Josue Alfredo Ochoa Elizondo
Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/11/2020
Partes del expediente
- Josue Alfredo Ochoa Elizondo
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de noviembre de dos mil veinte. Estado de Autos. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que a la presente data las autoridades responsables han sido omisas en informar acciones relativas a la ejecución del laudo, diligencia que fue señalada para el cuatro de septiembre del año en curso, tendientes a dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Actuaciones. Ahora bien, es de indicarse que este órgano jurisdiccional tiene conocimiento de que se señalaron las catorce horas con treinta minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve a efecto de llevar a cabo la ejecución del laudo que nos ocupa, sin que hasta el momento se haya informado el resultado de la citada dirigencia. Requerimiento. En virtud de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, informen la etapa en la que se encuentra el trámite relativo a la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 730/2009-IV acumulado 924/2010-IV, así como las actuaciones realizadas con motivo de la citada diligencia y posteriores a la misma, tendientes a dar una respuesta definitiva y lograr el debido cumplimiento al fallo protector del presente asunto. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, podrá imponérsele multa en lo particular equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192, 193 y 194 de la Ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de persistir en la dilación injustificada del cumplimiento será consignado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículo 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo de dicho numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior, en cumplimiento de la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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