Josué Cutberto Ponce Cervantes
Expediente 222/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josué Cutberto Ponce Cervantes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Téngase por recibido el escrito del quejoso **********, mediante el cual, en cumplimiento de las prevenciones realizadas en proveído de quince de marzo pasado, hace diversas manifestaciones. Ahora bien, del escrito de cuenta, así como de su contenido, el suscrito advierte lo siguiente: I. En auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional previno al quejoso, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surtiera efectos la notificación que del mismo se le practicara, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Señalara el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de no conocerlos, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Aclarara a cuál Juez de Control de los Tribunales de Oralidad Penal de esta ciudad le atribuía los actos reclamados y por tanto deseaba llamar como responsable. Precisara con exactitud cuál era el acto que combatía en esta instancia constitucional, de acuerdo con lo establecido en el inciso C) del acuerdo de quince de marzo del año en curso, y Manifestara bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que constituían el acto reclamado, así como la fecha en que tuvo conocimiento del acto que tildaba de inconstitucional. II. Mediante promoción presentada el tres de los actuales, ante la oficialía de partes de este juzgado, el quejoso Josué Cutberto Ponce Cervantes, pretendió desahogar la prevención referida, por lo que, al respecto se provee: Dígasele al promovente que no ha lugar a tenerlo por desahogando el requerimiento de quince de marzo pasado, dado que con dicho escrito sólo logra aclarar lo relativo al nombre del tercero interesado, así como cuál es el Juez de Control. Respecto a la prevención, en el sentido de que precisara con exactitud cuál es el acto que combatía en esta instancia constitucional, no estableció de manera clara qué acto o actos son de los que realmente se duele, pues únicamente se limitó a manifestar en el capítulo señalado como "oportunidad de interposición".. PRIMERO: LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES LA CONCLUSIÓN FORMAL DE UN RESULTADO DE UNA COMPLETA INACTIVIDAD INVESTIGADORA, QUE EN SU INVESTIGACIÓN PRELIMINAR TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL MINISTERIO PÚBLICO... En cuanto a la diversa prevención, que se le hizo en el sentido de que manifestara bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyeran el acto reclamado, así como la fecha en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional; ésta última parte no se encuentra satisfecha, en razón de que en el capítulo de oportunidad de interposición se lee: CONSIDERANDO QUE TUVE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017..; asimismo, en el apartado marcado con el número SEXTO, estableció: ... QUE HASTA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017 TUBE (SIC) CONOCIMIENTO DE LA NO ACCIÓN PENAL, CUANDO ESTÁ YA TENÍA ARCHIVADA DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013... Ante tales circunstancias al no haber cumplido con las prevenciones formuladas en auto de quince de marzo pasado, trae como consecuencia el no poder tenerlas por cumplidas en su totalidad. De ahí, que se considere que dichos requerimientos no se encuentran satisfechos. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Es menester señalar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia 2ª./J.106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto, no obstante que no se contrapone con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, porque el solicitante del amparo desahogó el requerimiento de que se trata el último de los cinco días otorgado para ello, como se observa de la certificación de cuenta, y la indicada tesis de jurisprudencia únicamente analiza el supuesto cuando el escrito con el que se pretende cumplir con la prevención se presenta antes del último día, tal como lo estableció la Segunda Sala del Alto Tribual en la ejecutoria de que emergió, que en lo que interesa establece: ".Ahora bien, para resolver el punto de contradicción deben distinguirse dos situaciones en cuanto al escrito que pretenda cumplir con la prevención (dentro del término de los tres días hábiles): 1. Que sea presentado el primero o segundo día. 2. Que sea presentado el último día. Para efectos de resolver el punto a estudio, importa el supuesto marcado con el número 1, es decir, si el escrito que pretende dar respuesta a la prevención hecha por el Juez de Distrito se presenta el primer o segundo día de los tres señalados en el artículo 146 de la Ley de Amparo, lo anterior para el efecto de saber si en el acuerdo que recaiga sobre ese escrito deba especificarse si se cumplió o no lo solicitado; o bien, señalar que sólo se tiene por recibido y que se emitirá la calificación correspondiente al vencimiento de dicho término."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 4 de esta ciudad y otra; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 222/2018-VI. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracciones II, III, IV y V de la ley de la materia como se verá a continuación. A)La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." El citado precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el promovente omitió proporcionar el nombre del tercero interesado o en su caso si lo desconoce, lo que debió haber referido bajo protesta de decir verdad. Y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. B) La segunda irregularidad, surge de la fracción III, del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: "III. La autoridad o autoridades responsables." El precepto en cita establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En ese sentido el quejoso manifestó que eran autoridades responsables la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 4 de esta ciudad y el Juez de Control de los Tribunales de Oralidad Penal de esta ciudad, lo cual torna obscuro el libelo constitucional, al no precisar a cuál Juez de Control le atribuye el acto que reclama, por lo que no existe certeza a quienes desea llamar como responsables. Ante actos concretos y específicos, es imprescindible que el quejoso determine con claridad a las autoridades que estima los emitieron, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga. C) La tercera irregularidad, proviene de la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo que refiere: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Pues bien, en el caso concreto el impetrante en su demanda de amparo, en específico, en el apartado marcado como SEGUNDO señaló de manera literal: ".EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 00:1:17 PRM REALICE UNA DENUNCIA LA CUAL LLEVA EL NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CON EL NÚMERO **********... PERO EN EL DÍA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017, TRAS EL EXIGIR QUE ME ENSAÑARAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ANTES MENCIONADA, SE NEGÓ EL AGENTE INVESTIGADOR, POR LO QUE DECIDÍ IR A LA AGENCIA 5 A ENTREVISTARME CON LA LIC., ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA H REPRESNTACIÓN JURÍDICA, PARA QUE ME DIERA INFORMACIÓN DE LA DICHA CARPETA, LA CUAL ORDENÓ AL AGENTE QUE SE LA SUBIERA A LA AGENCIA 5 PARA ENTREGÁRMELA, A LOS 5 MINUTOS ME ENTREGÓ LA CARPETA LA ENCARGADA DE DIRECCIÓN Y ME COMENTA QUE TIENE UNA MALA NOTICIA QUE ME IBA A MOLESTAR Y EN SEGUNDA ME INFORMA DE QUE LA CARPETA SE ENCONTRABA ARCHIVADA. ENTONCES ME HIZO LA MENCIÓN QUE DESACUERDO AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PODÍA IMPUGNAR EL ACTO Y QUE ADEMÁS PODRÍA DISPONER DE UN ABOGADO DE OFICIO, QUE TENÍA UN TÉRMINO DE 10 DÍAZ LO CUAL PROCEDÍ A ENTREGARLO EN TIEMPO Y FORMA, A PASADO EL TIEMPO Y EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NO A CUMPLIDO CON LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN RECIBIDA POR EL JUEZ DE CONTROL, EL CUAL TENIA UN TERMINO DE 10 DÍAS, A SI MISMO NI EL JUEZ DE CONTROL ME A RESOLVIÓDO MI SITUACIÓN JURÍDICA LA CUAL AFECTO MI PATRIMONIO Y UNO DE MIS TESTIGOS PRINCIPALES YA ESTA FINADO, Y POR LO CUAL ME DUELO DE QUE TANTO EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y JUEZ DE CONTROL OMITIERON OBLIGACIONES LAS CUALES DEBEN CUMPLIR, COMO ENTREVISTAS AL TESTIGO, ENTREVISTA A LA ACTIVO DE LA DENUNCIA ASÍ COMO EL USO DE LAS POLICÍAS PARA CORROBORAR Y APORTAR DATOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DE EL MINISTERIO PÚBLICO Y ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE DEBIO DARLE EL JUEZ DE CONTROL.." Como se observa de la narrativa anterior, no se puede establecer de manera clara qué acto o acto son de los que realmente se duele el quejoso, pues aquella es imprecisa, no especifica fecha de la referida "última notificación", tampoco refiere con claridad la omisión de la autoridad que refiere como juez de control, ya que su manifestación la realiza de manera genérica y no específica. Entonces, resulta necesario que la parte quejosa aclare el acto o actos que reclama en esta instancia, pues resulta determinante para poder substanciar el sumario. D) La cuarta irregularidad, surge de la fracción V del precepto 108 de la legislación en consulta que estipula: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;.." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto el suscrito estima que la parte quejosa no cumplió con el requisito establecido anteriormente, ya que de su escrito de demanda, no se advierte la fecha y el lugar en que se efectuó el acto reclamado, tampoco cuándo tuvo conocimiento de éste. Por tanto, las manifestaciones realizadas por el quejoso no satisfacen la exigencia establecida en la Ley de Amparo, habida cuenta que no precisó de manera suscinta y cronológica los antecedentes del acto reclamado, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Lo anterior en razón de que, la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, también constituye una irregularidad, ya que es un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores del juicio del que emana el acto reclamado y, que válidamente puede obtener la parte quejosa. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III, IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Señale el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Aclare a cuál Juez de Control de los Tribunales de Oralidad Penal de esta ciudad le atribuye los actos reclamados y por tanto desea llamar como responsable. Precise con exactitud cuál es el acto que combate en esta instancia constitucional, de acuerdo con lo establecido en el inciso C) del presente acuerdo, y Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyan el acto reclamado, así como la fecha en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional. Los requerimientos que al efecto se emiten conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y sin autorizados por no haberlos designado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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