Josue Eduardo Rico Torres
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Josue Eduardo Rico Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese el oficio remitidos por la Jueza Septuagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibo del oficio por el que se le devolvió un cuaderno de pruebas; por lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le requirió. En consecuencia, archívese este expediente como totalmente concluido, así como los incidentes de suspensión, previas las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que estipula el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós; en ese sentido, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86, de la Ley de Amparo y con fundamento en el artículo 2° de la propia ley y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles; se declara que la determinación que SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, únicamente en un tanto; y entréguense las mismas por conducto de persona autorizada para tal efecto, previa comparecencia que por su recibo obre en autos; lo anterior, en virtud de que no se demuestra la necesidad de que se expida más de un juego de las copias solicitadas. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa solicitando la devolución del billete de depósito. No obstante, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en interlocutoria de cinco de abril del año en curso, no se tuvo por exhibido el billete de depósito referido, por lo que desde dicha fecha, el billete de depósito referido se dejó a disposición del promovente. En ese sentido, se hace del conocimiento del promovente que, atendiendo al contenido del capítulo II del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", a efecto de que se le permita la entrada al local que ocupa el órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que encontrará un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual se advierte el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de las mismas, para que pueda consultar el expediente en que se actúa, y de ser su deseo, realice las gestiones para que se le expidan a su costa las copias certificadas que solicita y se le haga entrega del billete de depósito que refiere. En el entendido que dicha cita deberá programarse de martes a jueves, en un horario de las nueve a las catorce horas, a fin de que en la fecha y hora que le sea asignada la cita, el personal adscrito a este órgano jurisdiccional agilice la entrega del título valor señalado. En diverso aspecto, de la certificación que antecede y el estado procesal de los presentes autos, se advierte que a la fecha, la parte quejosa no ha exhibido la garantía que se le fijó para que surtiera efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, concedida en interlocutoria de cinco de abril pasado; por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que queda expedita la jurisdicción para proceder conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, hasta en tanto no exista sentencia ejecutoria en el amparo o bien se exhiba la garantía de mérito, haciendo la aclaración que, si bien es cierto, para continuar la vigencia de la medida suspensional, es menester que se presente la fianza señalada para ese efecto dentro del término y en las condiciones establecidas, también lo es que el transcurso del lapso otorgado, no significa que el quejoso pierda el derecho de exhibir la garantía, siempre y cuando lo haga antes de que se ejecuten los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CUARTO. Por cuestión de método, previo al examen de los conceptos de violación, en estricto acatamiento a lo ordenado por el artículo 62, de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia vertidas por las partes o que ésta autoridad advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente; como lo establece la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, páginas 553 y 554, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así, se advierte de oficio que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley."De las normas transcritas, se desprende que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, como ocurre en el caso, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por ende, la citada causa de improcedencia se traduce en la falta de interés jurídico que pesa sobre la parte solicitante de la protección constitucional, en relación con el acto que reclama; interés que se hace consistir en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar en vía de amparo cualquier acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Esto es, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, al ocasionar un perjuicio a su titular. Así, se requiere de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses jurídicamente tutelados del peticionario, para que válidamente pueda acudir al juicio de garantías. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad, de manera que otorga la facultad de solicitar el estudio de la constitucionalidad de los actos que el impetrante tilde violatorios de sus garantías. ....Con lo anterior, se concluye que, para que exista un agravio para los efectos del juicio de amparo y se actualice el interés jurídico necesario para promoverlo, es necesario que el acto de autoridad tenga una afectación directa, cierta y actual en la esfera jurídica del peticionario, pues sólo así es dable estudiar su constitucionalidad, en el entendido de que no se puede analizar el fondo del asunto, cuando el acto no incida negativamente en los bienes, derechos o patrimonio del gobernado. En la especie, el quejoso hace derivar la ilegalidad de todos los actos que reclaman, del hecho de que, afirma, se violó su garantía de audiencia, al no ser llamado a comparecer al juicio de origen; y como consecuencia, se duele de todo lo actuado en el juicio ordinario civil expediente número 1095/2019, del índice del juez responsable. Sin embargo, carece de interés jurídico para reclamar tal acto omisivo porque la controversia de origen de donde emanan las actuaciones que se reclaman derivan de un juicio ordinario civil en donde ni en la parte actora ni en la parte demandada figura el nombre del quejoso. En ese tenor, el justiciable es tercero extraño a la controversia del juicio natural, pues no tiene injerencia en la relación jurídico procesal ventilada entre la parte actora y la parte demandada, por lo que carece de interés para reclamar su tramitación, pues no se le demandó prestación alguna, debido a que no participó en la relación jurídica que le dio origen, así como la falta de emplazamiento al mismo. ...Por otra parte, el impetrante constitucional reclamó entre otro como acto destacado, la orden de lanzamiento respecto del bien inmueble que defiende en ésta instancia constitucional, materia del juicio de origen sito en Monte de las Cruces número treinta y ocho, Colonia La Pradera, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal siete mil quinientos, en esta ciudad. En ese orden, es importante establecer que cuando el gobernado se ostenta como persona extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado -como sucede en la especie- y acude al juicio de amparo en defensa del derecho de propiedad o posesión que considera transgredido por un acto de autoridad, para acreditar la existencia de ese derecho se requiere demostrar la existencia de un título o causa generadora de alguna de las figuras previstas en la ley y el poder de hecho que ejerce sobre la cosa. Lo anterior, porque la propiedad y la posesión protegidas por el artículo 14 constitucional y respecto de las cuales es procedente su tutela a través del juicio, es aquel derecho previsto en algún precepto legal (causa generadora o justo título) que se manifiesta a través del poder de hecho que ejerce una persona sobre un bien; esto es, dicho poder, por sí, no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino que esas consecuencias provienen de una base objetiva de la que, de manera fundada y razonada, se deduzca el derecho que tiene una persona sobre un bien específico. Ahora bien, en este asunto para acreditar su interés jurídico, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo los siguientes medios de convicción: 1.- Copia certificada expedida con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, por el Notario Público 106, del Estado de México ésta ciudad, del contrato privado de compraventa de fecha dos de febrero de dos mil diecinueve, celebrado por Rico Hernández José Alejandro y Torres Cervantes Graciela, en su carácter de vendedores y el aquí quejoso Josué Eduardo Rico Torres, en su carácter de comprador respecto del bien inmueble sito en Monte de las Cruces número treinta y ocho, Colonia La Pradera, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal siete mil quinientos, en esta ciudad; y, 2.- Copia certificada de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuadragésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil expediente número 1220/2017, seguido por Torres Cervantes Graciela y Rico Hernández José Alejandro en contra del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y del auto que la declaró ejecutoriada de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, de la que se observa que en dicho fallo, se declaró consumado a favor de los actores la prescripción positiva del bien inmueble sito en Monte de las Cruces número treinta y ocho, Colonia Pradera, Delegación hoy Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal siete mil quinientos, en esta ciudad, sirviendo dicha sentencia como título de propiedad. Debe decirse que tales medios de convicción no son pruebas suficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, para defender los derechos que ostenta a través de esta vía. En efecto, respecto del medio de prueba marcado con el número dos, éste carece de valor probatorio necesario para tener por acreditado algún derecho de propiedad o posesión en su favor, dado que con dicha prueba lo único que se acredita es que existió un procedimiento judicial en el cual el quejoso no tuvo participación y por ende, no formó parte del procedimiento judicial del que emana esa copia certificada, de ahí que sea insuficiente para acreditar el interés jurídico que dice tener el solicitante de amparo respecto del inmueble que defiende. Por otro lado, en lo que se refiere al contrato privado certificado por el Notario Público 106, del Estado de México ésta ciudad, tiene valor probatorio únicamente para demostrar que dicho fedatario tuvo a la vista el original de dicho pacto volitivo, expidiéndose una copia certificada del mismo el trece de febrero de dos mil diecinueve. Sin embargo, debe decirse que el hecho de que el referido contrato haya sido presentado ante un fedatario público para que se realizara una copia certificada del mismo no hace constar la autenticidad del acto contenido en él, en orden con su naturaleza jurídica; esto es, la referida certificación sí le otorga el carácter de un documento de fecha cierta al momento que el notario lo certifica de tenerlo a la vista, pero no trasciende a la veracidad del acto o contrato de compraventa que no haya sido ratificado por sus celebrantes, pues para ello habrá de realizarse esa ratificación ante un funcionario público autorizado, para su validez y eficacia plena. Al respecto cabe traer a contexto lo establecido en el artículo 113 de la Ley del Notariado del Estado de México, el cual establece lo que debe entenderse por certificación notarial: "Certificación notarial es la razón en la que el notario hace constar un acto o hecho que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento preexistente, también lo será la afirmación de que una transcripción o reproducción coincide fielmente con su original". Por su parte el artículo 111, del citado ordenamiento legal, dispone que copia certificada es la reproducción que de una escritura, un acta, sus documentos de apéndices o bien, de los documentos presentados por los interesados, expida un notario o el titular del Archivo. De lo anterior se advierte, que las certificaciones realizadas por los notarios públicos, únicamente dan fe de un acto o hecho que obra en su protocolo, en un documento expedido por él mismo o en un documento preexistente, así como la afirmación de que la transcripción coincide con el original que fue puesto a su vista, lo cual es diferente a realizar una ratificación de firmas ante un funcionario, para que pueda tenerse por reconocido su contenido y las firmas plasmadas. Lo cual se robustece con el contenido de la certificación realizada por el Notario Público número ciento seis del Estado de México, con sede en Atizapán de Zaragoza, que obra al reverso del contrato exhibido por el impetrante, que dice: ".C E R T I F I C O- - - - Que las presentes copias fotostáticas constantes de DOS FOJAS ÚTILES son una fiel reproducción de su ORIGINAL que tengo a la vista y con las que practiqué riguroso cotejo y concuerda exactamente en todas y cada una de sus partes. Lo que se hace constar de conformidad con lo previsto en el artículo setenta y dos de la Ley del Notariado vigente, para el Estado de México. Para constancia de lo anterior, se levantó el registro número CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE, del Libro "CUATRO" DE COTEJOS, autorizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno para la Notaría a mi cargo, en la Ciudad de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a los trece días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, protegida con holograma.- Doy Fe.- LIC. LUIS GERARDO MENDOZA POWELL Notario Público Número Ciento Seis Del Estado de México." En ese orden de ideas, es de señalarse que el contrato presentado ante Notario Público para que fuera expedida una copia certificada del mismo, con él no se puede tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa para reclamar los derechos de posesión que aduce tener respecto del inmueble que defiende, materia del juicio natural, en razón de que como se señaló en párrafos precedentes, si bien debe tenerse como fecha cierta de dicho documento aquélla en la cual se presentó ante el notario público para que se expidiera una copia certificada del mismo; empero, si el contrato no fue ratificado en cuanto a sus firmas ante el Notario Público es que carece de eficacia. ...interés jurídico, que debe demostrarse fehacientemente." Por consiguiente, resulta correcto concluir, que con el contrato en estudio exhibido como prueba por el quejoso, no puede tenerse por demostrado su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurriera resultaba necesario que el referido documento fueran ratificado en su contenido como en las firmas que lo calzan, ante funcionario público en ejercicio de sus funciones, ya que como se precisó en líneas precedentes, la certificación insertada en dichos documentos y que fue realizada por un Notario Público en ejercicio de sus funciones sólo hace prueba plena de que el documento fue presentado ante él para certificar que tuvo el original a la vista, sin que se de fe de la celebración de dicho acto; es decir, no se certificó la supuesta legalidad del contrato exhibido por el quejoso en relación al inmueble controvertido. Por lo que dicha documental privada, al no reunir los requisitos previstos en la ley al momento de la presentación de la demanda, no produce efectos contra terceros, debido a que sólo adquirió el carácter de documento con fecha cierta al presentarse para su certificación ante Notario Público; sin embargo, dicha certificación no trasciende a determinar la existencia del acto jurídico contemplado en el documento, ya que ello sólo hubiera ocurrido cuando las partes signantes hubieren comparecido ante notario o funcionario público a ratificar las firmas plasmadas y en su caso a reconocer el contenido del mismo. Con lo que se concluye que no se acredita que los actos reclamados afecten la esfera jurídica del peticionario de garantías, pues si bien es cierto el justiciable manifestó prácticamente tener la posesión respecto del bien inmueble materia del juicio de origen, también lo es que el mismo carece de legitimación para ejercitar la acción constitucional, ello en virtud de que el acto que reclama no causa un agravio personal y directo a su esfera jurídica. Lo anterior se debe a que el interés jurídico o legítimo necesario para promover el presente juicio de amparo solamente lo tiene el titular o titulares del derecho afectado y no terceras personas (como lo es la parte quejosa). Aquí, resulta importante señalar que las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia de un título tiene efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo; esto es, respecto de la posesión jurídica del bien correspondiente, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En efecto, conforme a los artículos 790 y 793 del Código Civil para esta ciudad, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho; esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en caso de que la posesión que se aduce no se encuentre sustentada en un título (entendiéndose por título no sólo un documento sino la causa jurídica por la que entró a poseer el bien relativo), los juzgadores de garantías deben sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico o legítimo, en términos de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, como en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte que demuestre que el acto o ley que reclame afecta su interés jurídico o legítimo, y en el caso a estudio el impetrante, no está en aptitud legal para reclamar las violaciones que señala en su respectivo escrito de demanda, surtiéndose así la causal de improcedencia, que se consideró operante. Atento a lo determinado en este considerando, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, toda vez que se demostró que carece de interés jurídico o legítimo para reclamar la titularidad del inmueble materia del juicio primigenio. En este contexto, al no acreditar el quejoso su interés jurídico en el presente juicio de garantías; es decir, ser titular de un derecho subjetivo respecto del bien inmueble que dice detentar; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la misma ley, respecto a los actos reclamados del JUEZ SEPTUAGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A DICHO JUZGADO. Por lo anteriormente, expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 226/2022-I, promovido por ****, por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
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