Josué de Jesús Amaro Guevara
Expediente 2249/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 37 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2249/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Josué de Jesús Amaro Guevara
- Comisario General de la Policía Investigadora de la Procuradurpia General de Justicia del Estado de Tamaulipas (Ciudad)
- Agente del Ministerio Publico Adscrito A la Coordinacion de Asuntos Internos. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja interpuesto por Josué de Jesús Amaro Guevara en contra de la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el que fue registrado como recurso de queja 170/2023. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el quejoso ********************, y en atención a su contenido con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso h) de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra de la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por el que se resolvió el incidente de cumplimiento sustituto en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso h), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que deberá anexarse el original y copia del escrito de agravios y copia certificada del expediente, para la sustanciación del recurso de queja de que se habla. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe manifestando que es cierto que esta autoridad dictó el acto materia de la queja. Finalmente, se exhorta a la Analista Jurídica - SISE-, a fin de que realice la vinculación respecto de las constancias electrónicas al Tribunal de Alzada, de referencia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda la constancia actuarial de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la que el Actuario Judicial adscrito manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa Josué de Jesús Amaro Guevara la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por los motivos que expone. Ahora, tomando en consideración el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, realícese la notificación de la resolución dictada en autos al citado quejoso, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de amparo. Notifíquese; y por lista al quejoso.
- Principal
VISTOS los autos para resolución en el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo relativa al juicio de amparo número 2249/2019, promovido por Josúe de Jesús Amparo Guevara, contra actos del Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el buzón judicial, correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Josúe de Jesús Amparo Guevara, promovió demanda de amparo indirecto en contra las autoridades responsables: 1) Coordinación de Asuntos Internos y, 2) Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; ambos residentes en esta ciudad. A quienes atribuyó el siguiente acto: ( El auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, notificado comparecencia de veinticuatro de octubre del mismo año, mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo seguido en su contra, en el expediente 196/2019, bajo el argumento de que, del resultado del proceso de evaluación de control de confianza para su permanencia en el puesto de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Coordinación Estatal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, resultó no aprobado. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quien lo registró con el número 2249/2019; quien por auto de diecinueve de noviembre de ese mismo año, admitió a trámite la demanda. Seguido el procedimiento del juicio de amparo por sus demás trámites legales, el catorce de abril del año dos mil veintiuno, la Juez Tercero de Distrito de Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zagaroza, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia, en la que por una parte, sobreseyó el amparo promovido contra actos atribuidos a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; y por otro lado, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para el efecto siguiente: ". Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se establece que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, a efecto de resarcir al quejoso en el disfrute de los derechos violados, el 2) Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, encargado del expediente de origen, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el auto con el que dio inicio de procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso, dictado el 08 (ocho) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), en los autos del expediente 196/2019; así como todo lo actuado en consecuencia. 2. En caso de considerar procedente emitir un nuevo auto de inicio, indique en éste la causa por la que estima que el quejoso incumplió con los requisitos de permanencia, esto es, el examen o los exámenes en concreto no aprobados y hacer del conocimiento del indiciado las pruebas en que se sustenta el inicio del procedimiento, lo que conlleva la obligación de verificar que éstas se encuentren previstas en la ley, esto es, que sean legales y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio de aquél, es decir, que sean idóneas; resolviendo con plenitud de jurisdicción." TERCERO. Ejecutoria de amparo. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia; por lo que, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento. CUARTO. Imposibilidad de cumplir ejecutoria de amparo. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, con sede en esta ciudad, manifestó encontrarse imposibilitada para cumplir la ejecutoria de amparo, puesto que refiere que el procedimiento administrativo fue sustanciado, y el diecinueve de junio de dos mil veinte, se dictó resolución, en la que se determinó la separación del aquí quejoso Josúe de Jesús Amaro Guevara, del cargo de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, siendo notificada al servidor público el veinticuatro del citado mes y año, a través de estrados. En atención a lo anterior, el quejoso por escrito de veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno, planteó incidente de cumplimiento sustituto (promoción folio 19411). A la anterior promoción le recayó un acuerdo el veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, en el que se determinó que previo a acordar de conformidad el ocurso de cuenta, se debía determinar si existía o no imposibilidad material o jurídica para cumplir el fallo protector; por lo que por auto de veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó de manera concluyente que en la especie existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo; determinación que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, causó estado. QUINTO. Apertura del incidente. En atención al escrito de veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno, signado por el quejoso por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa planteando incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. En dicho proveído se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniese y para que ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Hecho lo anterior por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se fijaron las nueve horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de alegatos, a que alude el artículo 67 de la Ley de Amparo.. QUINTO. Audiencia de alegatos. La audiencia de alegatos, la cual se verificó en términos del acta que antecede, por lo que, al estar el presente incidente en estado de resolución, se procede a dictar sentencia interlocutoria; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El suscrito, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es legalmente competente para conocer el presente incidente a efecto de emitir la opinión correspondiente sobre el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Lo anterior, con apoyo en los artículos 107, fracción XVI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 204 y 205, estos en relación con los diversos el 66 y 67, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Antecedentes. Antes de abordar el estudio sobre si existe imposibilidad material para cumplir con la sentencia que justifique el cumplimiento sustituto, es importante hacer una recopilación de los antecedentes más relevantes del asunto que nos ocupa. Por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia, en el expediente 196/2019, dio inicio al procedimiento administrativo en contra del quejoso como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Coordinación Estatal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Contra dicha determinación el quejoso promovió amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, radicado con el número de expediente 2449/2019; en el que por sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; misma que causó ejecutoria por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. La concesión del amparo se otorgó para el efecto de que el Fiscal responsable dejara sin efecto el acuerdo reclamado, así como todo lo actuado en consecuencia, y en caso de considerar procedente emitir un nuevo auto de inicio, indicara en éste la causa por la cual estima que el quejoso incumplió con los requisitos de permanencia; esto es, el examen o exámenes no aprobados, y hacer del conocimiento del servidor público las pruebas en que se sustenta el inicio de procedimiento, lo que conlleva la obligación de verificar que éstas se encuentren previstas en la ley, que sean legales y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio del procedimiento, es decir que sean idóneas, resolviendo con plenitud de jurisdicción. En cumplimiento a dicho fallo de amparo, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, con sede en esta ciudad, manifestó encontrarse imposibilitado para cumplir la ejecutoria de amparo, puesto que refiere que el procedimiento administrativo fue sustanciado, y el diecinueve de junio de dos mil veinte, se dictó resolución en la que se determinó la separación del aquí quejoso Josúe de Jesús Amaro Guevara, del cargo de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, siendo notificada al servidor público el veinticuatro del citado mes y año, a través de estrados, lo que se corrobora con las actuaciones que allegó al presente expediente. Por auto de veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó de manera concluyente que en la especie existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo; determinación que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, causó estado. TERCERO. Estudio. En principio cabe destacar que de la interpretación armónica de lo previsto en los artículos 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 204 y 205 de la Ley de Amparo, así como del considerando séptimo y del punto segundo, fracción VI, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se advierte que el incidente de cumplimiento sustituto procede a petición de cualquiera de las partes ante el órgano jurisdiccional que conoció de la primera instancia del juicio de amparo respectivo. La razón que subyace a esta institución procesal es que las sentencias de amparo se deben cumplir siempre, pero precisamente ante la inconveniencia de ello o la imposibilidad, el constituyente permanente previó esta figura a través de la cual se puede cumplir la sentencia de amparo de una forma distinta. Si la sentencia de amparo se cumple de una forma distinta de la prevista en la propia resolución -ya sea que se hubiere solicitado por la parte quejosa, que hubiere sido decretado de oficio por el alto tribunal, o que hubiere sido acordado mediante convenio entre las partes-, la disposición constitucional prevé dos formas a través de las cuales se podrá hacer: 1. El pago de daños y perjuicios al quejoso; o bien, 2. El cumplimiento del convenio acordado entre el quejoso y la autoridad responsable, el que deberá ser sancionado por el órgano jurisdiccional de amparo. De este modo, cuando se solicite el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo, el mecanismo a seguir está previsto en el ya citado artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 204 y 205, de la Ley de Amparo, el considerando Séptimo y el inciso D), de la fracción VI, del artículo Segundo del Acuerdo General Plenario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, que disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] XVI.. [.] El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional." LEY DE AMPARO. "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso." "Artículo 205. Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo a partir del momento que ésta cause ejecutoria. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. En el incidente, el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia determinará si ha lugar o no al cumplimiento sustituto. En caso de resultar favorecida la petición, se abrirá un nuevo incidente para cuantificar el pago de daños y perjuicios. Tanto la determinación sobre la procedencia del cumplimiento sustituto como la que cuantifique los daños y perjuicios serán recurribles mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h) de esta Ley, del cual conocerán los tribunales colegiados de circuito. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente". ACUERDO GENERAL PLENARIO 1/2023 "QUINTO. Mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se modificó la competencia para conocer de diversos asuntos cuya resolución anteriormente correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales, salvo los acontecidos entre jueces federales en ejercicio de su competencia ordinaria, serán de la competencia de los Plenos Regionales, en términos de lo establecido en su artículo 42, fracción IV; los recursos de inconformidad corresponden a los Tribunales Colegiados de Circuito, con las salvedades precisadas en los considerandos Sexto y Séptimo de este Acuerdo General, al tenor de lo indicado en su diverso 38, fracción IV; los incidentes de cumplimiento sustituto deben resolverse oficiosamente por el órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio en el que se concedió el amparo, conforme a lo señalado en el párrafo primero del artículo 205 de la Ley de Amparo; el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h), de la citada Ley Reglamentaria, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a lo previsto en el párrafo penúltimo del referido artículo 205 y las contradicciones de criterios sostenidas entre Tribunales Colegiados de Circuito de la Región respectiva, corresponderán a los Plenos Regionales, en términos de lo señalado en su artículo 42, fracción I; además, se precisó la competencia de los Plenos Regionales y de los Tribunales Colegiados de Circuito en los referidos 38, fracción IX y 42, fracción V, para conocer de los asuntos que se les encomiende mediante acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;" De una interpretación armónica de lo dispuesto en los citados preceptos, se desprende que tratándose del incidente de cumplimiento sustituto a petición de cualquiera de las partes -como ocurre en el caso-, la promoción respectiva deberá presentarse ante el juzgado de Distrito que conoció de la primera instancia del amparo respectivo. Dicho órgano es el que deberá sustanciar el procedimiento, por lo que, previo análisis de la naturaleza del acto reclamado y de los requisitos constitucionales previstos, en caso de estimarlo procedente, emitirá la opinión correspondiente. En caso de resultar favorable la petición, se abrirá un nuevo incidente para cuantificar el pago de daños y perjuicios. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el cumplimiento sustituto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos vulnerados en los términos que derivan de las propias ejecutorias. Así, la opción del cumplimiento sustituto es la excepción o un mecanismo excepcional y no la regla, en razón de las dificultades que en ocasiones surgen en los procedimientos de ejecución, para obtener el cumplimiento del fallo en cuestión, salvaguardando de esta manera los derechos de la parte quejosa, quien ante situaciones de complejidad, podría quedar en estado de indefensión de no ordenarse el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. De ahí que la finalidad del cumplimiento sustituto es que no quede sin ejecutarse la sentencia que concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, buscándose una alternativa al cumplimiento original ante las dificultades que en la práctica se presentan para ejecutar la sentencia en los efectos convencionales. Sin que lo anterior implique que puedan transgredirse los fallos concesorios de amparo, ni tampoco que se deteriore la fuerza de las ejecutorias de amparo a sacrificio de los derechos que deben ser restituidos en razón de los fallos en cuestión, pues no debe olvidarse que ese cumplimiento sustituto no es una imposición que obligue a la parte quejosa a renunciar a las prerrogativas obtenidas con motivo de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo es una derivación de la propia sentencia, por lo que el acatamiento de éste, debe tener plena eficacia, contando con los mismos procedimientos previstos en la Constitución Federal y la Ley de Amparo para la total ejecución, cuando éste así se haya decretado. En resumen, debe decirse que para determinar la procedencia o no del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo es menester que se cumplan, en principio, los requisitos y presupuestos de procedencia, es decir: 1. Que haya sido solicitado por alguna de las partes, o bien que sea decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Que la autoridad responsable haya expresado inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en los términos, por cualquiera de los siguientes supuestos: a) Porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa; b) Sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia; o, c) El cumplimiento sea desproporcionalmente gravoso. Es aplicable la tesis P. IV/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, tomo I, página 557, que establece: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado." En el caso que nos ocupa, se encuentra cubierto el primero de los requisitos para la procedencia del cumplimiento sustituto ya que, como se dijo, la autoridad responsable de manera expresa manifestó su imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo. A fin de verificar la existencia del segundo requisito, debe recordarse que: a) La concesión inicial del amparo fue para los siguientes efectos: ". Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se establece que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, a efecto de resarcir al quejoso en el disfrute de los derechos violados, el 2) Agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, encargado del expediente de origen, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el auto con el que dio inicio de procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso, dictado el 08 (ocho) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), en los autos del expediente 196/2019; así como todo lo actuado en consecuencia. 2. En caso de considerar procedente emitir un nuevo auto de inicio, indique en éste la causa por la que estima que el quejoso incumplió con los requisitos de permanencia, esto es, el examen o los exámenes en concreto no aprobados y hacer del conocimiento del indiciado las pruebas en que se sustenta el inicio del procedimiento, lo que conlleva la obligación de verificar que éstas se encuentren previstas en la ley, esto es, que sean legales y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio de aquél, es decir, que sean idóneas; resolviendo con plenitud de jurisdicción." Por lo que, derivado de lo resuelto el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, al causar ejecutoria la sentencia, se requirió a la autoridad responsable, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, que dentro del plazo de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos ya indicados. Ahora, cabe recordar que conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el fallo debe tener el efecto de restituir al quejoso en el goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tanto, tal dispositivo legal obliga a las autoridades responsables a restablecer las cosas como estaban antes de la violación cometida, puesto que se ordenó dejar sin efecto el auto que determinó el inicio del procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso, así como todo lo actuado en consecuencia. Como se ve, el acto reclamado es de naturaleza procesal, debido a que se concedió el amparo contra el auto de inicio del procedimiento, por estimar que el mismo carecía de los requisitos formales de fundamentación y motivación, por lo que se ordenó se dejara sin efecto dicha determinación, y en caso de considerar procedente iniciar de nueva cuenta el procedimiento administrativo en contra del quejoso, fundara y motivara dicha decisión. Al respecto, la autoridad responsable aduce la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta antes de que se emitiera el acto reclamado (acuerdo de inicio del procedimiento administrativo), pues refiere que el procedimiento administrativo de origen fue debidamente sustanciado, y el impetrante fue separado de su cargo, a través de la resolución que culminó dicho procedimiento el diecinueve de junio de dos mil veinte. Ahora bien, en su solicitud el quejoso pide el cumplimiento sustituto en términos de lo dispuesto por los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo vigente, a virtud de la manifestación de la responsable de encontrarse imposibilitada para cumplir, y en esencia porque en su concepto aduce que constitucionalmente no puede ser reinstalado en sus funciones, no obstante considera que ello da lugar a la aplicación de las jurisprudencias invocadas en su escrito de veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, que hacen alusión en síntesis cuando sea injustificada la separación de algún miembro de institución policial, existe imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones, pero que únicamente se constriñe a la autoridad responsable a subsanar y resarcir mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho. Sobre ese aspecto, cabe mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/2010, expuso los siguientes razonamientos: "Conforme a la disposición constitucional transcrita y de acuerdo con lo que se sostendrá en el considerando siguiente, actualmente los servidores públicos que se mencionan en aquella que sean cesados, en ningún caso tendrán derecho a reincorporarse en el servicio. En este sentido, aun cuando la autoridad jurisdiccional, en el juicio que se promueva para combatir la remoción, determine que ésta fue injustificada, lo único que procederá es el pago de una indemnización mas no la reinstalación. [...] Lo hasta aquí expuesto se robustece si se considera que la reforma constitucional de que se trata entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil ocho sin hacer distingo alguno respecto de su aplicación, lo que implica que a partir de su vigencia en ningún caso procede la reinstalación con independencia de la época de la separación o la fecha en la que ésta se hubiese decretado, pues estos actos ordinarios no pueden prevalecer sobre la cláusula suprema. [...] De la sentencia transcrita, se aprecia que esta Segunda Sala ya determinó que la voluntad del Constituyente Permanente con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General fue la de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas fueran reinstalados en su cargo una vez que hubiesen sido dados de baja, con independencia de las razones en las que dicha baja se hubiese sustentado. Con ello, el Constituyente Permanente privilegió el combate a la corrupción, pues por encima de la afectación que pudiera sufrir el agraviado (la que, en su caso, se compensaría con el pago de una indemnización) colocó el interés general de contar con servidores honestos. [...] De lo anterior, derivaron las siguientes jurisprudencias: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EN LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA REMOCIÓN DE UN POLICÍA CESADO ANTES DE SU VIGENCIA, NO ES RETROACTIVA SI SE DICTA CUANDO YA ENTRÓ EN VIGOR. Conforme al citado precepto constitucional, anterior al decreto de reforma aludido, los miembros de las corporaciones policiacas cesados no tendrían derecho a su reinstalación salvo que en el juicio en el que se combatiera la baja demostraran que no dejaron de cumplir con los requisitos de permanencia exigibles, de donde se sigue que dichos servidores, por el simple hecho de haber sido cesados, no tenían incorporado a su esfera jurídica el derecho a la reinstalación, pues éste nacería cuando se dictara la sentencia en la que se determinara que el cese fue injustificado. En congruencia con lo anterior, si durante la tramitación del juicio entró en vigor el mencionado decreto conforme al cual no procede la reinstalación de los policías, es claro que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República no destruyó o modificó en su perjuicio el derecho a ser reinstalados, toda vez que éste no había nacido en la medida en que estaba siendo controvertido en juicio y, por ende, su aplicación en la sentencia correspondiente no es retroactiva, pues el derecho a la reinstalación constituía una simple expectativa." "SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio." En efecto, la fecha en que entró en vigor el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, esto es, el diecinueve de junio del dos mil ocho, y la fecha en que se dicó el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación incoado en su contra, dictado el ocho de agosto de dos mil diecinueve; esto es, cuando ya no era prerrogativa la reinstalación para los agentes policiacos cesados, separados o destituidos, ante la evidente intención legislativa de que, en tales casos, de ser favorable algún medio de defensa o incluso el juicio de garantías, sólo procede la indemnización correspondiente. En el caso, al haberse concedido el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente ese auto de inicio de procedimiento, así como todo lo actuado en consecuencia, por no reunir los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, debe decirse que no se justifica la pretensión del quejoso, sobre el pago de daños y perjuicios por la vía del cumplimiento sustituto; toda vez que analizada la naturaleza del acto reclamado, juntamente con los efectos del fallo protector, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, es evidente que la obligación impuesta al Fiscal responsable es de índole procesal, dado que la misma no se traduce en una suma de dinero que represente valor económico de la indemnización sustituta, por no existir una resolución de fondo que constituya un derecho a favor del aquí quejoso. Ello se considera así, debido a que el cumplimiento sustituto solicitado, sólo procede en los casos en los que la naturaleza del acto, vinculado con la garantía que se estimó violada, permita una equivalencia económica que sustituya el cumplimiento de las prestaciones impuestas en la sentencia, mediante el pago de una cantidad de dinero que represente el valor económico de tales prestaciones; de ahí, que no puedan considerarse elementos ajenos a los efectos de la concesión del amparo. Ciertamente, como lo sostuvo el Pleno del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 23/97, el cumplimiento sustituto no puede otorgar al quejoso mayores beneficios que los que obtendría con el cumplimiento original de la sentencia que le concedió el amparo; pues de aceptarse tal postura, provocaría que el gobernado a quien se le declara procedente el incidente de daños y perjuicios, obtuviera más privilegios que aquellos que logran ejecutar el fallo protector; lo que es inadmisible, pues como se dijo, el fin perseguido a través de dicha figura jurídica, es evitar que queden sin cumplir las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, mas no integrar a la esfera de derechos del gobernado, prestaciones o beneficios que no están relacionadas directamente con el acto reclamado y la garantía individual violada. En consecuencia, al constituir los efectos de la concesión actos de naturaleza procesal, puede concluirse, que la obligación de hacer contenida en la sentencia en cuestión, no puede cuantificarse monetariamente, pues como se vio, el Fiscal responsable únicamente estaba obligado a dejar sin efecto el inicio del procedimiento, y en caso de insistir con instaurarlo nuevamente, estaba obligado a fundar y motivar adecuadamente su acto de autoridad, resolviendo con plenitud de jurisdicción. Sin embargo, dicha obligación de hacer impuesta en el fallo protector, no tiene un valor económico, habida cuenta que no constituye una resolución del fondo del asunto, susceptible de traducirse en una equivalencia monetaria, que permita el cumplimiento sustituto a través de importe alguno, pues como quedó expuesto, para que opere la indemnización sustituta en términos del artículo 204 de la Ley de Amparo, es indispensable que la naturaleza del acto lo permita, lo que puede concluirse una vez confrontado dicho acto con la garantía que se consideró violada en la sentencia concesoria del amparo, cuyo resultado permita cuantificar la obligación de dar o hacer contenida en el propio fallo, lo que se insiste no acontece en el caso en estudio. En apoyo a lo anterior y por analogía se cita la tesis IV.3º.T:3 K (10ª.), que se encuentra publicada en la página 4325, Libro IV, Enero de 2012, tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE CONCEDE PARA SOLVENTAR LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE EN EL SENTIDO DE PROVEER SOBRE EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL QUEJOSO EN EL JUICIO DE ORIGEN, NO SE JUSTIFICA LA PRETENSIÓN DE ÉSTE SOBRE EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, YA QUE POR LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO NO EXISTE UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO QUE CONSTITUYA UN DERECHO A FAVOR DE AQUÉL. Si la concesión de la protección federal precisada en la sentencia de amparo indirecto, en la que se declaró vulnerado el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estaba vinculada únicamente a solventar la omisión de la autoridad responsable en el sentido de proveer sobre el desahogo de las pruebas ofrecidas por el quejoso en el juicio de origen, no se justifica la pretensión de éste sobre el pago de daños y perjuicios por la vía de cumplimiento sustituto de la resolución constitucional, toda vez que si se armonizan la naturaleza del acto reclamado con los efectos del fallo protector, en términos del artículo 105, último párrafo, de la Ley de Amparo, es evidente que la obligación de hacer que se impuso a la autoridad responsable no se traduce en una suma de dinero que represente el valor económico de la indemnización sustituta, por no existir una resolución de fondo que constituya un derecho a favor del quejoso derivado de la eficacia demostrativa plena otorgada a tales pruebas u otras que se hayan rendido en el juicio de origen". Además de lo anterior, debe destacarse que la parte hoy inconforme, pretende la indemnización sustituta de la sentencia de amparo, ante el incumplimiento de la Fiscal responsable por haber emitido la decisión definitiva dentro del procedimiento administrativo instaurado en su contra, que concluyó con la separación de su cargo como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial; sin embargo, contra dicha determinación puede hacer valer las violaciones que estime conducentes, y así obtener la indemnización por lo que no se justifica el cumplimiento sustituto en cuestión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos en los artículos 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 204 y 205, de la Ley de Amparo, así como del considerando séptimo y del punto segundo, fracción VI, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es improcedente el cumplimiento sustituto solicitado por el quejoso Josúe de Jesús Amaro Guerrero. Notifíquese y personalmente.
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