Josué Echeverría Benítez

Expediente 1217/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1217/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Josué Echeverría Benítez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1217/2022-II, promovido por **** por conducto de su apoderado legal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al siguiente día a este Juzgado Séptimo de Distrito, Josué Echeverría Benítez, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO, en el auto de 05 (cinco) de agosto del 2022 (dos mil veintidós), quienes son los encargados de ministrar los recursos económicos presupuesta les a la demandada y por ello obligadas a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, Así COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideró pertinente. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto y se registró como juicio de amparo indirecto 1217/2022-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se emplazó a juicio al tercero interesado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: A) La OMISIÓN de otorgar las garantías de acceso a la justicia pronta y expedita, y sobre todo la de tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que se ejecute de manera pronta el laudo emitido en el juicio laboral 60/2011; ello en virtud de que la responsable no vinculó al cumplimiento a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dentro del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Tribunal laboral responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En ese orden, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, acto que han quedado identificados en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidente, negó que se estuvieran violando los derechos fundamentales que adujo la parte quejosa en su demanda de amparo; sin embargo, hizo manifestaciones posteriores que dejaron ver la existencia de los actos que se les reclama al tribunal obrero; por ello, se tiene cierto el acto que reclama la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral que remitió con su informe justificado la autoridad responsable, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causal de improcedencia alguna, por cuanto hace al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se procede al análisis de dicho acto. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Al no advertirse causa de improcedencia alguna, respecto al acto reclamado, se procede a examinar el fondo del debate planteado a la luz del concepto de agravio vertido, respecto del cual se omite su transcripción, atento a que ello no es obligatorio para este Juzgador, además de que no se afectan las defensas de las partes. En ese sentido, debe sostenerse que el concepto de violación es fundado, aun cuando para estimarlo así sea necesario suplirlo en su deficiencia con apoyo en lo dispuesto en el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse el quejoso de la parte trabajadora en el juicio obrero de origen, en relación al 76 de la citada Ley. El impetrante de amparo se duele medularmente de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, se negó a vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para lograr la pronta y completa ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 1117/2006, además de que se le violenta su garantía de una tutela jurisdiccional efectiva, pues, narra en los antecedentes de su demanda, que el ocho de diciembre de dos mil diez, el tribunal laboral dictó laudo en el citado juicio y a pesar de que ha requerido en muchas ocasiones a la parte demandada el cumplimiento del laudo, y le ha aplicado las multas respectivas, no ha podido ejecutarlo, cumpliendo a la fecha de emisión de la presente resolución, aproximadamente doce años desde la emisión del laudo. La anterior afirmación se corrobora con las copias certificadas del procedimiento obrero génesis del acto reclamado, que obran el presente juicio constitucional; documentales a las que se les concedió valor probatorio pleno previamente. De manera que, resulta innegable que el Tribunal responsable, tanto en el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, como en anteriores, ha requerido el pago de la cantidad a la que fue condenada la parte demandada, sin obtener éxito, ya que se encuentra en un círculo jurídico vicioso, consistente en que, al hacer efectivas las multas a que se refiere el artículo 95 de la Ley 51 del Estado de Guerrero, estas no son ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, o sólo algunas, y al hacérselas efectivas a dicha Secretaría por incumplir en su cobro, no se las cobran ellos mismos, sin que la mencionada Ley Burocrática establezca diversa forma para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, obstaculizando de manera indefinida el pago del laudo que constituye cosa juzgada, en perjuicio de la parte trabajadora, quien no obtiene el beneficio de haber conseguido ganar en juicio. Es aplicable la tesis siguiente: "Registro digital: 2017787 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.XXI. J/14 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1379 Tipo: Jurisprudencia AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El acto de carácter negativo que tiene la consecuencia de no dictar una medida eficaz para lograr el cumplimiento cabal del laudo que constituye cosa juzgada, constituye una resolución que tiene una autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, que es cosa juzgada y a la vez afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y, por ende, afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente el derecho a que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo al ser inherente al derecho a que se administre justicia, pues una sentencia o laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado cuando el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa materialmente a su patrimonio de manera total y plena. En consecuencia, el juicio de amparo indirecto procede contra el auto dictado en el periodo de ejecución de laudo que niega proveer sobre una medida de apremio o imponer una de mayor entidad para ejecutarlo, toda vez que afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva y porque aun cuando dicha negativa no tenga la consecuencia de paralizar en forma total la ejecución del laudo, sí tiene la de obstaculizar de manera indefinida su ejecución del laudo, con lo cual no se logra una justicia pronta y eficaz." Conviene mencionar que con motivo de la reforma en materia laboral, se estableció que debe haber una mayor sensibilización por parte de los juzgadores al haber más y mejores derechos para los trabajadores, así como mayor apertura para el acceso a la justicia, y desde luego no debemos olvidar la tutela judicial efectiva, de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normativos que se transcriben enseguida, los cuales tienen estrecha relación con los principios interpretativos pro actione, en relación con los diversos iura novit curia y da mihi factum o dabo tibi ius, que determinan que las normas procesales deben interpretarse de tal manera que se extienda el acceso a la justicia en ponderación a los hechos narrados en el caso específico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Convención Americana sobre Derechos Humanos: "ARTÍCULO 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "ARTÍCULO 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Asimismo, es aplicable la tesis siguiente: "Registro digital: 2005018 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: XVII.1o.C.T.33 L (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1625 Tipo: Aislada TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN MATERIA LABORAL. SE CUMPLE CON ESTE PRINCIPIO CUANDO LA JUNTA RESUELVE LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ A LA ACCIÓN. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la tutela efectiva, con base en el principio interpretativo pro actione, en concordancia con los diversos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, prescribe que las normas procesales deben interpretarse de manera que se maximice el acceso a la justicia, por lo que se prefiere la interpretación que sea tendente a la prosecución de una resolución que decida el fondo de la cuestión planteada, en la inteligencia de que el ejercicio hermenéutico no es únicamente del derecho, sino de la voluntad de las partes, es decir, al juzgador que le corresponde resolver un conflicto, primeramente debe entender los términos en que dicha controversia se plantea, lo que sólo podrá lograr cuando analice la intención de los contendientes a través de las manifestaciones que al efecto se produzcan. De ahí que si en un juicio laboral, la parte actora señala que reclama determinada acción, pero en observancia al artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en su demanda esgrime diversos hechos de los que se advierte la voluntad o intención de reclamar una distinta, la Junta debe resolver la cuestión efectivamente planteada, no obstante la denominación dada a la acción, en virtud de que le corresponde dirimir si los hechos expuestos en la demanda se subsumen en alguna hipótesis normativa, siempre que esa determinación no ocasione a la contraparte una restricción a sus garantías procesales." Ahora bien, resulta necesario asentar qué es lo que se entiende por el derecho a la tutela judicial efectiva, y al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1670/2003, sostuvo que el artículo 17 de la Constitución entre otras garantías, contemplaba el derecho a la "tutela jurisdiccional", que definió como: ".el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Teniendo claro a lo que se refiere la tutela jurisdiccional, a criterio del suscrito juzgador federal el actuar del tribunal obrero violenta la garantía de pronta y expedita administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, consagradas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es obligación de dicha autoridad agotar todos los mecanismos legales que tenga a su alcance para lograr la eficaz y pronta ejecución del laudo, sin sea obstáculo que dicha autoridad, se encuentra en un "círculo jurídico vicioso", causado por el propio legislador local, que le impide ejecutar de manera pronta su laudo, ya que el artículo 97 de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, es acorde a lo que estipula el mencionado normativo Constitucional, precepto que dispone: "ARTÍCULO 97. El Tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." En esas condiciones, de las garantías que consagra dispositivo 17 Constitucional, las que resultan útiles para resolver el asunto que nos ocupa, es la referida a la justicia pronta y la tutela jurisdiccional efectiva, como se dijo, la cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, así como de ejecutarlas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional en estudio se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia y, en su caso, la ejecución de la resolución definitiva. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral completo, es decir, al trámite, al laudo y a su ejecución. De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Como se ve, tal precepto impone al Tribunal laboral la obligación de proveer sobre la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, lo cual es acorde con los principios de inmediatez, sencillez y oralidad que rigen todo procedimiento obrero. Debe decirse que si bien el Tribunal laboral ha intentado la ejecución de su laudo requiriendo y aplicando las multas establecidas en el normativo 95 de la Ley 51 del Estado de Guerrero, también lo es, que sus esfuerzos han resultado improductivos, sin que obste para ello, que el legislador le impuso como única forma para que se ejecuten las resoluciones laborales, sin que fuera aplicable supletoriamente alguna legislación alterna, ya que como se dijo, en el artículo 97 de dicha Ley Burocrática, es acorde a lo que señala el 17 Constitucional. Sin que se inadvierta la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 168880 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 133/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 227 Tipo: Jurisprudencia LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." La tesis anterior si bien refiere que el Tribunal laboral además de tener la multa como medida de apremio para obtener la eficaz ejecución de su laudo, también tiene una diversa gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de sus laudos, sin embargo, no se especifica cuáles son esos instrumentos, y es aunado a que se habla en específico del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y no para el caso de los Tribunales laborales del Estado de Guerrero, y en específico en los asuntos en que el demandado lo es un Ayuntamiento Municipal. Ahora bien, de las propias constancias remitidas por la responsable se desprende que el cinco de agosto de dos mil veintidós, a petición de la parte trabajadora, dictó acuerdo en el que se negó a vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; evitando con ello, una vía más rápida para obtener la cabal y efectiva ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 1117/2006, siendo los argumentos para dicha negativa, los que se transcriben enseguida: "Chilpancingo, Guerrero, a cinco de agosto del año dos mil veintidós. (.) Luego entonces de los numerales antes transcritos se desprende que este Tribunal no puede hacer mas de lo permitido por a Ley competente, como lo son las multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la región no obstante a que en el artículo 97 de dicho ordenamiento legal faculta a este Tribunal a dictar las medidas necesarias en la forma y términos a consideración de este Órgano Laboral sean procedentes, sin que ello lleve implícito hacer uso de medidas de apremio, o implementar figuras jurídicas aplicables en otras materias legales y que por obvias razones son diversas a las establecidas en la Ley de la Materia, no importando el hecho de que el artículo 95 de la Ley en comento detona el verbo "PODRÁ" en el enunciado que lo compone, toda vez que como se insiste, el actuar de este Tribunal debe estar sujeto a lo que el legislador previó en la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores del Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, la cual resulta ser la aplicable al presente caso, proceder que se comparte y robustece con el criterio jurisprudencial que a la letra dice: .LAUDOS, CUMPLIMIENTO DE LOS.LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO TLAXCALA NO DEBE AFECTAR LAS PARTIDAS DESTINADAS A LOS MUNICIPIOS, POR CARECER DE FACULTADES LEGALES PARA ELLO. Luego entonces por lo anteriormente expuesto y considerado, dígasele al promovente que no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado referente de vincular al cumplimiento del laudo al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO D GUERRERO, ala SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, esto para los efectos legales a que haya lugar. . Notifíquese personalmente a las partes. (.)" No obstante los argumentos transcritos, asi como también lo es que no refiere que está exento de cumplir con las sentencias que en contra de ellos se emitan, además de que la propia Ley 51, en su artículo 33, fracción VIII, refiere que los municipios tienen la obligación de cumplir en sus términos los laudos dictados por el Tribunal laboral Estatal, por lo que no debió negarse a vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, pues es esta quien le suministra los recursos al municipio demandado, y puede, de los recursos que le corresponden, exhibir el pago del laudo, ya que el Ayuntamiento demandado ha evitado a toda costa realizar el pago mencionado, normativo que dice: "ARTÍCULO 33.- Son obligaciones de los Poderes del Estado, Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado: (.) VIII.- Cumplir en sus términos los laudos del Tribunal de Arbitraje del Estado." Así pues, se tiene que la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se ha excedido del plazo razonable que se tiene para que se ejecute su laudo, además de que nada justifica que deje de promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo, omitiendo dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lograr ese objetivo; violando con ello el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva de la parte trabajadora. En congruencia con los anteriores razonamientos, resulta patente la violación a las garantías constitucionales a que se ha hecho referencia; en consecuencia, acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en restitución en el pleno goce de las garantías violadas, se impone conceder al quejoso Josué Echeverría Benítez, por conducto de su apoderado legal, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: 1) Deje sin efectos el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que negó vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y otra, y proceda de inmediato a vincular al Secretario de Finanzas en cita, al ser este quien distribuye los recursos correspondientes al Ayuntamiento demandado, y le requiera el cumplimiento total del laudo en los términos que correspondan, otorgándole un plazo razonable, pero perentorio para ello, con el apercibimiento que considere aplicable, dentro del juicio laboral 1117/2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el Tribunal de Conciliación responsable, continúe requiriendo al Ayuntamiento demandado, debiendo agotar todas las medidas legales que tiene a su alcance para que se dé cumplimiento a ello, sin exceder los términos y plazos señalados en la ley. SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a en términos de lo razonado en el considerando QUINTO y para los efectos señalados al final de dicho considerativo de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, Guerrero; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso oficio 19229/2022 de dieciocho de agosto del año en curso; por tanto, se le tiene legalmente emplazado al presente juicio de amparo. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarse a cabo, toda vez que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 19229/2022, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Por tanto, a fin de lograr la debida integración del presente sumario, requiérase al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por medio de oficio que se le gire, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se notifique el mismo, informe la fecha en que recibió el oficio 19229/2022 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver el presente juicio de amparo; apercibido que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedor a una multa de CINCUENTA UNIDADES de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237 fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de cada unidad para el año dos mil veintidós, es por la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos 22/100 moneda nacional). En consecuencia, y a fin de dar margen a lo anterior ocurra, se difiere la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que éste constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados sus alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la audiencia constitucional y de tomarse en consideración en la etapa procesal oportuna. Por otra parte, dígasele al Representante Social de la Federación oficiante, que la expedición de copias en el presente juicio, fueron autorizadas en el auto de radicación y una vez que se emita la resolución o el auto correspondiente le será entregada la copia correspondiente.

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