Josué Enmanuel Can Poot

Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
445/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Josué Enmanuel Can Poot

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido en este juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de mayo marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto - desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Así mismos póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de autos que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, corriéndole traslado con dicho informe, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que se hubieran desahogado dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito electrónico firmado por XXXXXXXXXXXXXXX, apoderado legal del XXXXXXXXXXXXXXXX, con el que cumple con la prevención de catorce de abril de dos mil veintiuno. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Con relación al tema, cabe mencionar que la imposibilidad de reclamar determinados actos a través del juicio de amparo ha sido determinada por el legislador atendiendo a múltiples criterios, tales como: el órgano que emite la resolución, su naturaleza, o bien, la etapa o fase del procedimiento contencioso en que fue dictada, entre otras. Ahora, como lo establece el último de los numerales transcritos, para la procedencia de la acción constitucional, es necesario que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Seguidamente, se estima que, en la especie, se actualiza la citada causal de improcedencia citada, toda vez que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: xxxxxxx xxxxxx. Entonces, si el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por el Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, dentro de los autos del expediente laboral xx/2018, determinó que no era competente para seguir conociendo del asunto, y por tanto, lo turnó al Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal del Poder Judicial del Estado de Campeche (sic); no es la última determinación de competencia, pues ésta será aquella que emita el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche (en su denominación correcta), en donde acepte la competencia que le fue planteada; o bien, podrá plantear alguna hipótesis de incompetencia (impedimento o excusa), razón por la cual el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de la resolución final que acepte o inhiba la competencia que se le plantea. En efecto, la resolución reclamada es un planteamiento de incompetencia de la cual la autoridad a favor de quien se declinó no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es plenamente decisivo, dado que el órgano puede aceptarla o no hacerlo, razón de más para determinar que la resolución de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es el definitivo, pues está sometido a la determinación que en su caso y en su momento emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto de este, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio al quejoso pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Conviene dejar claro que el juicio de amparo es procedente contra la determinación de competencia, siempre y cuando sea la última, es decir, aquella resolución que acepte o reciba la competencia que le fue planteada, lo que en la especie, aún no ha acontece, pues se requiere de la aceptación de competencia de otro Tribunal, para que produzca contra el peticionario de amparo una afectación personal y directa en sus derechos sustantivos, esto es, que el acto reclamado ha producido todos sus efectos. Por tanto, se concluye que el acto reclamado no puede ser calificado como definitivo para el solicitante del amparo, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atribuirle dicho calificativo. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad responsable haya indicado en el auto de incompetencia que la demanda la turnó a determinada autoridad, cuando lo correcto era al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, según lo ha expuesto la parte quejosa; sin embargo, esto se trata de un simple error mecanográfico, que no incide en algún modo en la determinación de incompetencia y su falta de definitividad. En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante la actualización de la causal de improcedencia, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción VIII, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. Captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el actuario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite, el original del expediente en que se actúa, un anexo y copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región dentro del Toca xxx/2020, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por xxxxxx. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese el recibo correspondiente. Cabe precisar que el cuaderno de antecedentes del presente asunto se formó con copia de algunas constancias que obran en el expediente principal, por lo cual, a fin de evitar la duplicidad innecesaria, se ordena desglosar de dicho cuaderno las actuaciones subsecuentes al proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve [acuerdo que se emitió antes de su remisión], a efecto de que sean agregadas a este expediente. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la superioridad, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse negado del amparo y protección de la justicia federal, se indica que el presente expediente es DEPURABLE. Por lo cual, deberá conservarse por el término de tres años, contados a partir del presente auto, y una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; y demás documentos que considere la titular de este órgano jurisdiccional. Finalmente, por ser innecesaria la permanencia de las constancias enviadas por la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución. Notifíquese

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