Josué Daniel Mercado Ramírez
Expediente 2784/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2784/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Josué Daniel Mercado Ramírez
Actuaciones
- Principal
. Tepic, Nayarit, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable el ********************HA SIDO OMISA EN ACATAR LA SENTENCIA DE AMPARO DICTADA EN AUTOS. Luego, en autos de seis de octubre de dos mil veintitrés, se requirió al ********************, sin embargo, ha sido omiso en informar lo anterior. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable denominada ********************, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de amparo se apercibe al ********************, que en caso de no dar cumplimiento a fallo protector se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente acuerdo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. RGM.
- Principal
.0 Tepic, Nayarit, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se observa que la parte quejosa expuso en el capítulo de antecedentes de su demanda lo siguiente: Que con fecha nueve de febrero de dos mil doce, presentó ante la Agencia de Minería en Tepic, Nayarit, solicitud de concesión o de asignación minera en el formato SE-F0-I0-00I, registrado con el número de expediente 059-7909, respecto del lote denominado "San Ángel"; quien a su vez dicha Agencia envía la solicitud respectiva a la Subdirección de Minas, para que una vez requisitada sea propuesta a título enviándola a su vez a la Dirección General de Minas, quien es la encargada de expedir los títulos de concesión. En ese sentido, si el acto reclamado se hizo consistir en el artículo Quinto Transitorio párrafo tercero de la Ley de Minería, el cual establece "[.] Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto". En ese sentido, la afectación de la que se duele la parte quejosa es que la solicitud concesión o de asignación minera previamente referida con la sola entrada en vigor del Artículo Quinto Transitorio en su párrafo tercero, de la Ley de Minería, las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite. Luego entonces, este juzgado federal al no tener la certeza sobre el estatus o estado del trámite que se le haya dado a la petición que parte quejosa realizó el nueve de febrero de dos mil doce, con respecto a la solicitud de concesión o de asignación minera en el formato SE-F0-I0-00I, registrado con el número de expediente 059-07909, requiérase al Director General de Minas, residente en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, comunique si concluyó el trámite o no relativo a la solicitud de concesión previamente referida, esto es si aún sigue vigente o la misma se encuentra concluida, para el caso de que así lo fuera en este último sentido, deberá acompañar las documentales debidamente certificadas que acrediten tal cuestión; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su ordinal 2°. Apercibimiento. Para el caso de que la autoridad previamente requerida, no diera cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el diverso 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Asimismo, en la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Noemí Torres Avilés, que autoriza y da fe.
- Incidental
Tepic, Nayarit, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Se reciben oficios. Te´ngase por recibidos los oficios de cuenta suscritos por el Director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, todos residentes en esta ciudad, a trave´s de los cuales informan haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del te´rmino de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificacio´n del presente provei´do, manifieste lo que a su intere´s legal convenga, en relacio´n con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a la parte quejosa que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este o´rgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de me´rito y dema´s elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relacio´n con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ********************, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los razonamientos contenidos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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