Josue Bladimir Dominguez Sanchez
Expediente 1168/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Josue Bladimir Dominguez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido.
- Principal
SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO con que se formó este juicio.
- Principal
Visto lo de cuenta, toda vez que mediante auto de veintidós de marzo pasado, se ordenó dar vista a la parte promovente a fin de que dentro del término de tres días, proporcionara el domicilio de la parte quejosa, con el apercibimiento que en caso de ser omiso, la notificación de quince de septiembre de dos mil veintidós, se realizara por los estrados de este Juzgado, circunstancia que le fue notificada el veintiocho de marzo pasado; por tanto, notifíquese al quejoso de referencia, por lista de acuerdos de este Juzgado el auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio remitido por el Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con sede en Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la nueva Ley de Amparo, téngase como sus delegados, a quienes indican y como domicilio el que señala para tal fin. POR OTRA PARTE, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, REFIERE LO SIGUIENTE: "Tampico, Tamaulipas, quince de septiembre de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por Henry Alexis Domínguez Rivas, en representación de JOSUE BLADIMIR DOMINGUEZ SANCHEZ, contra actos del Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1168/2022-III. El acto reclamado consiste en la privación de libertad, detención, deportación, expulsión, y/o retorno asistido. CONCESIÓN DE LA SUSPENSION DE PLANO Conviene destacar que la libertad de tránsito es un derecho humano que solo puede restringirse en los casos de excepción establecidos en la Constitución Federal; de ahí que, tratándose de una persona extranjera, que es detenida por la autoridad migratoria, en establecimientos controlados, con el propósito de revisar su situación en el país, implica invariablemente una afectación a ese derecho humano. Lo anterior se robustece, si se considera que, en las condiciones apuntadas, las personas extranjeras se ubican, por esa sola circunstancia, en una situación de vulnerabilidad, lo que, incluso, ha sido reconocido de ese modo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha fijado criterio en el sentido de que los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad. Bajo ese orden, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de dos mil trece, establece, en lo que al caso importa destacar, lo siguiente: "Derechos para hacer efectivo el acceso a la justicia (.) 1. Derecho a la información, asistencia legal, defensa pública y derecho a un o una intérprete o traductora (.) 2. Derecho a la asistencia consular (.) Asimismo, en la OC16/99, la Corte IDH resolvió que el derecho a comunicarse con el representante consular contribuye a mejorar considerablemente las posibilidades de defensa y a que los actos procesales realizados se apeguen a la ley y respeto a la dignidad de las personas. Ahora bien, el derecho a la asistencia consular encuentra una excepción importante en el caso de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y refugiadas: al tener temor de una persecución en el que su vida, libertad, seguridad o integridad corren peligro, es entendible que no quieran involucrar a su Estado cuando éste es el agente persecutor, o bien cuando no pudo o no quiso otorgarle a la persona la protección nacional que requería. (.) A) Reglas de actuación para atender a personas migrantes y sujetas de protección internacional en detención 1. Excepcionalidad de la detención (.) La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. (.) 3. Verificación de las condiciones de la detención Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. (.) La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Por otro lado, quienes juzgan pueden también adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos y con apego a la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos. (.) Aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en las tesis aisladas 1a. XIV/2014 y 1a. CCLXIII/2014, que el protocolo de actuación mencionado, si bien, solo es una guía, por lo que no es vinculante, al no tener valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional; lo cierto es que sí constituye una herramienta para los juzgadores, a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos; de ahí que sea viable su observancia para orientar esta resolución. En ese sentido, el impartidor de justicia debe analizar el asunto de que se trate, bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención, en que ésta - detención en la estación migratoria- se utilice como último recurso, al tratarse de una medida que constituye, per se, una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento) dentro de una estación de migración, hasta en tanto se define la situación migratoria; de no ser posible las alternativas de alojamiento, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen los derechos de los menores, que se han establecido con ese propósito, mientras dure su estadía en las estaciones migratorias. Por otra parte, los artículos 66, 107, y 109 de la Ley Migratoria, establecen lo siguiente: "Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley. El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria. Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria. Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten; III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente; IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural; VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y X. Las demás que establezca el Reglamento. El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; (.) III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. (.) IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente; XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, y XV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. De los preceptos transcritos, se advierte la obligación a cargo del Estado Mexicano de respetar y garantizar los derechos en favor de los migrantes, así como las condiciones mínimas que deben satisfacer las estaciones migratorias y los lugares en que sean alojados. En el entendido de que la Ley de Amparo tutela el bien jurídico consistente en la libertad de las personas en distintos casos, como puede observarse de lo dispuesto en el artículo 164, que contempla la suspensión en los casos de detención efectuada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público o cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito. En ese contexto, al considerar en el presente caso que las consecuencias de los actos reclamados es la posible privación de libertad del hoy quejoso, fuera de procedimiento e incluso su posible deportación a su país de origen, lo que causaría daños de imposible reparación, pues al consumarse de momento a momento se haría físicamente imposible restituirlas en el goce de los derechos que estiman fueron afectados, aún en el caso de que en la sentencia constitucional, que en su momento se dicte en el juicio principal, se le otorgara el amparo y protección constitucional. EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Sobre esa base, si se tiene en cuenta que el quejoso solicitó la medida cautelar para el efecto de que no se ejecute en su contra la privación de libertad, detención, deportación, expulsión, y/o retorno asistido, resulta evidente que tales actuaciones se ubican en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, pues se advierte que sus consecuencias pueden derivar en actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y una deportación, y como se dijo, en líneas precedentes la privación de libertad por la sola condición de migrante irregular no puede ser aceptada de acuerdo a una interpretación sistémica de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, y a una interpretación pro persona. En tal virtud, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión respecto de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la privación de la vida, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento físico y psicológico, tratos crueles, inhumanos o degradantes al directamente quejoso JOSUE BLADIMIR DOMINGUEZ SANCHEZ. Asimismo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a JOSUE BLADIMIR DOMINGUEZ SANCHEZ, para el efecto de que personal del Instituto Nacional de Migración, señalados como responsables, se abstengan de ordenar la detención, retención o deportación del quejoso de mérito a su país de origen. En el entendido de que, la suspensión de plano aquí decretada, de igual forma se concede para que respecto a su estancia en el país, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y las responsables, de ser el caso, no procedan a su expulsión o deportación del territorio nacional o se abstengan de devolverlo a su país de origen; es decir, que permanezcan en territorio nacional, independientemente de la denominación o figura bajo la cual se pretenda devolverlos a su país de procedencia sea cual fuere su situación migratoria. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PC.X. J/15 K, de la Décima Época, Instancia Plenos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 04 de septiembre de 2020, Materia Común, con número de registro 2022090, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMÚLTANEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Asimismo, por las razones que la informan sirve de apoyo la tesis I.20o.A.19 A (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, materia común, Décima Época, registro 2016412, página 3551, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que si la detención del quejoso directo fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. En otro orden, cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del nombrado quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puesto en libertad, conforme al segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo. En el entendido, que en el particular al tratarse de persona con calidad de migrante, la autoridad administrativa, previo a dar cumplimiento a este último numeral deberá observar los lineamientos, plazos y términos a que aluden los artículos 68, 101 y 102, de la Ley de Migración. Se previene a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informen a este Juzgado de Distrito sobre la situación jurídica y migratoria que guardan los quejosos, debiendo remitir copia certificada integra de las constancias que compongan el procedimiento que, en su caso, hubiere sido iniciado en contra de ellos, sin perjuicio de que este Tribunal Federal ordene su inmediata libertad si del informe solicitado no se acredita con las constancias necesarias, la flagrancia o urgencia de la detención como probables responsables del ilícito que se le atribuya, o si no se rinde el informe dentro del término concedido. Por tanto, y para dar cumplimiento a la misma, se requiere a la autoridad responsable a fin de que: a) Dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y/o asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. b) Requiera a la parte quejosa, para que proporcione a esa autoridad administrativa el domicilio en donde pueda ser localizada, el cual deberá encontrarse en la Ciudad en que resida, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esa demarcación, pero por los motivos expuestos por el solicitante de amparo, permita a los quejosos abandonar la demarcación geográfica en la que se encuentran y fije medidas para garantizar el cumplimiento de la presente medida cautelar, siempre que dicha medida no implique una privación o restricción del derecho a la libertad personal. c) Para que se les brinde un asesor legal que le otorgue apoyo jurídico para los procedimientos administrativos que requiera, como el caso de la legalización de su situación migratoria o los procedimientos en búsqueda del reconocimiento de refugiado. En el entendido que se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya o pretenda efectuar total o parcialmente los actos citados por la parte promovente. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EL ACATAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Mediante oficio que se envíe, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la medida cautelar otorgada y requiéraseles para el inmediato cumplimiento, el que deberán informar a este órgano jurisdiccional en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS mediante el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal (actuación que requiere de la utilización de una firma electrónica vigente), o en su defecto al correo electrónico (luis.mares.alvarez@correo.cjf.gob.mx). De igual forma, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo, ilícito que de llegar a consumarse, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos legales que procedan. Aunado a lo anterior, apercíbase a las autoridades responsables, de no cumplir con lo requerido, se les sancionará con multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. RATIFICACIÓN DE DEMANDA En virtud que conforme a la narración hecha en la demanda de amparo, el directamente quejoso se encuentran privados de su libertad en las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tampico, Tamaulipas, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado de Distrito para que se constituya en dicha instalación o en su caso, ante las autoridades responsables y requiera al directamente quejoso JOSUE BLADIMIR DOMINGUEZ SANCHEZ, para que en el acto de la diligencia o por escrito dentro del término de tres días, legalmente computado, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su nombre por Henry Alexis Domínguez Rivas, en la inteligencia que en caso de no ratificarla en el plazo que se les concede, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, conforme el artículo 15 de la Ley de Amparo. ADMISIÓN RESERVADA En atención a lo anterior, resérvese acordar lo que corresponda sobre la admisión de la demanda una vez que sea ratificada. AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Solís de León, Ángel López Martínez y Juan Alberto Vite. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual manera, se autoriza al promovente para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el presente juicio de amparo, de manera electrónica y con los lineamientos establecidos para tal efecto; sin que ello implique su aprobación o consentimiento para darse por notificado electrónicamente de los autos o resoluciones judiciales que merezcan notificación personal. LEY DE TRANSPARENCIA Se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Procédase a la digitalización del expediente electrónico. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al dos de octubre de dos mil veintidós, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos. Se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y toda vez que a la fecha no obra constancia de la cual se advierta donde pudiera localizarse al quejoso, JOSUE BLADIMIR DOMINGUEZ SANCHEZ, a fin de que ratifique la demanda interpuesta, en mérito de lo anterior, se instruye al Actuario Judicial adscrito, a fin de que, con los medios proporcionados en el escrito inicial de demanda, requiera a la parte promovente Henry Alexis Dominguez Rivas, para que en el término de tres días proporcione el domicilio en el que pueda ser localizado el directo quejoso, a efecto de llevar la diligencia ordenada en el auto de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, apercibido que en caso de ser omiso, la notificación de referencia, se llevara a cabo por los estrados de este órgano de control constitucional. Por otra parte, en razón a que por auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa, para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el presente juicio de amparo 1168/2022-III-9 y con los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo el usuario "Albertovicencio"; sin que se haya proveído respecto de la aprobación para darse por notificado electrónicamente de los autos o resoluciones judiciales que merezcan notificación personal; sin embargo de la demanda de amparo, se advierte su aprobación para las notificaciones electrónicas; por tanto se tiene a la parte quejosa aprobando las notificaciones electrónicamente de los autos o resoluciones judiciales que merezcan notificación personal; lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. En ese contexto, se ordena notificar a la parte quejosa el presente auto, por conducto de la notificación electrónica.
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