Josue Carmona Perez
Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/06/2022
Partes del expediente
- Josue Carmona Perez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de junio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de dos de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso Josué Carmona Pérez, a través del cual cumple con la prevención realizada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En ese contexto legal, resulta pertinente traer a colación además lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación de la materia vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece la ley reglamentaria del Artículo 107 constitucional para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos; por lo que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma evidente el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ello con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración; esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentren en el juicio de amparo directo (contra la sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. Precisado lo anterior, en el caso concreto, se advierte que el promovente señaló como acto reclamado "El auto de fecha 18 de Abril del 2022, dictado por la autoridad responsable en autos del Expediente 2254/2019, mismo que fue publicado en el Boletín Judicial de fecha 25 de Abril del 2022, el cual no ha sido notificado en forma personal al suscrito pero bajo protesta de decir verdad manifestamos tuvimos conocimiento el día que salió en el boletín judicial es decir 25 de abril del presente año en virtud del cual se declara que no ha lugar a tenerme interponiendo incidente de nulidad de emplazamiento de fecha 24 de febrero del 2020.". En esa intelección, es preciso destacar que el desechamiento del incidente de nulidad de emplazamiento y que constituye su agravio, tiene efectos meramente procesales en el procedimiento de origen, lo que no implica que se afecte irremediablemente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de una determinación o resolución que pueda o no resultar favorable a los intereses del promovente del amparo. Por lo que hace a la resolución que desecha un incidente de nulidad de notificaciones por defecto en el emplazamiento constituye una violación procesal conforme a lo establecido en el artículo 172, fracciones I y V, de la Ley de Amparo. Por lo que, de conformidad con lo establecido en los numerales antes transcritos, el acto que se reclama no es considerado como de aquéllos de imposible reparación, pues no causa al quejoso un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, ya que mediante él únicamente se desechó un incidente de nulidad de notificaciones por defecto en el emplazamiento emitida en el expediente 2254/2019, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, en esta ciudad, lo que pone de manifiesto que se trata de una violación procesal en la que solamente la resolución final dictada en el juicio de donde deriva el acto reclamado, en el caso de que tal situación trascendiera a su resultado, consumaría en su perjuicio los actos de los que ahora se duele y sería hasta entonces cuando estaría en posibilidad legal de reclamar tales violaciones, en el amparo directo que intentara. En apoyo a lo expuesto se citan los siguientes criterios, los que se consideran aplicables aun y cuando en ellos se citen artículos de la Ley de Amparo abrogada, conforme el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se creó la nueva Ley de la Materia, dado que los mencionados en las tesis no son contrarios a los comprendidos en la legislación aplicable. "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." (Jurisprudencia 94/2008, resultado de la contradicción de tesis 23/2008-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, del Tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Por tanto, se reitera, si bien es verdad que la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que el amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación; también lo es, que agrega que esos actos son los que afectan materialmente derechos sustantivos. Hipótesis que como se dijo, no se surte en el presente caso, ya que el acto que aquí se reclama, no se traduce en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, expulsión o destierro, extradición, desaparición forzada de personas ni alguno de los actos a que se refiere el artículo 22 constitucional; ni la afectación a derechos patrimoniales como embargo, multa o algún otro que repercuta de forma directa e inmediata en la esfera jurídica de la quejosa. Conforme a lo anterior, se insiste el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, ya que no afecta materialmente y de forma actual los derechos sustantivos reconocidos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Se invoca en sustento a la determinación tomada la jurisprudencia I.10 A.E. J/5 (10ª.), en materia común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Así, habida cuenta que el acto reclamado trata sobre un acto intraprocesal en el juicio natural que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, que sean de imposible reparación; no queda más que reiterar la improcedencia invocada; y, en vía de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; al actualizarse la causal contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, razón por la cual, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Josué Carmona Pérez. Aunado a que, de las propias manifestaciones efectuadas por la parte quejosa en su escrito de demanda se obtiene que es parte dentro del juicio 2254/2019, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, en esta ciudad, de donde deriva el acto reclamado, es evidente que la parte quejosa debe esperar a que se emita la sentencia correspondiente, y de considerar que esta no le es favorable, podrá impugnarlo por la vía que corresponda, haciendo valer las violaciones procesales respectivas, entre ellas, la que aquí señala como acto reclamado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito del quejoso, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de dieciséis de mayo del presente año, dado que manifiesta que en el expediente 2254/2019, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, con sede en esta ciudad, se encuentra actualmente cerrada la litis; sin embargo, fue omiso en señalar en si se encuentra en trámite o ya se dictó sentencia en el mismo. Ahora, toda vez que en el proveído de referencia se le requirió para que: Amplíe los antecedentes del acto reclamado, respecto del expediente 2254/2019 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, con sede en esta ciudad, debiendo precisar en qué etapa se encuentra el mismo, es decir si se encuentra en trámite o ya se dictó sentencia en la misma; lo anterior, en virtud de que fue omiso en señalarlo, no obstante que es parte en el referido expediente. Sin que haya cumplido con dicho punto, por no especificar si el referido expediente se encuentra en trámite o ya se dictó sentencia. Subsiste prevención. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento al quejoso que subsiste el apercibimiento contenido en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós; asimismo, toda vez que el auto de referencia se notificó el dieciocho de los corrientes, por lo que si la presente promoción la presentó el veintitrés de mayo del presente año, es decir, al segundo día de los cinco días inicialmente otorgados, es por lo que le restan cuatro días; por lo que en caso de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento señalado en el auto de referencia y se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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