Josué Benavides Tenorio
Expediente 417/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Josué Benavides Tenorio
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede, y toda vez que se advierte que transcurrió el término a que se refieren los artículos 98 y 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda origen del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2°, se declara FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Remítase al archivo de este juzgado como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se agrega el escrito firmado por el quejoso , mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo. Sin que haya lugar a acordar de conformidad, toda vez que en párrafos que anteceden quedó firme el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ordenándose el archivo definitivo del presente asunto; empero, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena remitir el escrito de ampliación de demanda promovido por el quejoso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, previa copia simple que se deje en el presente expediente.
- Principal
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a treinta de marzo de dos mil veintidós. 1. Recepción. Vista la demanda de amparo promovida por ****fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 417/2022-II que le corresponde, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Análisis de la demanda. previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda de cuenta, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, página 199*****En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo***De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación de la Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la Ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda. Entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando la juzgadora ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos****De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de garantías, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya transcrito, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. El último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de quien promueve la demanda que en este caso es el quejoso directo ******* quien promovió por derecho propio, pues en su escrito no señaló con carácter de apoderado a persona alguna. Se afirma lo anterior, porque el escrito de demanda presentado en línea se encuentra signado electrónicamente por diversa persona de nombre******a quien en el quejoso señaló como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no como apoderado. En efecto, la demanda de amparo en línea no contiene la firma electrónica de ****** quien promovió la demanda, por lo que no es viable establecer una manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, implica que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentre vigente, la parte promovente fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, en relación con la certificación secretarial realizada respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada con la firma electrónica (evidencia criptográfica) de una persona diversa a la promovente. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma (en este caso electrónica), como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, con número de registro digital 2019715*****Lo anterior sin que obste que anexó una carta poder, toda vez que la demanda está promovida por el directo quejoso por propio derecho, y no por conducto de un apoderado, máxime que a la persona que firma electrónicamente lo señaló como autorizado, no como apoderado. Sin que en el caso en la demanda de amparo se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no opera excepción alguna. 4. Desechamiento. En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia.** Notifíquese personalmente.
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