Josué Gutiérrez Olguín

Expediente 1203/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1203/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Josué Gutiérrez Olguín

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Josué Gutiérrez Olguín y Azucena Trejo Nava; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el el escrito de demanda de amparo firmado por ********************, a través del cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas; en tal razón, regístrese el expediente bajo el número 1203/2022-II, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción V, este último en sentido contrario, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, consultable en la página 730 del Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es necesario precisar que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), visible en la página 39, del Libro 7, Tomo I, del mes de junio de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicado el seis del referido mes y año, de rubro: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; el Alto Tribunal sostuvo que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores, que fueron sustancialmente reiteradas en la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), con número de registro 2011428, consultable en la página 15, del Tomo I, del Libro 29, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan ninguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de los quejosos, al grado que se les impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque el acto consiste en la resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, que declara infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la aquí parte quejosa, en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciocho de agosto del año en curso, emitido en el expediente ******************** relativo al juicio sumario civil sobre otorgamiento y firma de escritura pública de contrato de compraventa del orden cronológico del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas. Y al respecto, los promoventes de este juicio aducen que en el acuerdo recurrido, el juez natural, previo a acordar de conformidad una solicitud de ellos, determinó solicitar a diverso órgano jurisdiccional, información relativa a la parte demandada en el juicio de origen, situación que aducen, causa desequilibrio procesal en el contienda génesis de este asunto. Así, para considerar que los actos reclamados son de imposible reparación, tal afectación necesariamente debe recaer sobre derechos sustantivos, pero además, debe verificarse de manera material, al grado que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que no acontece en la especie, ya que ello será, eventualmente, cuando el procedimiento concluya resolución adversa a los intereses de los agraviados. Es así, pues como ya se expuso, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, donde sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, aun cuando ésta pudiera repercutir en un grado predominante o superior. Bajo esa línea de estudio, es evidente que en este asunto no se actualizan las condiciones establecidas por el legislador, para considerar que el acto sea de imposible reparación, pues aun para el caso de que pudiera estimarse que afecta derechos sustantivos, no menos lo es, que esa afectación no se actualiza en forma material, pues no se advierte que se impida a la parte quejosa, el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por todo lo antes expuesto, se concluye que en el caso no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar al acto aquí reclamado como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata, actual y material alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. Esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno, y menos todavía, tal afectación se da de manera material, a grado tal que le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales presentada por ********************. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Tampoco se transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sola emisión de la resolución aquí reclamada, en la que, de facto, se confirma el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso emitido en el juicio natural, en el que se reservó acordar sobre una petición hasta en tanto se contara con diversa información, no genera la transgresión del derecho sustantivo a la pronta impartición de justicia que tutela el invocado precepto constitucional, dado que el simple transcurso del tiempo en el que tenga que resolverse el juicio natural con motivo de la aludida reserva, no constituye una circunstancia que importe los derechos de fondo discutidos en el juicio, aparte de que el procedimiento referido no está legalmente limitado a determinado período como para considerar que, en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparable el tiempo que de dicho lapso se excediera; todo lo cual conlleva a colegir que ni el procedimiento judicial en sí mismo considerado, ni la reserva decretada en él, pueden considerarse como actos de imposible reparación. Además, el acto reclamado no implica que el juez deje de resolver una controversia, pues el efecto inmediato de la decisión combatida en el amparo indirecto es obtener información relativa a una de las partes en el expediente de origen, lo que ni ordena ni impide dejar de resolver el asunto sino, en su caso, hacerlo con la integración debida de dicho negocio. Ahora, respecto a lo asentado por los promoventes en el sentido de que se están infrigiendo diversos preceptos legales, lo que conllevaría a realizar una investigación en el tribunal señalado como responsable y que se remita al Consejo de la Judicatura del estado de Tamaulipas, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para realizar dicha indagatoria, toda vez que tal situación escapa de las atribuciones inherentes a este órgano de control constitucional, por lo que se dejan a salvo sus derechos, para que de estimarlo pertinente, acudan ante las instancias legales conducentes a hacer valer las denuncias correspondientes. En otro orden de ideas, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las profesionistas que cita en su ocurso de cuenta. Asimismo, y como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se tiene a la agraviada autorizando a la licenciada ********************, quien se encuentra registrada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario LIC.CLAUDIAPEREZT88, para que tenga acceso, pueda consultar y enviar promociones, en el expediente electrónico del juicio que nos ocupa. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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