la desposesión del inmueble que dice poseer el quejoso, no es un acto inminente, sino de realización futura e incierta, que puede o no materializarse en su contra o de su bien inmueble que defiende. Al respecto es importante destacar que los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de este en forma tal que la realización de aquellos se halle condicionada a la existencia legal de este. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Por tanto, se insiste, de acuerdo con lo manifestado por el quejoso, es evidente que el acto reclamado no es inminente o de realización cierta, pues solo existe la simple sospecha por el promovente en virtud de lo referido por un particular, sin que se advierta que la inminente desposesión que reclama derive de manera directa y necesaria de otro ya preexistente emitido por la autoridad que señala como responsable. Cabe precisar que el criterio aquí emitido no impide que la parte quejosa promueva nuevo amparo si tiene certeza plena de actos de molestia emitidos en su contra por la autoridad señalada como responsable, dentro de un procedimiento al cual no fue llamado. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113, de la ley en cita, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificación del promovente el que señala en su escrito de demanda y como autorizados para tal efecto a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la quejosa. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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