Josue Flores Martínez
Expediente 362/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Josue Flores Martínez
- Josue Flores Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio número 9864/2017, testimonio de la ejecutoria dictada el once de agosto del año en curso, por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, residente en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y los autos originales de este juicio de amparo, que devuelve el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; acúsese recibo vía correo electrónico institucional, atento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". Glósese el cuaderno de antecedentes relativo. Ahora, tomando en consideración que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, residente en Naucalpan de Juárez, Estado de México, confirmó la sentencia sujeta a revisión, en la que se negó el amparo solicitado por los quejosos Josué Flores Martínez y Joserfan Laguna Hernández; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente a los quejosos y por lista a la tercera interesada, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. III-B A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales el oficio número 10304/2016, recibido vía correo electrónico, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que acusa recibo del diverso oficio número 4926 del índice de este Juzgado, e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por los quejosos Josué Flores Martínez y Joserfan Laguna Hernández, contra la sentencia dictada en este juicio. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del correo electrónica y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyado en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 30, del tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173071, que se invoca por identidad de razones jurídicas, cuyo tenor literal es; "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". Por otra parte, glósese únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido vía postal número 10304/2016, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en virtud de que carece de firma autógrafa. Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito firmados por los quejosos Josué Flores Martínez y Joserfan Laguna Hernández (firmas que difieren a simple vista de las estampadas en la demanda de amparo), por el que interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia al expediente en que se actúa y las restantes distribúyanse entre las partes. Una vez que se notifique a las partes y a la autoridad responsable con residencia en esta ciudad, con el original y una copia del escrito de expresión de agravios, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en esa ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por lista a la tercera interesada, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintiséis de septiembre del actual. IIIA
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos JOSUÉ FLORES MARTÍNEZ y JOSERFAN LAGUNA HERNÁNDEZ, contra el acto reclamado de la Juez de Control, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente a los quejosos y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por lista a la tercera interesada, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintiséis de septiembre del actual. IIIB
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