Josué Daniel Gómez Zinzun
Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/02/2022
Partes del expediente
- Josué Daniel Gómez Zinzun
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I, inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído que desechó de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente asunto. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del once de febrero de dos mil veinticinco.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de notificación personal a la parte quejosa, respecto del proveído dictado en diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por desechada la presente demanda de amparo; en consecuencia, se ordena turnar nuevamente el expediente al actuario de la adscripción, para que notifique al promovente la resolución de que se trata.
- Principal
Se publica el proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo citado al rubro, por medio de lista que se fijó en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de Ley, a recibir notificación personal la parte quejosa, o en su caso, sus autorizados legales, no obstante haber sido citados para tal efecto mediante aviso; lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de amparo. Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promovió Josué Daniel Gómez Zinzun, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 777/2020-F1. Así entonces, hecha la lectura integral de la demanda de amparo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y sus anexos, como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, debemos señalar que la parte promovente señala como actos reclamados, los siguientes: a) La resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se señaló como fecha para audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas el catorce de abril de dos mil veintiuno. Así pues, una vez analizado el libelo, quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. Así entonces, en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues como se puede apreciar, el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. En el caso a estudio, se estima que no se actualiza ningún supuesto de procedencia, toda vez que los actos reclamados por el impetrante del amparo los hace valer substancialmente en la una resolución en la que se fijó una audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas, en catorce de abril de dos mil veintiuno. Determinación que de acuerdo a la fecha en que se dictó, esto es el treinta de noviembre de dos mil veinte, fijando el catorce de abril de dos mil veintiuno, para el desahogo de una audiencia para recepción y admisión de pruebas por parte de la autoridad que se señala como responsable, no se estima que incumpla con la temporalidad o plazo razonable y que por ella deba considerarse que existe una dilación por parte de la responsable en el desahogo del juicio; esto de acuerdo a los criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, considerando que desde el mes de marzo del año en curso y a la fecha, las dependencias públicas y de impartición justicia en el país, se han visto retrasadas en la resolución de los asuntos que se ventilan dentro de dichas instituciones, con motivo del fenómeno de salud pública, derivado del virus COVID-19 (coronavirus), aunado a que en las presentes fechas, dan inicio los periodos vacacionales establecidos por la ley, y eso genera de manera escalonada que los juicios y su resolución se retrasen por cuestiones de una agenda saturada dentro de los órganos jurisdiccionales y el mínimo personal dentro de los mismos con que se labora; considerando entonces que una demora prolongada sin justificación puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos legales 8 y 17 constitucionales. Máxime que como se precisó con antelación, se estima que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del solicitante de amparo, sino por el contrario, puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último a contrario sensu de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas a la luz de los principios enunciados en ese texto normativo. Por tanto, en el caso no se advierte una actitud pasiva por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y menos aún, una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En mérito de los razonamientos expuesto lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Josué Daniel Gómez Zinzun, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
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