Josué Gerardo Escamilla Lara
Expediente 1418/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1418/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Josué Gerardo Escamilla Lara
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la lectura de las constancias que lo integran se advierte, que mediante acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, se ordenó notificar de manera personal al quejoso ******************** el oficio del Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, mediante el cual informó, que se abrió la carpeta de investigación VFEDTTCID-GV/194/2023, en la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ******************** y reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició. Así mismo, en dicho proveído se reservó archivar este expediente como asunto definitivamente concluido, hasta en tanto se notifique personalmente la anterior providencia al titular de la acción constitucional, lo cual ya aconteció como se advierte de la constancia actuarial de fecha veintiuno de septiembre de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; sin que haya necesidad de dar vista a las partes en este juicio, en virtud de lo acordado en párrafos previos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General del Estado, con un anexo que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que recibió las constancias conducentes por parte de la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ********************, por lo que se abrió la carpeta de investigación VFEDTTCID-GV/194/2023, misma que se encuentra en etapa de integración. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación VFEDTTCID-GV/194/2023, ante la Unidad de Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la copia del oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en el cual informa que canalizó la vista por tortura en relación al quejoso Josué Gerardo Escamilla Lara, a la Fiscalía General del Estado; en consecuencia requiérase al Fiscal General del Estado, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe a esta potestad judicial, respecto al estado procesal de la indagatoria correspondiente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso antes citado. Con el apercibimiento, que de no informar lo solicitado o, en su caso, no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan lo presentes autos, se advierte la constancia levantada el día dos de septiembre del año en curso, por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, mediante el cual informa que el directo quejoso ********************manifestó no ratificar la demanda de amparo interpuesta a su favor por ********************. Atendiendo a lo expresado en la diligencia de cuenta, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. Asimismo, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para el DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al existir solicitud expresa de la quejosa en el sentido de no ratificar la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, vista la fe de lesiones levantada en esa propia data por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que el quejoso ********************tiene lesiones en los costados de la espalda, una cortada en el brazo derecho e inflamado el brazo izquierdo, las que fueron provocadas al momento de su detención, por lo que fue objeto de lesiones y, presuntamente, tortura durante la misma. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; dese vista al Ministerio Público Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso ********************entregándosele para tal efecto, mediante atento oficio, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Una vez hecho lo anterior, requiérase a la representante social para que informe a este órgano jurisdiccional, las acciones tomadas para tal efecto. Finalmente, se reserva acordar lo relativo al archivo del presente juicio, hasta en tanto la Fiscal federal adscrita informe lo relativo a la investigación relativa a las lesiones que sufrió el quejoso. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el cual rinde su informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano concedida; sin que haya necesidad de dar vista a las partes, en virtud de lo acordado en líneas previas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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