Josué Camargo Aguilera

Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
128/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Josué Camargo Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    (2) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés (fojas 27 a 33), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obra por cuerda separada el expediente laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, devuélvase a su lugar de origen, por no ser necesaria su retención.

  2. Principal

    (1)...Por recibido el oficio ******, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, deducido del recurso de revisión ********, mediante el cual remite el original del expediente en que se actúa, diversas constancias en un tomo, un sobre amarillo y testimonio certificado de la ejecutoria emitida en sesión celebrada vía remota el doce de enero de dos mil veintitrés, en la cual se declaró confirmar la sentencia recurrida, por tanto, se concedió el amparo por las consideraciones que ahí se exponen. Acúsese recibo al órgano revisor. Realícense las anotaciones en el libro respectivo y comuníquese la circunstancia anterior a las partes. Sin que sea necesario glosar a los presentes autos las copias que integran el cuaderno de antecedentes, pues dichas actuaciones obran en original en el expediente en que se actúa, por lo que a efecto de evitar la repetición de constancias, únicamente agréguense los documentos originales contenidos en el mismo. En esas condiciones, al haberse confirmado la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de inmediato de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, informe respecto al cumplimiento que haya dado a la ejecutoria; esto es: "(.) deje sin efectos el Acuerdo 131/2021, respecto de la quejosa. Lo anterior, se traduce en que deberá desincorporar a Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, Sociedad Anónima de Capital Variable, -parte quejosa- de la lista de personas bloqueadas contenidas en el Acuerdo *******; además que, con independencia de que la Unidad de Inteligencia Financiera se los ordene o no, a partir de que la presente sentencia cause ejecutoria, se tendrá que levantar el bloqueo de la cuenta *********, aperturada en la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, de la que es titular la quejosa. Así como dejar insubsistente la suspensión de actos, operaciones y servicios, presentes o futuros con la quejosa, derivada de su inclusión en la lista de personas bloqueadas según el Acuerdo *****, que se le reclamó a la citada institución financiera. Protección constitucional que se hace extensiva al oficio ******, folio ************* de uno de junio de dos mil veintiuno, pues en éste se solicitó e informó sobre la inclusión de la promovente a la lista de personas bloqueadas a fin de materializar la inmovilización correspondiente. (.)" Con apercibimiento para la referida autoridad que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se impondrá, una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a nueve mil seiscientos veintidós, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, devuélvasele un sobre amarillo al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las copias certificadas enviadas por el Director General de Atención de Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constancias que fueron remitidas por las responsables en apoyo su informe justificado y obran en anexo por separado.

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