Josue de Jesús Salinas

Expediente 1330/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1330/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Josue de Jesús Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA VII.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, causo estado el proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, acordándose lo conducente respecto al archivo del sumario constitucional en que se actúa, sin embargo, no se proveyó lo conducente respecto al destino de los cuadernos incidentales. Por tanto, se provee El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo tercero). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, párrafo tercero del acuerdo en mención). En el entendido que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII.La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de cuatro de octubre del año en curso (fojas 47 a 52), por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes. En otro orden de ideas, devuélvase al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, la copia certificada del expediente 355/2011, de su índice estadístico, así como la copia certificada del incidente de liquidación de sociedad conyugal, relativo al expediente de referencia, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tendrá como tal, el acuse del oficio por el cual se le haga entrega. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I y II). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Asimismo, se precisa que en el presente cuaderno no existen documentos de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; y, a consideración de este órgano de control de la constitucionalidad, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII.Del estado procesal que guardan los presentes autos y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado materia de estudio en el presente juicio de amparo lo constituye: La resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el juez responsable, en el expediente 355/2011, en la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de nueve de julio de la presente anualidad, mediante el cual inadmite el incidente de liquidación de sociedad conyugal. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda y constancias allegadas por la autoridad responsable, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Ahora bien, del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, se advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, como a continuación se expone. Es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular las documentales enviadas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. El término de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que el término será de treinta días. Ahora, el ordinal 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece: Artículo 1.149.- Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación. Inicio del plazo común." De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que los términos empiezan a correr al día siguiente de hecha la notificación. Conviene resaltar que el aludido precepto legal fue objeto de una interpretación en la contradicción de tesis 57/2015, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que con frecuencia, algunos preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en que surten efectos las notificaciones, no obstante al hablar de plazos, entre ellos, el 1.149 del invocado código, señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, de lo cual concluyó que las notificaciones surten efectos el mismos día que se practican. En el caso a estudio, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el juez responsable, en el expediente 355/2011, en la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de nueve de julio de la presente anualidad, mediante el cual inadmite el incidente de liquidación de sociedad conyugal. Motivo por el cual, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora, resulta evidente para este juzgador, que respecto del acto reclamado por el quejoso, Josué de Jesús Salinas, éste fue notificado el siete de agosto de dos mil dieciocho, lo cual se advierte, de lo manifestado por la parte quejosa lo cual realiza bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable, documentales que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que fue notificado del acto que tilda de inconstitucional (que se analiza en el presente apartado), en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que fue notificado del acto que reclama, conforme a la ley que rige el acto combatido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1718 del Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal." Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo, como quedó precisado en párrafos precedentes, fue notificado del acto reclamado el siete de agosto de dos mil dieciocho. En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, según se advierte de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad (foja 01); por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, ya que el plazo para promoverla se computa a partir del día hábil siguiente al en que fue notificado del acto que se reclama, por lo que el plazo de quince días trascurrió del ocho al veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles, por así contemplarlo los ordinales 18 y 19 de la invocada Ley de Amparo, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando el quejoso estaba obligado a promover el juicio de amparo dentro del plazo de referencia, que en el caso se cuenta a partir del día siguiente hábil al en que fue notificado del acto reclamado. Por ende, se estima que Josué de Jesús Salinas, ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar al quejoso en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto ************** (orden *********), del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Por tanto, téngase por emplazada a la tercera interesada *****************, en su carácter de albacea a bienes de la finada **************. En otro punto, se ordena darle vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por un término continuo de ocho días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese.

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