Josué de Jesús Guillén Arguello
Expediente 18/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2016
Partes del expediente
- Josué de Jesús Guillén Arguello
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO EN EL QUE SE DESECHO LA DEMANDA DE GARANTIAS HA CAUSADO ESTADO... ARCHIVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCPTIBLE DE DESTRUCCION
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Comitán de Domínguez, Chiapas; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 5-A-18/2016. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con el artículo 5º de los lineamientos para la integración del expediente judicial en su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización de las actuaciones que se consideran indispensables, las cuales son las mínimas que deben integrar el expediente de amparo y su modalidad electrónica, consistentes en: boleta de turno; demanda de amparo/ampliación y anexos; resolución inicial (admisión, prevención, desechada, no presentada, etc.); constancias de emplazamiento a las partes y demás constancias de notificación; informes previos y justificados; promociones presentadas por las partes; actuaciones y resoluciones dictadas en la tramitación del juicio y después de concluido; audiencia incidental/constitucional; sentencia; resoluciones dictadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; escritos en los que se interponga algún recurso y la sentencia que lo resuelva; y acuerdo de archivo; de igual forma, una vez analizadas las constancias relacionadas directamente con la litis constitucional (esto es las necesarias para resolver en el presente juicio), a fin de que estas se integren al expediente y el resto de los exhibidos obrarán por cuerda separada físicamente, quedando formalmente vinculados a los autos para los efectos legales correspondientes y a disposición de las partes para su consulta en este órgano de control constitucional. Estas constancias no estarán agregadas materialmente al expediente de amparo y por ende no requerirán ser digitalizadas. Una vez concluido el juicio de amparo, los expedientes remitidos por las autoridades responsables a los órganos jurisdiccionales federales, serán devueltos a la instancia de origen. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente del auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis dictado por la Junta responsable en el expediente laboral J/O/83/2016 de su índice, en el que desechó las pruebas documentales privada e informativa, que refiere en su escrito de demanda. Ahora, respecto de dicho acto se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del precepto 107, aplicada a contrario sensu, de dicho ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Con base en lo anterior, el acto reclamado en esta instancia; no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino solamente tiene efectos intraprocesales, cuyos efectos desaparecerían con el hecho de que obtuvieran una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio natural, y en caso de no ser así, podrá promover amparo directo en términos de lo dispuesto por los preceptos 170 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, y hacer valer las violaciones que aduce se cometieron en su perjuicio que de resultar fundadas podrán dar lugar al otorgamiento de la protección constitucional; con lo cual, se extinguirían los efectos de las referidas violaciones. Así, para efectos del juicio de amparo indirecto, acorde con el sistema legal vigente, los actos irreparables se caracterizan por producir una afectación material al derecho sustantivo; es decir, sus consecuencias deben ser de tal grado que impidan en forma natural el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal u objetiva que no necesariamente llegue a trascender en el dictado de la sentencia. Así, el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo sino que solamente genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte quejosa, quien como se dijo podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda; de ahí, que la resolución reclamada no pueda considerarse como de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme con lo dispuesto por el transcrito artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, décima época, mayo 2014, tomo III, visible a página 1539, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En esas circunstancias, es incuestionable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como como autorizado en los términos que precisa a las personas que menciona. Además, se permite el uso de medios electrónicos para obtener reproducción simple de las actuaciones de autos, dejando la constancia respectiva, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. Notifíquese personalmente.
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