Josue Gonzalez Mendez

Expediente 891/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
891/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Josue Gonzalez Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veinte. ... Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la actuaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, a través del cual informa que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada para resolver la cuestión planteada. En su atención, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de la información remitida, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del estado que guardan los autos del presente expediente, se advierte que en proveído de dos diciembre, se tuvo por recibido el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-SONORA",a través del cual rindió informe de cumplimiento a la suspensión de plano, concedida a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, y nombró delegados. Asimismo, en dicho acuerdo se reservó sobre la información remitida hasta que se tuviera conocimiento de qué juzgado conocería del presente asunto, lo cual como se expuso en párrafos precedentes, ya aconteció. Por lo anterior, remítase copia del oficio enviado por la citada autoridad penitenciaria al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, órgano jurisdiccional que conoce de la demanda de amparo, para que tenga a bien proveer respecto de la información remitida por la responsable. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. .....

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de diciembre de dos mil veinte. .... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-SONORA", a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano, concedida a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, y nombra delegados. En su atención, este juzgado federal toma conocimiento de la información remitida, y se reserva a proveer lo conducente hasta que se tenga conocimiento de qué juzgado conocerá del presente asunto. ...

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Josué González Méndez, por derecho propio, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 891/2020-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que del análisis integral del escrito de demanda, se obtiene que el quejoso se duele de: El traslado del Centro de Reinserción Social con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Estado de Morelos al Centro Federal de Readaptación Social Número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, en que actualmente se encuentra recluido. En ese sentido este Juzgador se estima incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, como se verá más adelante, sin embargo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, es dable pronunciarse de la suspensión de plano de los actos reclamados. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de plano y oficio la suspensión para que las autoridades responsables no trasladen al quejoso a diverso centro de donde actualmente se encuentra, debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la materia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; Peligro para los internos; Seguridad del propio quejoso; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de garantías en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. INCOMPETENCIA. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, con apoyo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de ésta, y debe remitirse al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, por las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten las siguientes reglas de competencia: a) A la ejecución del acto. Si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. b) A prevención. En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y continúe su ejecución en otro, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. c) A la ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Esto es, las normas de competencia reguladas en el precepto invocado establecen una serie de supuestos de competencia que son aplicables de forma sucesiva y que son excluyentes entre sí. Si bien, la autoridad que dicta u ordena los actos que se reclaman en el juicio de amparo puede llegar a desempeñar un papel esencial en la afectación de los derechos fundamentales de un impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, lo que tiene un sustento racional derivado del sistema nacional de división territorial, bajo el cual, se establecen los límites competenciales para que los juzgadores ejerzan su jurisdicción y que maximiza el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, lo cual también tiene como objetivo acercar la justicia al gobernado, ya que debe conocer el juez competente en el lugar en el que se ejecute o deba ejecutarse el acto reclamado, y ello facilita al demandante el acudir ante el órgano de control constitucional que por su cercanía está en aptitud de actuar con mayor eficacia para resolver los asuntos que se sometan a su consideración, así, los quejosos tienen mayores posibilidades de defensa, pues cuentan con más facilidad para obtener las pruebas que estimen pertinentes, promover en el juicio e interponer los recursos procedentes. En ese sentido, la interpretación del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite afirmar que los actos que requieran de ejecución material en un solo lugar brindarán competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese sitio. Por su parte, por lo que hace al párrafo segundo, los que requieran de ejecución material en más de un lugar, generarán la competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares, por lo que resolverá el asunto quien hubiere prevenido en su conocimiento. Finalmente, conforme al último párrafo del numeral en cita, aquellos actos que carezcan de ejecución material producirán la competencia relativa en el Juez de Distrito ante quien se hubiere promovido la demanda de amparo. Explicado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele de: El traslado del Centro de Reinserción Social con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Estado de Morelos al Centro Federal de Readaptación Social Número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, en que actualmente se encuentra recluido. Atendiendo a ese acto reclamado, veamos ahora, su naturaleza y efectos con la finalidad de señalar el lugar en el que tiene ejecución, bajo las siguientes consideraciones: Debemos explicar que la orden de traslado es un acto que requiere de ejecución material y que la misma es de tracto sucesivo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007-PS, al efecto precisó, los momentos exactos en los que se puede dar un traslado: Que para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al interno del lugar de donde está recluido; el segundo, radica propiamente en el traslado material de la persona a un lugar distinto; y, el tercero es aquél por el cual se ingresa al procesado o sentenciado al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a su naturaleza que atiende a su duración temporal, esto es, sus efectos se extenderán en el tiempo (orden, extracción y reingreso). Así, el máximo tribunal señaló que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, requieren que su ejecución se prolongue en el tiempo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 39, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Primera Sección- Competencia para conocer del juicio de amparo, Novena Época, página 55, registro electrónico 1002115, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Expuesto lo anterior, sobre los efectos ejecutivos y consumativos de una orden de traslado, podemos afirmar entonces, que un acto de esa naturaleza puede tener ejecución en más de un distrito judicial, dependiendo del lugar donde inicia el traslado, esto es donde se extrae al interno y concluye hasta que es depositado en diverso centro. Luego, este Juzgador arriba a la consideración que para determinar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, contra una orden de traslado, se debe atender al párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, lo anterior dada las peculiaridades antes señaladas. Precisado lo anterior, tenemos que, si el acto reclamado es el traslado del quejoso de centro carcelario del Estado de Morelos al Centro Federal de Readaptación Social Número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, que lo constituye propiamente la transferencia física que materialmente se realizó de la parte quejosa, el cual se efectuó de tracto sucesivo, que se ejecutó inicialmente en el Estado de Morelos y concluyó en el Estado de Sonora, donde finalmente fue internado y actualmente se mantiene privado de su libertad, lugar en donde dicho acto privativo de libertad sigue surtiendo efectos. Sin embargo, de la narratoria de la demanda de amparo no se advierte que en el lugar donde este Juzgador ejerce jurisdicción se haya materializado algún acto tendiente al traslado del quejoso (orden, extracción y reingreso), pues si bien atendiendo a la naturaleza del acto, es aplicable sobre el tópico de la competencia, el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, a prevención, sin embargo, esta regla se encuentra condicionada a que exista algún acto de ejecución material dentro del territorio donde determinado Juez de Distrito ejerza jurisdicción. En esas hipótesis los quejosos pueden promover la demanda en cualquiera de estas. De considerar una postura distinta, lo único que se generaría es que dejáramos al arbitrio del quejoso la promoción de la demanda, esto es, podría presentarla en cualquiera de las treinta y dos demarcaciones que conforma el Estado Mexicano (treinta y dos circuitos judiciales), por lo que se reitera la regla de prevención surte para el Juez de Distrito ante el cual se promovió la demanda, empero, está condicionada a que tenga jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Se suma a lo anterior que de la revisión de la demanda de amparo que se atiende, no se advierte que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia dentro de la jurisdicción que el suscrito ejercer por cuestión de territorio, lo cual deja en claro que este Juzgador no ejerce potestad sobre los lugares en donde se desarrolló el evento de traslado del cual el quejoso se duele (orden, extracción y reingreso). Por todo lo anterior, este Juzgador considera carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Josué González Méndez. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, página 225, registro electrónico 169343, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." (lo destacado es nuestro) Explicado lo anterior, es pertinente realizar una interrogante, en el siguiente sentido: ¿Sí el quejoso según la demanda de amparo fue traslado del Centro de Reinserción Social con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Estado de Morelos al Centro Federal de Readaptación Social Número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, qué Juez de Distrito es el que debe conocer de la demanda promovida? Este Juzgador considera que atendiendo a la segunda hipótesis prevista en el numeral 37 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que el acto reclamando es de tracto sucesivo (cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo), de los que requieran de ejecución material en más de un lugar, generarán la competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares. El órgano jurisdiccional que resulta competente para conocer del juicio de amparo, es el Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno. Criterio que resulta garantista para la parte quejosa, pues con ello se atiende la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales, a fin de lograr una tutela judicial efectiva en pro de los derechos del quejoso. Con lo anterior, se logra hacer un juicio de amparo asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Luego, la conocida regla de Juez de Distrito a prevención, en el caso concreto ya dijimos que operaria ante el Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, por las consideraciones antes destacadas (atendiendo a la naturaleza del acto y al juicio de amparo asequible), y que en todo caso operaria una vez que dicho Juzgador conozca del presente asunto. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que los Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, el cual en lo que interesa, establece lo siguiente: "(.)Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Aconchi, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Banámichi, Baviácora, Carbó, Divisaderos, Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huásabas, Huépac, La Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, Pitiquito, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Ures, Villa Pesqueira y Yécora. (lo resaltado es nuestro) Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.63/2019(10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, Décima Época, Libro 71, Tomo I, página 933, registro digital 2020829, de texto y rubro siguiente: " "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 891/2020-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía correo electrónico y estafeta. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PROCESAL. Con fundamento en al artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso ésta y las subsecuentes notificaciones en el lugar en que se encuentra recluido. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Once, con sede en Hermosillo, Estado de Sonora, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, en términos de los artículos 298 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, líbrese atento exhorto al Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, a efecto de que notifique personalmente al quejoso Josué González Méndez y además de lo anterior, notifique el oficio que derive del presente auto al centro de reclusión en el que se encuentra recluido el quejoso, a fin de que se haga conocedor de la suspensión concedida en el presente expediente. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto de mérito, lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados, solicitando se sirva acusar recibo. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que deberá firmar electrónicamente el Secretario encargado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. ...

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