JOSUE DIAZ JIMENEZ y Otros.
Expediente 1002/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JOSUE DIAZ JIMENEZ y Otros.
- Josue Diaz Jimenez
- DANIEL MENDEZ GIRON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - El auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, el día cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por considerarlos coautores de un hecho que la ley señala como delito de transporte por el Territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado por los artículos 159 fracción III y 160 fracciones I y II, de la Ley de Migración, en términos del artículo 13 fracción II del Código Penal Federal. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. Es CIERTO el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, por así haberlo aceptado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada que anexó a su informe y con los registros de audio y video de la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada, la cual remitió la autoridad judicial responsable en un disco en formato DVD. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias existentes en el juicio de amparo y que remitió la autoridad responsable, las cuales previamente fueron valoradas. 1. El uno de septiembre de dos mil veintitrés, siendo las seis horas con cuarenta y dos minutos, cuando se encontraban los policías municipales ... recibieron una llamada anónima en la que refieren que había tres camionetas tipo camper y una de 3 toneladas dos de ellas con las siguientes características: a). Marca Ford, ... b). Camioneta de color gris con camper marca Toyota, con placas de circulación, del estado de Oaxaca, y tres c). Camioneta de con camper de color roja sin placas de circulación, que transportaban a personas indocumentadas, las cuales estaban ingresando sobre calle ... Oaxaca. Por ello, los elementos policiacos, se trasladaron a bordo de la unidad marcada con el número económico 044 de la policía municipal, a las calles de Teotzapotlán, esquina con Pelaxila, del barrio San José de ese Municipio, donde detuvieron a los aquí quejosos cuando transportaban a diversas personas extranjeras sin contar con legal estancia en el país; los pusieron a disposición de la Fiscalía General por violar la ley de migración. 2.- Al estar realizando las entrevistas el Agente de Migración éste refirió que había una persona del sexo masculino quien dijo que quería arreglar las cosas con los policías y ofrecía la cantidad de 1... para que dejaran ir a todos, por tal motivo se le realizó la lectura de derecho al detenido informándole que quedaría detenido por el delito de cohecho y que sería puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. 3.- En continuación de la audiencia inicial, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se vinculó a proceso a los imputados de mérito por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de quien transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado por los artículos 159 fracción III y 160 fracciones I y II, de la Ley de Migración, en términos del artículo 13 fracción II del Código Penal Federal Resolución que constituye aquí el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone como concepto de violación el siguiente: a). Que la resolución reclamada vulnera sus garantías individuales, porque la Juez responsable vinculo a proceso a los aquí quejosos, sin que existiera datos de prueba que establezcan el delito de tráfico de personas. b). Que la Juez responsable transgrede en perjuicio de los quejosos los derechos fundamentales de legalidad (exacta aplicación de la ley), fundamentación y motivación. c). Que la resolución reclamada le causa perjuicio en virtud de que contrario a lo argumentado por el Juez responsable no se encuentran acreditados los elementos subjetivos o externos que constituyan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probable responsabilidad en su comisión. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, cabe destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. I. Que se haya formulado la imputación. II. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de tres de septiembre de dos mil veintitrés, se calificó de legal la detención de Josué Díaz Jiménez y Daniel Méndez Girón, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de transporte por territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto en el artículo 159, fracción III, y 160 fracción I y II, de la Ley de Migración, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara al imputado la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de tres de septiembre de dos mil veintitrés, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tienen como procesados, y asistidos de un defensor federal, se les dio la posibilidad de declarar, manifestando su deseo de no emitir su declaración. Ahora, para justificar el tercero y cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, la juez responsable tomó en consideración los datos de prueba expuestos por el fiscal investigador y expuso: ".Se vinculó a proceso al imputado ..., por el hecho narrado e imputado en audiencia, consistente en esencia, en que ..., fueron detenidos aproximadamente a las 06:59 horas, del 01 de septiembre de 2023, por elementos de la Policía Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, a sobre la calle Teotzapotlán, esquina con Pelaxila, del barrio de San José del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, cuando transportaba a personas de origen extranjeras sin contar con su legal estancia en el país, mientras conducían diversos vehículos. Por lo que hace a D.M.G. un vehículo color gis, con Camper, marca Toyota, tipo Tundra, con placas de circulación RU1854-A del Estado de Oaxaca, en el que transportaba a 32 personas, entre ellas 24 menores de edad, de entre las edades de ... años de origen guatemalteca y hondureña, resultando 30 personas guatemaltecas y 2 personas hondureñas. Con relación a J.D.J, mientras conducía el vehículo marca Ford, tipo c...en el que transportaba a 46 personas de origen extranjero, entre ellos 10 menores de edad, de las siguientes edades 1, 3, 8, 9, 14 y 17 años, todos de origen guatemalteca y hondureña, resultando 30 personas guatemaltecas y 2 personas hondureñas. Asimismo, en dicho vehículos también se encontraba señor ... cuando transportaban a las personas de origen extranjera sin contar con la documentación correspondiente y por lo que respecta a usted señor E.L.P y/o J.A.C.P., fue detenido aproximadamente a las 09:40 horas en las oficinas que ocupa el cuartel de la policía municipal de la villa de Zaachila, Oaxaca, cuando ofrecía a los elementos policiacos la cantidad d ...para efectos de dejarlos ir a todos. Hechos cuya clasificación jurídica preliminar se realizó por la fiscalía con base en el delito de Violación a la Ley de Migración, en su hipótesis de transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, ilícito previsto y sancionado por el artículo 159 fracción III, de la Ley de Migración, con las agravantes previstas en la fracción I, II, del artículo 160, de la misma ley (por los cuatro imputados); y, cuanto hace a ... el diverso de Cohecho, previsto en el artículo 222, fracción II, del Código Penal Federal. En términos de los artículos 7º, fracción II, 8º.,9 párrafo 1º y 13 fracción III, del Código Penal Federal". Con el material probatorio en cuestión, la Juzgadora concluyó que los quejosos realizaron un hecho que la ley señala como el delito de transporte por territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto en el artículo 159, fracción III, con las agravantes previstas en la fracción I y II, del artículo 160, de la misma ley. Sin embargo, el auto de vinculación a proceso dictado por la autoridad responsable que se observa en el audio y video, no coincide con la versión transcrita que remitió. Esto porque desde el inicio de la diligencia hasta la conclusión del auto de vinculación a proceso, dicha constancia contiene un extracto, incompleto e inexacto, de lo acontecido en la diligencia donde se emitió el auto de vinculación a proceso de los imputados, durante más de dos horas que dura el archivo de audio y video. Ante tal circunstancia, en suplencia de la queja deficiente, conforme lo establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, es fundado el concepto de violación en beneficio del quejoso, atinente a que la versión transcrita en el archivo pdf no corresponde a la diligencia que se percibe en el archivo de audio y video que remitió la responsable con su informe justificado, lo que vulnera su derecho humano al debido proceso. ... En el particular, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no solo deben cumplirse con los requisitos previstos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que se señalaron con antelación y se transcribió la parte relativa de su contenido. Sin embargo, esos no son los únicos requisitos que debe atender el Juez de Control al emitir un auto de vinculación a proceso, toda vez que el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." De lo anterior se advierte, que una vez que la autoridad judicial pronuncie una resolución, verbigracia el auto de vinculación a proceso, aun y cuando su emisión sea de forma oral y obre en una videograbación, tiene la obligación de emitirla a su vez por escrito, sin que ello exceda de veinticuatro horas. Así, no basta que el Juez de control determine en audiencia oral, que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional a efecto de dictar un auto de vinculación a proceso; sino que dicha resolución debe constar por escrito a efecto de proteger la seguridad jurídica de las partes, lo cual implica una formalidad en la emisión del acto reclamado, que expresamente contempla el numeral 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque la versión escrita de la resolución reclamada, busca proteger la seguridad jurídica de las partes, ya que cada una tiene en escritura los argumentos que sirvieron a la autoridad para afectar sus derechos fundamentales, y con ello puede controvertirlos en plenitud. ... De igual manera se invoca en apoyo la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, Plenos de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época Materias Penal, registro digital 2023207, de rubro y texto. "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito." También se invoca en apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 125, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, con número de registro digital 2015127, que expresa. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Efectos de la concesión del amparo. Que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en atención a lo establecido en el artículo 67, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, retome la resolución por escrito del auto de vinculación a proceso emitida contra los aquí quejosos, a efecto de cumplir con las formalidades del procedimiento, sin que pueda sustituir o complementar lo expresado en la audiencia inicial en la que se dictó la resolución reclamada, para que así las partes estén en posibilidad de controvertir en plenitud los argumentos ahí contenidos. Finalmente, como la protección constitucional se concedió por vicios formales, es innecesario el estudio de los aspectos relacionados con el fondo del asunto, pues en primer término debe subsanarse la violación de que se trata para que los quejosos estén en posibilidad de ejercer las acciones que a su interés convenga. SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ... contra el acto reclamado a la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de ..., defensor público federal adscrito a la Delegación Chiapas del Instituto Federal de Defensoría Pública y como tal de los quejosos ... y en atención a su contenido, por conducto del actuario de este juzgado, a través de los correos electrónicos tomas.arias.velasco@correo.cjf.gob.mx y arias_1711@hotmail.com,, como lo solicita, remítasele el auto admisorio del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el alegato de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, según disposición expresa de su artículo 2º, en su oportunidad, expídasele a su costa copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo; lo anterior previa razón de entrega que se deje en autos, y conforme a las labores del juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado SUSPENDIÓ labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. En tales condiciones, hasta esta fecha agréguese a los autos únicamente para que conste como corresponda el oficio 381 recibido vía correo electrónico y ordinaria, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, toda vez que en proveído de seis del mes actual, se acordó el comunicado 353/2023, a que hace referencia. Asimismo, incorpórese para los mismos efectos el diverso comunicado de cuenta, toda vez que en proveído de seis de octubre en curso, se ordenó agregar a este expediente al haberse recibido vía correo electrónico. Finalmente, la celebración de la audiencia constitucional que tendría lugar el veinticuatro de este mes y año, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Josias Hernandez Manzano1038/2022
- Josiel Canseco Bautista551/2018
- Josue Cruz Gutierrez408/2018
- Josue Daniel Hernandez Amaya1437/2017
- Josue Daniel Hernandez Amaya1244/2018
- Josue Daniel Hernandez Amaya1207/2023
- Josue Diaz Jimenez1010/2023
- Josue Hernandez Marquez154/2021
- Josue Israel Gonzalez Flores1149/2019
- Josue Jarquin Cazares1327/2022
- Josue Jarquin Cazares1328/2022
- Josue Larrinaga Acuña860/2022