Josué Chávez González

Expediente 366/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
366/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Josué Chávez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Por recibido el oficio número 527, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual devuelve los autos del incidente de suspensión del juicio de amparo 366/2017 y remite testimonio de la ejecutoria dictada el cinco de abril del año en curso, dentro del incidente en revisión 862/2017, de su índice, en el cual se declaró SIN MATERIA el recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo número 366/2017, promovido por JOSUÉ CHÁVEZ GONZÁLEZ. En consecuencia, se tiene por radicado nuevamente en este Juzgado dicho expediente; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del incidente de suspensión, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense las constancias que obren a partir del oficio por el que se remitió el expediente a revisión. Por otra parte, vista la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que por haberse negado la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, el original de este incidente de suspensión será susceptible de destrucción conforme a los puntos vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo, una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que el quejoso y tercero interesado, no se inconformaron en contra del proveído dictado el dieciséis de marzo del año en curso (fojas 230 a 233), en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se reserva dictar el acuerdo correspondiente de archivo en el incidente de suspensión, toda vez que se encuentra pendiente que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, resuelva el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria dictada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de GERARDO FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA autorizado del quejoso JOSUÉ CHÁVEZ GONZÁLEZ, recibido vía electrónica, con el cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran dentro del presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, teniendo por autorizado para recibirlas a la persona que nombra previa identificación y razón de entrega que se deje en autos.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el quejoso y tercero interesado, no realizaron manifestación alguna con relación a la vista que se les dio con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de este propio mes de marzo (foja 226); y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a analizar de oficio, si la autoridad responsable cumplió sin exceso ni defecto, con la ejecutoria dictada en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, materia común, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En el caso, por sentencia firmada y autorizada el dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas 195 a 204), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso JOSÚE CHÁVEZ GONZÁLEZ, para los efectos siguientes: 1. "Deje sin efecto la parte relativa de la audiencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de cesación o suspensión de la prisión preventiva, solicitada por la defensa del aquí quejoso JOSUÉ CHÁVEZ GONZÁLEZ, dictada dentro de la causa penal 125/2015, por los Jueces Integrantes del Tribunal de Juicio Oral, con sede en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. 2. De inmediato dicten una nueva resolución, misma que deberá ser completa y congruente respecto al incidente interpuesto por el quejoso, debiendo exponer los fundamentos y las razones suficientes que lo lleven a tal determinación" (foja 203 vuelta y 204) Posteriormente, mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio de amparo (fojas 215 y 216) y se requirió el cumplimiento a la responsable. Así las cosas, en proveído de seis de marzo del año en curso (foja 226), se agregó el oficio PJEO/CJ/TESC/266/2018-J, signado por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Región Istmo, con sede en esta ciudad, con el cual remitió copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de febrero del año en curso, en la causa penal 12/2015, instruida en contra del quejoso Josué Chávez González y otros, donde en lo que interesa se advierte lo siguiente: "(.) previo al cumplimiento de la sentencia de amparo es pertinente realizar un contexto del procedimiento: Con fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, en cumplimiento a la reposición del juicio, ordenada por los magistrados integrantes de la segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, se inició formalmente la continuación del juicio o debate en la causa penal 125/2015, desahogando entre otras las pruebas del ahora quejoso Josué Chávez González, y una vez que las partes procesales formularon sus alegatos de clausura, se declaró terminado el debate y con fecha veintiuno del citado mes y año se dio lectura al fallo deliberatorio y al día siguiente tuvo verificativo la lectura de sentencia; por tal circunstancia, por oficio número PJEO/CJ/TESC/1092/2017-J de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se informó al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, lo relativo a la terminación del proceso mediante una sentencia condenatoria. Inconforme con la sentencia condenatoria dictada en contra de Josué Chávez González, por el delito de secuestro agravado, interpuso el recurso de casación, el cual resolvieron los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y especializada en adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado con fecha ocho de enero del año en curso, confirmando la sentencia recurrida. Y finalmente, por acuerdo de fecha veintidós de enero del año actual, se puso al sentenciado Josué Chávez González a disposición del Juez de Ejecución de Penas competente para el cumplimiento y ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto. Bajo este panorama, y no obstante que el imputado de mérito ya no se encuentra a disposición de este Tribunal, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo se resuelve en los siguientes términos: Se procede a resolver por escrito el incidente planteado y no en audiencia oral, atendiendo al estado actual del proceso penal 125/2015, en virtud que ya se resolvió en definitiva al dictarse sentencia condenatoria en contra del ahora quejoso Josué Chávez González y otros, por el delito de secuestro agravado, máxime que dicha determinación se encuentra firme al haber sido confirmada por la Superioridad al resolver el recurso de casación interpuesto. Se deja sin efecto la parte relativa a la audiencia oral de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, en donde se declaró improcedente el incidente promovido por la defensa privada de Josué Chávez González, respecto del cese o suspensión de prisión preventiva. En su lugar, se procede a dictar la siguiente resolución no obstante que el sentenciado Josué Chávez González está a disposición del Juez de ejecución de penas y no de este Tribunal colegiado, se procede a resolver el incidente planteado por el defensor privado de aquel. Le asiste la razón al defensor incidentista cuando afirma que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para la autoridad de garantizar y salvaguardar los derechos humanos dentro del proceso a favor de Josué Chávez González, atendiendo a su calidad de imputado; así mismo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, coloquialmente conocidas como reglas de Tokio, son un instrumento internacional adoptado por el Estado Mexicano, en donde establece que la prisión preventiva como medida cautelar debe ser la última razón y solo debe imponerse cuando no exista otra medida que garantice los fines del proceso penal; así también, es correcto el argumento del defensor privado, cuando refiere el tiempo que lleva su representado privado de su libertad porque de los registros digitales de la causa se advierte que Josué Chávez González fue detenido en flagrancia el quince de abril del año dos mil quince y el diecisiete de ese mes y año se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar de forma provisional y el veintidós del mismo mes y año de forma definitiva, por lo tanto, hasta la fecha del incidente planteado, el referido acusado tiene dos años cuatro meses y cuatro días privado de su libertad. De igual forma es correcto el argumento del defensor privado, cuando precisa que el artículo 179 del Código Procesal del Estado, establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivo el proceso y en ningún caso será superior a dos años; sin embargo, es infundado su argumento cuando afirma que la prolongación de la privación de la libertad de su representado no es por el ejercicio de su derecho de defensa, pues contrario a ese argumento, en el presente asunto la prolongación de la prisión preventiva se debe al ejercicio de defensa que hizo valer el acusado Josué Chávez González dentro del proceso, toda vez que la audiencia oral de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, es consecuencia de una determinación judicial ordenada por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado al resolver el recurso de casación y ordenar la reposición del juicio, precisamente en tutela de los derechos de defensa alegados por el mismo; luego entonces, la finalidad de la citada audiencia era continuar con el juicio debate siguiendo los parámetros de la Superioridad y ello, se insiste fue consecuencia del derecho e defensa que ejerció oportunamente el aquí acusado, al interponer el recurso de casación en contra de la primigenia sentencia condenatoria de fecha diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, por lo tanto se colma la hipótesis prevista como excepción a la regla general, estipulada en el segundo párrafo del artículo 20 apartado B fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si lo anterior no fuera suficiente para sustentar la continuación de la prisión preventiva, debe decirse que, a juicio de los integrantes de este Tribunal, existen elementos suficientes que justifican la razonabilidad de la prolongación de la prisión preventiva impuesta a Josué Chávez González, pues no obstante que debe ser la última razón conforme a las reglas de Tokio y que ya excedió del plazo de dos años, sin embargo, se consideran diversos aspectos que hacen necesario su prolongación, como es el hecho de que el delito por el cual le es aplicable la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar personal, en términos del artículo 19 segundo párrafo de la Constitución Política del País, en correlación con el diverso 2 segundo párrafo, de la Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, ilícito que se encuentra previsto por los artículo 9, fracción I, inciso a) y 10 fracción I, incisos b) y c) ambos de la Ley General en comento; además, por la complejidad del asunto, porque el juicio o debate inicio el diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis y finalizó con la lectura de la sentencia el diecisiete de octubre del mismo año, es decir, el desahogo de pruebas que se desahogaron en juicio, tanto por parte del Ministerio Público como de los acusados; máxime que Josué Chávez González fue juzgado conjuntamente con otras cuatro personas como imputados con distintos defensores privados (.). Por lo tanto, dichos factores procesales son datos objetivos que justifican la necesidad de que Josué Chávez González continúe en prisión preventiva hasta el desahogo del juicio, porque si bien es cierto que dentro de sus datos personales afirmó que su domicilio se ubica en calle hidalgo sin número, colonia San Juan, en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, de ocupación comerciante y con un dependiente económico siendo un menor de edad, sin embargo, resulta insuficiente para acredita su arraigo en un determinado lugar y menos para eliminar el riesgo de fuga que existe, máxime si tomamos en consideración que el imputado esta sabedor de que en el primer juicio desahogado se determinó por unanimidad de los integrantes de éste Tribunal la culpabilidad del referido acusado, es decir, existió suficiente convicción para determinar la existencia del delito de secuestro agravado y la responsabilidad penal en su comisión por parte de Josué Chávez González, lo que motivó a los integrantes del Tribunal a imponerle la pena de sesenta años de prisión; (.) la prolongación de la prisión preventiva como medida cautelar, porque ésta obedece a los fines del proceso, entre ellos, garantizar la presencia del acusado en el juicio. Ahora bien, es cierto que la determinación que ordenó reponer el proceso es de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete y el artículo 66 segundo párrafo, del Código Procesal Penal en vigor, establece que el Juicio se celebrará en un plazo no mayor a seis meses, sin embargo, el incumplimiento a dicha norma no es imputable a este Tribunal, porque el aplazamiento a la continuación del debate es imputable al ejercicio del derecho de defensa que han hecho valer diversos acusados en el presente asunto, y en aras de garantizar ese derecho humano fundamental, se ha priorizado conceder un tiempo razonable para preparar la defensa, siendo el motivo por el que se incumplió con esa disposición normativa. En consecuencia, de lo anterior se justifica la prolongación de la prisión preventiva como medida cautelar impuesta al aquí quejoso y por ende se declara improcedente el incidente promovido por la defensa privada del acusado Josué Chávez González" (fojas 221 a 223). Ahora bien, de la transcripción anterior así como del examen de la documental referida, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, revela que la autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Región Istmo, con sede en esta ciudad, cumplió en los términos en que fue concedida la sentencia de amparo, toda vez que dejó sin efecto la parte relativa de la audiencia celebrada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en la cual se resolvió el incidente de cesación o suspensión de la prisión preventiva solicitada por la defensa del quejoso dentro de la causa penal 125/2015, de su índice, y en su lugar el veintiocho de febrero del año en curso, resolvió dicho incidente, sin que pase desapercibido para este juzgador que el quejoso JOSUÉ CHÁVEZ GONZÁLEZ, se encuentra a disposición del Juez de ejecución de penas, toda vez que ocho de enero de dos mil dieciocho, los Magistrados de la Primera Sala Penal y especializada en adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, resolvieron el recurso de casación que interpuso el quejoso en contra de la sentencia condenatoria dictada por los integrantes del Tribunal de debate de la región del Istmo, con sede en esta ciudad. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, sin exceso ni defecto; por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal.

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