Josué Cortes Guerrero
Expediente 1476/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1476/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Josué Cortes Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa y tercero interesada; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Entonces, conforme a lo expuesto se concede el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Deje insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión de actos del Presidente Ejecutor, emitida en el juicio laboral 01/3177/2012; y en su lugar, emita otra en la que declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, planteado por la actora y ordene al Presidente de la Junta responsable deje insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, y emita uno nuevo en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el efecto de que informe el número o números de cuentas a nombre de los demandados en el juicio de origen; a efecto de dar certeza respecto de las diligencias tendentes a hacer efectivas las prestaciones a las que fue condenada la patronal en el juicio natural. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio 1013/2021 de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, copia certificada de la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, donde dejó sin efectos la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, y procedió a declarar procedente el recurso de revisión de actos de ejecución en el juicio laboral 01/3177/2012, y ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rendir el informe solicitado, y por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós también ordenó girar diverso oficio a diversas Institución Bancaria para dar celeridad a dicho informe, lo cual notificó de manera personal a las partes del juicio natural; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, donde dejó sin efectos la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, y procedió a declarar procedente el recurso de revisión de actos de ejecución en el juicio laboral 01/3177/2012, y ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rendir el informe solicitado, y por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós también ordenó girar diverso oficio a diversas Institución Bancaria para dar celeridad a dicho informe, lo cual notificó de manera a personal a las partes de dicho procedimiento natural, con ello se desprende que la autoridad siguió los lineamientos de la ejecutoria protectora. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión de actos del Presidente Ejecutor, emitida en el juicio laboral 01/3177/2012; y en su lugar, emita otra en la que declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, planteado por la actora y ordene al Presidente de la Junta responsable deje insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, y emita uno nuevo en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el efecto de que informe el número o números de cuentas a nombre de los demandados en el juicio de origen. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que po rinterlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, donde dejó sin efectos la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, y procedió a declarar procedente el recurso de revisión de actos de ejecución en el juicio laboral 01/3177/2012, y ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rendir el informe solicitado, y por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós también ordenó girar diverso oficio a diversas Institución Bancaria para dar celeridad a dicho informe, lo cual notificó de manera a personal a las partes de dicho procedimiento natural. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.-
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gabriela Castillo Díaz, Encargada de la Presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual anexa copia de la resolución dictada el veintitrés de mayo del año en curso, por el cual declaró procedente el recurso de revisión de actos de ejecución y por auto de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, ordenó girar oficio a diferentes instituciones bancarias solicitando informen las cuentas bancarias de la demandada, remitiendo copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Josué Cortes Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguientes: Autoridad responsable. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de 06 de octubre de 2021, en la que la autoridad responsable declara improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución en contra del Presidente Ejecutor en el juicio laboral 01/3177/12." SEGUNDO. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1476/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, que declara improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitido en el juicio laboral 01/3177/12. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos por conducto de su Presidente, con residencia en esta ciudad, pues así lo refirió al rendir el informe con justificación, y de las constancias que anexo al mismo, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 de la citada normatividad. QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se precisó, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, que declara improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitido en el juicio laboral 01/3177/12, al considerar que dicha determinación es un acto que afecta su derecho de acceso a una impartición de justicia pronta y expedita, pues con el actuar de la responsable aduce que se encuentra paralizado el procedimiento de ejecución al no existir otro medio por el cual el trabajador aquí quejoso pueda allegar la información que necesita para hacer cumplir el laudo, al no poder recabar la información ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de no contar con datos de algún bien mueble o inmuebles propiedad de la parte demandada, y hasta la fecha han transcurrido aproximadamente cuatro años con seis meses sin que se haya podido ejecutar el laudo, y señala que dicho actuar contradice lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: Previamente al examen del concepto de violación, para mejor comprensión del asunto, conviene hacer una relatoría de los antecedentes relevantes del caso, conforme a las constancias del procedimiento de origen: El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se emitió laudo en el juicio de origen, promovido por Josué Cortes Guerrero, en el que se condenó a la parte demandada Fervaz Applied Engineering S.A. de C.V., Integradora de Compensación y Valor Acqua S.A. de C.V., y a Fernando Vázquez Alejo y otros al pago de las prestaciones reclamadas con excepción de la nulidad y entrega de dos documentos en blanco. Mediante escritos de fechas veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, y veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la parte actora solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, se dictara auto de ejecución. Toda vez que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje fue omisa en dictar auto de ejecución de laudo, no obstante de haber sido solicitado previamente por la parte actora, esta promovió diversos juicios de amparo indirecto, los cuales fueron radicados ante este juzgado con los números 637/2017 y 639/2017, mismos en los que se concedió la protección constitucional. Después de diversas solicitudes de ejecución de laudo, mediante escrito presentado ante la responsable el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la actora formuló diversas peticiones como lo fue que se actualizara el crédito laboral a su favor, y en lo que interesa, solicitó se giraran los oficios correspondientes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de obtener los datos de cuentas bancarias pertenecientes a los demandados para estar en condiciones de hacer efectivo el laudo, a lo cual, la autoridad responsable dio contestación el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior en sentido negativo, pues sostuvo que no había lugar a girar los oficios a la referida comisión ya que dicha autoridad no es un ente investigador, señalando también que corresponde a la parte actora proporcionar esos datos o elementos para ejecutar el laudo dada la etapa en que se encuentra el juicio. Inconforme con lo anterior, el once de enero de dos mil diecinueve, la actora hizo valer el recurso de revisión contra actos del presidente ejecutor, contra el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en la parte donde resuelve que no ha lugar a girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en razón a que el impulso de la ejecución del laudo corresponde a la parte que obtuvo dicho crédito laboral a su favor (fojas 45 y 46 del anexo remitido por la responsable). El dos de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia relativa al recurso de revisión contra actos del Presidente Ejecutor planteado por la parte quejosa en el juicio laboral 01/3177/12, el cual fue resuelto en sentencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, que en lo conducente determinó lo siguiente: ".RESUELVE: ÚNICO. En términos de lo Asentado en la presente resolución se declara improcedente el recurso de revisión de actos del presidente respecto del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. De conformidad con lo que establecen los artículos 17, 685, 761, 765, 837 fracción II, 841. 849, 850 fracción I 852, 940, 950 y demás relativos y aplicables que han sido hasta ahora citados de la Ley Federal del Trabajo. (foja 183 a 185 del anexo). Dicha resolución constituye el acto reclamado. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, contra el acto reclamado consistente en la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral 01/3177/12, en el cual la Junta responsable determinó que era improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte actora. Aduce el peticionario de amparo, que el Presidente de la Junta responsable cuenta con las facultades jurídicas para hacer valer el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la misma, además que se encuentra autorizado para practicar las diligencias que juzgue convenientes para lograr el cumplimiento del laudo emitido a favor de la parte trabajadora. Asimismo, alega que de forma incorrecta la responsable sostuvo que no puede actuar de manera oficiosa ni solicitar la información que solicita la responsable, pues dichos datos corresponde a la parte quejosa proporcionarlos, máxime que según la responsable no es un ente investigador, sin embargo, la parte actora fue quien solicitó recabar la información necesaria a fin de ejecutar el laudo. Al respecto, este órgano de control constitucional estima fundados en lo esencial los motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa, en razón a las siguientes consideraciones: La resolución tildada de inconstitucional en lo que interesa dice en su parte conducente: ".Cuernavaca, Morelos a seis de octubre de dos mil veintiuno, y estando debidamente integrada esta Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. [.] ------------------------------ CONSIDERANDO ------------------------- [.] TERCERO.- Por lo que atento a todo lo manifestado y asentado se advierte en primer término que esta autoridad laboral actuó con pleno apego a derecho, si bien es cierto el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el proceso del derecho de Trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral, y se iniciará a instancia de parte, asimismo menciona que esta autoridad tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía , concentración y sencillez del proceso, y asimismo el artículo 945 de la Ley de la materia establece la obligación al presidente ejecutor de vigilar que los laudos se ejecuten en los términos previstos en la Ley, también lo es que girar oficios a efecto de investigar los números de cuenta, se estaría violando el principio de seguridad y certeza jurídica a las partes, ya que el Presidente Ejecutor no es una autoridad investigadora, que deba de manera oficiosa ejecutar el laudo, siendo esto lo que pretende la actora, sino que dicha parte deberá proporcionar los elementos necesarios para que se esté en posibilidad de ejecutar el crédito obtenido, ello en virtud de que la ejecución del laudo está condicionada a que la parte que obtuvo una resolución favorable sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución, es decir, proporcione elementos, mas no solicite se investiguen, pues en todo caso se estaría en la hipótesis de que el presidente ejecutor excedería sus funciones de vigilar el cumplimiento de laudo, y estaría en la posición de ser el quien impulse y ejecute el laudo, siendo así parcial en dicho procedimientos de ejecución, máxime a lo anterior la petición de la parte actora resulta ser sobre un hecho incierto, puesto que pide la investigación de los números de cuentas bancarias de una persona, de las cuales no se advierte que la misma cuente con cuentas bancarias,, por lo tanto, solicita se investigue un hecho incierto, pretendiendo con eso relegar toda la carga de la ejecución al Presidente Ejecutor, y no aporta elementos para dicha materialización. Como puede advertirse de la relatoría de los artículos en comento, en ninguno de ellos se contempla la facultad de la Junta para que indague por su parte los números de cuenta de las personas intervinientes en el proceso laboral, ello con el propósito de requerir de pago y con ello, relevar a la parte accionante de la carga procesal correspondiente, por lo tanto la prosecución de tal estado procesal no es oficiosa para esta autoridad según lo establece el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que corresponde a la parte trabajadora la quien sus derechos represente, dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa proporcionando los elementos para que se esté en posibilidad de ejecutar el laudo al tener dicha parte la carga procesal en la etapa de ejecución del trabajo así como el siguiente criterio jurisprudencial: [.]" Transcrito lo anterior, para quien ahora resuelve estima ilegal la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, en virtud de que no existe alguna disposición que impida a dicha Junta girar el oficio requerido, bajo la consideración de que el actor es quien debe impulsar el procedimiento de ejecución y por tanto, proporcionar los datos necesarios para la ejecución del laudo, toda vez que la información de cuentas bancarias no será entregada a ninguna persona física o moral. En efecto, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que en ningún caso se podrá dar información relativa a cuentas bancarias, sino únicamente al titular de las mismas; sin embargo, dicha información bancaria podrá obtenerse por la autoridad judicial que lo solicite directamente a la institución de crédito o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, si bien no existe disposición expresa que faculte a las autoridades laborales a recabar información bancaria, las mismas deben proceder en términos del artículo 17 de la ley laboral, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, pues el procedimiento es de orden público y de interés social y por ende, no puede quedar paralizado. Por tanto, la Junta responsable debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para que el laudo dictado quede cumplido, a fin de no contravenir las normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer le son otorgadas para cumplir con sus propias determinaciones o en su caso el crédito laboral a favor de la parte trabajadora como acontece en el presente asunto. En consecuencia, el no ejercer la responsable las facultades para mejor proveer en el caso referido, implica una contravención a las disposiciones legales que le otorgan esas facultades, al no hacer uso de ellas en un caso en que resulta necesario a fin de no contrariar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador, a quien no se le puede condicionar que investigue las cuentas bancarias de la parte condenada, pues dicha información le será restringida o negada por disposición de la ley. Además, resultan incorrectos los argumentos de la responsable cuando sostiene que de proceder a girar los oficios solicitados por la actora, estaría siendo parcial en el en procedimiento de ejecución, aunado al hecho de que estaría excediéndose en sus funciones de vigilar el cumplimiento del laudo, ya que dicha etapa de ejecución no es de impulso oficioso, sino que corresponde al trabajador que obtuvo el laudo a su favor dicha carga procesal. Ello es así, porque si bien es cierto el impulso del procedimiento de ejecución corresponde a la parte actora que obtuvo un crédito a su favor, se advierte que fue dicha parte quien impulsó el procedimiento de ejecución y solicitó se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de recabar información de las cuentas bancarias de la parte demandada (foja 42 del anexo), por tanto, resulta infundado el argumento sostenido por la responsable ya que no está actuando de manera oficiosa sino a solicitud de parte. Como corolario, de la interpretación sistemática de los artículos 939 al numeral 946 se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al Presidente de la Junta responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término el Presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el Presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el Presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento de pago y/o embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución, lo que así acontece en la especie. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, el artículo 954 al regular el embargo dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. Asimismo, el numeral 955 prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, se insiste lo que acontece en la especie. Resulta aplicable, la tesis I.3o.C.212 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2081, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA, IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito tiene como finalidad la protección de la privacidad de los clientes y usuarios de las instituciones de crédito, que consiste en que en ningún caso se podrá dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a su representante legal o a quienes se les otorgue poder para disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, lo que constituye la intención del legislador de establecer el secreto bancario con el propósito de que terceros ajenos a las cuentas no intervengan ni tengan acceso a éstas en perjuicio del cuentahabiente, por lo que el condicionar el embargo de cuentas bancarias a que el ejecutante, como persona física o moral, ajena a las cuentas que se desean embargar, investigue cuáles son éstas y en qué institución bancaria se encuentran, para proceder a su embargo impide indirectamente la ejecución de la sentencia por ser una información que no le será entregada, pues el referido numeral, en su segundo párrafo, restringe la emisión de dicha información a que ésta sea solicitada por autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio, en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario tenga la calidad de parte o acusado. Así se tiene que, jurídicamente, sólo podrá obtener dicha información bancaria la autoridad judicial que lo solicite directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes estarán obligados a dar las noticias o información bancaria por virtud del mandamiento judicial. Entonces, el auto que niega la emisión de dicha solicitud para recabar la información relativa a las cuentas a embargar impide indirectamente la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada, por lo que, en su contra, procede el amparo indirecto." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia IV.3o.T. J/5 (10a.), con número de registro 2007631, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2622, de rubro y texto: "SECRETO BANCARIO. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INFORME QUE SE SOLICITE DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, AL NO ENCONTRARSE SUJETA A LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Conforme al artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, toda autoridad o persona ajena al juicio está obligada a contribuir con información, cuando la autoridad laboral lo requiera. Por ello, aun cuando el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta el 10 de enero de 2014, tiene como finalidad la protección de la privacidad de los clientes y usuarios de las instituciones de crédito, que consiste en que en ningún caso se podrá dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente, mandante o representante legal o a quienes se les otorgue poder para disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, lo que constituye la intención del legislador de establecer el secreto bancario con el propósito de que terceros ajenos a las cuentas no intervengan ni tengan acceso a éstas en perjuicio del cuentahabiente; sin embargo, la propia disposición, en su segundo párrafo, contiene como excepción a la regla, la obligación de las instituciones de crédito de proporcionar la información relativa a las cuentas bancarias, en el caso en que la autoridad judicial solicite dicha información por virtud de una providencia dictada en juicio en el que el titular de la cuenta o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado; advirtiéndose que el legislador establece como opciones, que la solicitud se formule directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese contexto, de una interpretación armónica de los preceptos legales mencionados, se colige que las instituciones de crédito tienen la obligación de informar de sus operaciones o servicios cuando lo pida una autoridad judicial y, que la solicitud se pueda formular directamente a las instituciones de crédito o, en su caso, alternativamente, a la Comisión Nacional Bancaria, por lo que en aras de resolver con estricto apego a la verdad legal en un procedimiento laboral, la Junta responsable está obligada a proveer lo necesario para obtener dicha información, cuando alguna de las partes del juicio laboral se encuentre en ese supuesto; sin que la mención que se hace en la segunda norma tocante a que la petición la pueda hacer una de las partes "o el acusado", lleve a concluir que sólo se aluda a los procedimientos judiciales en la materia penal, porque de ser así, el legislador lo hubiere restringido expresamente. Por tanto, al negarse la responsable a proveer respecto a la petición formulada por el apoderado legal del quejoso (pág. 42 del anexo), sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del país, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209 del tomo XXVI, correspondiente a octubre de dos mil siete en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En esa tesitura, al resultar fundado el concepto de violación, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Josué Cortés Guerrero. Entonces, conforme a lo expuesto se concede el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Deje insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión de actos del Presidente Ejecutor, emitida en el juicio laboral 01/3177/2012; y en su lugar, emita otra en la que declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, planteado por la actora y ordene al Presidente de la Junta responsable deje insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, y emita uno nuevo en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el efecto de que informe el número o números de cuentas a nombre de los demandados en el juicio de origen; a efecto de dar certeza respecto de las diligencias tendentes a hacer efectivas las prestaciones a las que fue condenada la patronal en el juicio natural. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la responsable de cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrán subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Josué Cortés Guerrero, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, para los efectos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veintidós de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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