Josué Alonso Medrano Rubio
Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Josué Alonso Medrano Rubio
- Josué Alonso Medrano Rubio y Otros.
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal, que interviene en el toca N54/22
- Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos sin mayor acuerdo el informe previo rendido por la responsable, toda vez que ya se dictó sentencia definitiva en el juicio principal por lo cual se deja sin efectos la audiencia fijada para el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés en el presente incidente. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos sin mayor acuerdo el informe rendido por la autoridad responsable toda vez que ya se dictó sentencia definitiva en el presente juicio. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es depurable. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá depurar este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 935/2022-I-B, por ******************** contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; y, ********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda. ********************Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua residentes en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Trámite del juicio. ********************Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se formó expediente y se ordenó registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotarlo en el libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo 935/2022-I-B; ordenó su admisión, fijándose fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se ordenó requerir los informes justificados a las autoridad responsable; emplazar a juicio a la parte tercero interesada; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló alegato ministerial; finalmente la audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; por lo que,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y I07, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos del acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado se atribuye a una autoridad residentes dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. ********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, registro 192097, consultable en la página 32, de rubro y contenido siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".********************En tal sentido, la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable, Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos del Estado de Chihuahua los siguientes actos:********************-La resolución dictada en el Toca-N-54/2022, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en la que el Magistrado responsable, omitió pronunciarse sobre la ilícita negativa del juez de Control de declarar la nulidad de los actos de investigación consistentes en cateo y en consecuencia excluir del material probatorio, entre los que se encuentran la declaración del perito en criminalística de campo ofrecida por el Agente del Ministerio Público.********************TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Así, la autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe con justificación, convino en la existencia de los actos reclamados, exhibiendo para acreditar lo aseverado, la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que revocó la decisión recurrida y modificó el auto de apertura a juicio oral dictado el cuatro de mayo de dos mil veintidós por el juez de control, así como copia certificada de los discos versátiles digitales, que contiene los registros del audio y video de la audiencia intermedia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como su respectiva transcripción.********************Instrumentos los anteriores, que relacionados entre sí -transcripción de la resolución intermedia y el disco compacto con archivos ópticos y acústicos de la audiencia en la que se pronunció la resolución en comento- poseen valor probatorio pleno, al haberse certificado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, servidor público que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas.********************Además de que, en lo que atañe a los documentos, sobre ellos se observa la existencia regular de los sellos, membretes, firmas y rúbricas que para ese caso previenen las leyes, y de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia relativa al acto reclamado.********************Por lo que, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo, es accesible para su posterior consulta, se presume que la información que contienen se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primer vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración de los análisis correspondientes, es factible atribuir a las personas obligadas, el contenido de la información relativa.********************Consecuentemente, se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2°, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por provenir de una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, por ende, se tiene acreditada fehacientemente la existencia de los actos que en esta vía constitucional se reclaman.********************Además, sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."******************** CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo.********************Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 74, Volumen XXXII, Primera Parte, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, de la Sexta Época, registro 801591, que se cita de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, con el rubro y texto siguiente:********************"IMPROCEDENCIA. PUEDE HACERSE VALER DE OFICIO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, pueden hacerse valer de oficio por el juzgador."********************Así, cabe decir que de las constancias de autos no se advierte que las partes invocaran alguna causal de improcedencia ni este órgano jurisdiccional la advierte de oficio, por lo que se procede al estudio del fondo del presente controvertido.********************QUINTO. Precisión de los conceptos de violación.********************Los conceptos de violación que se contienen en el escrito de demanda de garantías, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, pues la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación.********************En apoyo a lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de doce de mayo de dos mil diez, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo tenor literal es:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIO SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el Juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ********************SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de los conceptos de violación. ********************Son inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, como se verá a continuación. ********************Se señala que el análisis de los conceptos de violación se examinarán en su conjunto a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.********************Así, el querellante de amparo señala en su escrito inicial de demanda, en esencia, que le causa agravio lo siguiente:********************a) La resolución y sus efectos, pronunciada en el toca N-54/2022, dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que el Magistrado responsable omitió pronunciarse sobre la ilícita negativa del juez de Control, de declarar la nulidad de los actos de investigación consistentes en un cateo y en consecuencia, excluir del material probatorio de dichos actos, entre los que se encuentran la declaración de perito en criminalística de campo ofrecida por el Agente del Ministerio Público.********************b) La omisión de análisis de nulidad de actos de investigación del Magistrado responsable.********************c) La Negativa a la exclusión de medios de prueba.********************d) Que se indicó al juez de Control que el cateo resultaba violatorio de derechos humanos, es decir, que era ilícito porque se ordenó que se llevara cabo en el domicilio ubicado en la calle Avelina Gallegos número 6013 de la Colonia Manuel Valdez y se realizó en uno diverso, es decir, en la calle Avelina Gallegos 613 de la Colonia Manuel Valdez, lo que es contrario a la certeza y seguridad que exigen los artículos 14 y 16 Constitucionales.********************d) Que la resolución del Juez de Control que se refiere primero a la omisión de analizar la nulidad del acto de investigación denominado cateo, autorizado por diverso juez de Control, habida cuenta porque se analiza la ejecución del cateo y no su autorización y por otro lado, la decisión de negar la petición de excluir la prueba ofrecida por la parte acusadora deriva del cateo impugnado de los derechos humanos, implica una vulneración de los derechos de los imputados, que trasciende al resultado del juicio, porque al pronunciar la resolución combatida, no se puede subsanar, pues al concluir la etapa intermedia, no se podrá analizar el caso en el sentido propuesto.**************************************** Como se dijo con antelación, resultan inoperantes los conceptos de violación en estudio.****************************************Así, resulta pertinente señalar que la finalidad de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral.********************En ese tenor, el artículo 299, del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa, establece lo siguiente:********************"Artículo 299. Finalidad.********************La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral."****************************************De igual forma, el imputado o su defensor, podrán señalar entre otras observaciones, en lo que interesa, las pertinentes al escrito de acusación y requerir su corrección, a efecto de que se depuren los hechos que se le imputan, a efecto de que sean objeto del juicio oral.******************** Al respecto, debe señalarse que no se vulneran los derechos humanos de adecuada defensa y de audiencia, previstos en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, puesto que, la autoridad Magistrado responsable, una vez que analizó el artículo 414 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, estableció cuales son las decisiones del Juez de Control, son recurribles mediante el recurso de apelación, supuestos que de su lectura no se contemplan, los siguientes planteados por el defensor de los quejosos, siendo estos a) la omisión de análisis de nulidad de actos de investigación y b)la negativa a la exclusión de medios de prueba.********************Por tanto resultan inoperantes los argumentos de la parte quejosa en razón de que no combatió el argumento toral por el que se le declaró como inoperantes dichos argumentos defensivos, pues solamente se concretaron a señalar que eran ilegales, pero no controvirtió que se haya señalado en la resolución recurrida, que los planteamientos formulados por el defensor de la parte quejosa, esto es la omisión de análisis de nulidad de actos de investigación y la negativa a la exclusión de medios de prueba fueran materia de apelación, de ahí la inoperancia de los argumentos defensivos********************Se agrega a lo descrito, que no se advierte que se haya vulnerado el derecho humano de adecuada defensa ni el principio de contradicción en perjuicio del quejoso, en razón de que, precisamente fue en el desahogo de la audiencia intermedia, en el que se le dio a dicho inconforme, el uso de la palabra para que con base en su teoría del caso, expusiera las razones por las cuales, en su opinión, resultaba procedente excluir la prueba pericial y el cateo a cargo de las peritos ofertadas por la agente del Ministerio Público; ********************Además, el descubrimiento de esas pruebas no excluye totalmente la posibilidad del procesado de ejercer su derecho de defensa, pues podrá cuestionar directamente al perito que emitió el dictamen que obran en la causa.********************Lo anterior es así, en razón de que es en la etapa intermedia, precisamente la fase procesal en la que las partes pueden formular las observaciones y planteamientos pertinentes respecto de los medios de prueba ofrecidos para los fines de exclusión de los medios de convicción, ejercitando para ello, el principio de contradicción; máxime, que en la especie, no se restringió la oportunidad del imputado de ofrecer los medios de convicción que estimó pertinentes ni se le redujo la posibilidad de objetar o contradecir los que aportó la agente del Ministerio Público en esa etapa procesal.********************En consecuencia, se considera que en el caso concreto no se violan los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales, dado que se cumplen las exigencias para el dictado del auto de apertura a juicio oral controvertido. ********************Por tanto, al cumplirse con los requisitos establecidos para el dictado del auto de apertura a juicio oral controvertido, pronunciado por el Magistrado responsable en contra de ********************, en tal sentido, al resultar inoperantes los conceptos de violación invocados y no existiendo queja por suplir, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicita el quejoso.********************Por lo anteriormente expuesto, y además con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 107, y 124, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales; se,********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, residente en esta ciudad, de conformidad con el considerando último de la presente sentencia.********************NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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