Josue Alfonso de la Torre Garcia
Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Josue Alfonso de la Torre Garcia
- Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de anexos Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por las autoridades responsables Tercera Sala del Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Especializada de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Morelos (Elvia Terán Peña), al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción de los oficios correspondientes hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE TERCERO INTERESADA: JESÚS OROZCO ESPERANZA Y YAMILETH ATENEA PEDRAZA SILVA, el auto y/o resolución de VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 776/2022, promovido por ******por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO Presentación de la demanda. El seis de junio de dos mil veintidós (fojas 2 a 30) SEGUNDO Admisión y trámite de la demanda. El nueve de junio de dos mil veintidós (fojas 31 a 39) TERCERO Emplazamiento a los terceros interesados. El trece de junio de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 46) El veintitrés de junio de dos mil veintidós, a los terceros interesados ****y **** (fojas 63 y 64) CUARTO Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3) QUINTO Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte la solicitud del amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la parte quejosa, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, ambas en su correcta denominación, consistente en la resolución mayoritaria dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el toca penal **** del índice de la Sala referida, en la que revocó el auto de vinculación a proceso dictado contra****y ****** por el delito de Robo de Vehículo Automotor, dictado en la causa penal *******, por la mencionada jueza de control a quien reclama su ejecución. TERCERO Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues así lo expresaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias anexas a esas comunicaciones, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el toca penal ******y la causa *** en las que obra el acto reclamado, documentales con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese act De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1/J 43/2013 (10) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL CUARTO Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este Juzgador federal advierte se surta alguna. QUINTO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados sin que haya materia para suplirlos. De conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que para la emisión del auto de vinculación a proceso, se debe verificar la existencia de los requisitos siguientes: a Se hubiere formulado la imputación; b Se otorgó al imputado la oportunidad para declarar; y, c De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establecen se ha cometido un hecho señalado como delito en la Ley y la existencia de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el caso sometido a la jurisdicción de la Sala responsable, este órgano de control constitucional advierte que tuvo en cuenta el segmento fáctico materia de la imputación siguiente: "Que el día dos de septiembre del año dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las diez horas con diecisiete minutos, usted *****y usted ********** viajaban a bordo de un vehículo de la marca ********** a la altura del semáforo, momento en el cual le cortan la circulación al señor ************mismo que viajaba a bordo de un vehículo de su propiedad, este vehículo es de la marca ************cada uno de ustedes en sus manos, se aproximan al señor ******** y le apuntan con sus armas de fuego, acercándose usted señor ******* por el lado del piloto y obliga a bajar a la víctima ********** mientras que usted ********* también portaba un arma de fuego y se posiciona a un costado del señor ******* e inmediatamente abordan el vehículo Chrysler y usted señor ********* lo enciende ya que lo tenían bajo su radio de acción y ámbito de disponibilida Así, el Tribunal de apelación, en suplencia de la deficiencia de la queja, determinó que no se colmó el tercer requisito de los mencionados, pues los datos de prueba no establecen que se ha cometido un hecho señalado como delito en la Ley, en particular robo de vehículo automotor, por las razones siguientes: En la formulación de imputación se estableció que la conducta de apoderamiento ocurrió cuando los imputados *************abordaron el vehículo marca ************ y este último encendió el motor, después de impedir la circulación del pasivo cuando transitaba por la carretera *************y amagarlo con armas de fuego para que descendiera del automotor. II De la declaración del pasivo *********se desprende que fue el imputado ************el único que abordó su auto y accionó el encendido, pero después de que arribó al lugar de los hechos la policía municipal de Jiutepec, Morelos, quienes esposaron al pasivo del delito y lo subieron a la batea de la patrulla donde uno de sus captores le puso la bota en la cabeza, pues dijo que cuando pudo levantarla "observa que el sujeto que lo bajó de su vehículo y apuntó con un pistola, se subió a su vehículo del lado del piloto y lo enciende III Los agentes aprehensores **************en el parte policial homologado no dijeron que los imputados de referencia hayan estado a bordo del vehículo que conducía la víctima **************** quien estaba en la batea de la patrulla, agregaron que el imputado ************* condujo el vehículo materia del delito pero para llevarlo al C-5, es decir, con anuencia de esos agentes policiacos. IV Lejos de corroborarse la formulación de imputación o incluso la versión de los hechos de la víctima, se establece un momento diverso a que el activo del delito varón abordó el vehículo, el que no puede tenerse como de propia autoridad, pues ya se encontraban los agentes policiacos. Contradicciones que, dijo la Sala responsable inciden en no tener certeza respecto del hecho que encuadra en la descripción legal de robo de vehículo automotor y por ende, no se cumple con la existencia de un hecho que la ley señale como delito, por lo que determinó revocar la resolución materia de la alzada y decretar a favor de los imputados auto de no vinculación a proceso. En el primero y único concepto de violación, el quejoso ********aduce que la Sala responsable no consideró lo asentado por los oficiales ************** ni la diligencia de identificación en cámara de Gesell de tres de septiembre de dos mil veintiuno, transcribe el contenido de ambos antecedentes de investigación y concluye que acreditan que los imputados se apoderaron de su vehículo porque una nueva manera de robar autos es aparentado que les fueron robados a los activos y todo indica que la policía de Jiutepec, Morelos, está en contubernio con el crimen organizado. Como se adelantó, lo así expresado es infundado, sin que haya materia para suplir la deficiencia de esos motivos de disenso. En efecto, contrariamente a lo que afirma el peticionario, la Sala responsable sí ponderó el informe policial homologado suscrito por ************** pues destacó que no dijeron que a su llegada los imputados *****************hubieran estado a bordo del vehículo que conducía la víctima ********** contrastándolo con la declaración del amparista de la que obtuvo que únicamente fue el imputado *******el que abordó ese automotor y accionó el encendido, pero ello ocurrió después de que arribó al lugar de los hechos la policía municipal de Jiutepec, Morelos, quienes esposaron pasivo y lo subieron a la batea de la patrulla, de ahí que no asiste razón al quejoso cuando afirma que la autoridad responsable no tomó en cuenta tales antecedentes de investigación. También, porque ese informe policiaco le resultó apto para determinar que el imputado ************condujo el vehículo marca **************** para llevarlo al C5 con la anuencia de los mencionados agentes del orden. Consideraciones del órgano de apelación que no benefician a los intereses del aquí quejoso, pero no por ello vulneran sus derechos fundamentales, al ser resultado del ejercicio de la facultad que le otorgan los artículo 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de asignar el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, pues justificó adecuadamente las contradicciones que encontró entre lo asentado en el informe policial homologado y lo declarado por la víctima *****************respecto de las personas que abordaron el vehículo marca ************** igual que en relación al momento que eso sucedió; explicó y justificó porque no eran contestes esos datos de prueba con las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidos por la Fiscalía, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los antecedentes de investigación. Ahora, el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que hace al procedimiento para formular la imputación establece que se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Por su parte el diverso 316, penúltimo párrafo, del citado código, dispone que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. De acuerdo a lo anterior, debe entenderse que cuando la ley habla del vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica que se contiene en la clasificación preliminar o "hecho delictivo" Lo anterior, permite establecer que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, lo que puede modificarse por el Juez de control y en su caso el tribunal de apelación es la clasificación jurídica por una distinta a la asignada por el Ministerio Público, es decir, dicho juzgador está facultado para variar el hecho delictivo, pero no las circunstancias fácticas que lo motivaron y que fueron consideradas por la fiscalía. En efecto, el sistema acusatorio exige que exista un equilibrio entre los derechos de las partes, es decir, su configuración está encaminada a hacer efectivo el objeto del proceso contenido en la fracción I, apartado A del artículo 20 constitucional, el cual busca que exista un esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Tales postulados son concomitantes con el principio de imparcialidad del juzgador. Ciertamente la función jurisdiccional tiene un papel preponderante en el desarrollo del proceso, en virtud de que el Juez debe mantener una actitud proactiva para así garantizar el equilibrio de mérito. Pensar que el juzgador está limitado a aceptar mecánicamente las pretensiones expuestas por las partes, lo tornaría en una figura inanimada que no coadyuvaría en ningún sentido a cumplir con los postulados que erigieron al sistema de justicia penal acusatorio. Sin embargo, esa potestad no lo faculta para modificar el "hecho" que tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo, sino sólo para modificar la clasificación del "hecho delictivo" materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso, lo que es acorde con las exigencias que impulsaron la reforma constitucional que dio origen al sistema acusatorio, y con el objeto del proceso penal previsto en la fracción I, apartado A del artículo 20 constitucional, el cual busca que exista un esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En ese tenor, si la Sala responsable desatendiera el elemento fáctico materia de la imputación y tuviera por acreditados hechos distintos a éste, es decir, que no atendiera que de los datos de prueba consistentes en la declaración del ofendido ******** y del informe policial homologado no se pueda tener certeza de si **********y ************* abordaron el vehículo materia del delito o solo uno de ellos, tampoco del momento en que esto ocurrió, es decir, después de detener la marcha del pasivo o cuando éste estaba esposado a bordo de una patrulla o en el momento que ese automotor fue llevado a las instalaciones de C-5, para tener por acreditada una conducta diversa a la que estableció la Fiscalía al formular la imputación, es indudable que excedería la facultad otorgada por el diverso 316, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no estaría otorgando una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, sino estaría modificando el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. Tocante al motivo de inconformidad relativo a que la sala responsable desatendió la diligencia de identificación en cámara de Gesell en la que intervino el quejoso, es infundado porque esa prueba no es idónea para encuadrar la conducta delictiva, sino la identidad de su autor, lo que no fue abordado por el Tribunal responsable, de ahí que no se vulneran los derechos fundamentales del quejoso al no ser tópico en la resolución reclamada. En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia a suplir a favor del quejoso, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución de la Jueza de Control responsable al no ser reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **************contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos y consideraciones expuestas en el último. Notifíquese personalmente.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 776/2022, promovido por ******por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO Presentación de la demanda. El seis de junio de dos mil veintidós (fojas 2 a 30) SEGUNDO Admisión y trámite de la demanda. El nueve de junio de dos mil veintidós (fojas 31 a 39) TERCERO Emplazamiento a los terceros interesados. El trece de junio de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 46) El veintitrés de junio de dos mil veintidós, a los terceros interesados ****y **** (fojas 63 y 64) CUARTO Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3) QUINTO Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte la solicitud del amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la parte quejosa, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, ambas en su correcta denominación, consistente en la resolución mayoritaria dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el toca penal **** del índice de la Sala referida, en la que revocó el auto de vinculación a proceso dictado contra****y ****** por el delito de Robo de Vehículo Automotor, dictado en la causa penal *******, por la mencionada jueza de control a quien reclama su ejecución. TERCERO Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues así lo expresaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias anexas a esas comunicaciones, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el toca penal ******y la causa *** en las que obra el acto reclamado, documentales con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese act De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1/J 43/2013 (10) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL CUARTO Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este Juzgador federal advierte se surta alguna. QUINTO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados sin que haya materia para suplirlos. De conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que para la emisión del auto de vinculación a proceso, se debe verificar la existencia de los requisitos siguientes: a Se hubiere formulado la imputación; b Se otorgó al imputado la oportunidad para declarar; y, c De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establecen se ha cometido un hecho señalado como delito en la Ley y la existencia de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el caso sometido a la jurisdicción de la Sala responsable, este órgano de control constitucional advierte que tuvo en cuenta el segmento fáctico materia de la imputación siguiente: "Que el día dos de septiembre del año dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las diez horas con diecisiete minutos, usted *****y usted ********** viajaban a bordo de un vehículo de la marca ********** a la altura del semáforo, momento en el cual le cortan la circulación al señor ************mismo que viajaba a bordo de un vehículo de su propiedad, este vehículo es de la marca ************cada uno de ustedes en sus manos, se aproximan al señor ******** y le apuntan con sus armas de fuego, acercándose usted señor ******* por el lado del piloto y obliga a bajar a la víctima ********** mientras que usted ********* también portaba un arma de fuego y se posiciona a un costado del señor ******* e inmediatamente abordan el vehículo Chrysler y usted señor ********* lo enciende ya que lo tenían bajo su radio de acción y ámbito de disponibilida Así, el Tribunal de apelación, en suplencia de la deficiencia de la queja, determinó que no se colmó el tercer requisito de los mencionados, pues los datos de prueba no establecen que se ha cometido un hecho señalado como delito en la Ley, en particular robo de vehículo automotor, por las razones siguientes: En la formulación de imputación se estableció que la conducta de apoderamiento ocurrió cuando los imputados *************abordaron el vehículo marca ************ y este último encendió el motor, después de impedir la circulación del pasivo cuando transitaba por la carretera *************y amagarlo con armas de fuego para que descendiera del automotor. II De la declaración del pasivo *********se desprende que fue el imputado ************el único que abordó su auto y accionó el encendido, pero después de que arribó al lugar de los hechos la policía municipal de Jiutepec, Morelos, quienes esposaron al pasivo del delito y lo subieron a la batea de la patrulla donde uno de sus captores le puso la bota en la cabeza, pues dijo que cuando pudo levantarla "observa que el sujeto que lo bajó de su vehículo y apuntó con un pistola, se subió a su vehículo del lado del piloto y lo enciende III Los agentes aprehensores **************en el parte policial homologado no dijeron que los imputados de referencia hayan estado a bordo del vehículo que conducía la víctima **************** quien estaba en la batea de la patrulla, agregaron que el imputado ************* condujo el vehículo materia del delito pero para llevarlo al C-5, es decir, con anuencia de esos agentes policiacos. IV Lejos de corroborarse la formulación de imputación o incluso la versión de los hechos de la víctima, se establece un momento diverso a que el activo del delito varón abordó el vehículo, el que no puede tenerse como de propia autoridad, pues ya se encontraban los agentes policiacos. Contradicciones que, dijo la Sala responsable inciden en no tener certeza respecto del hecho que encuadra en la descripción legal de robo de vehículo automotor y por ende, no se cumple con la existencia de un hecho que la ley señale como delito, por lo que determinó revocar la resolución materia de la alzada y decretar a favor de los imputados auto de no vinculación a proceso. En el primero y único concepto de violación, el quejoso ********aduce que la Sala responsable no consideró lo asentado por los oficiales ************** ni la diligencia de identificación en cámara de Gesell de tres de septiembre de dos mil veintiuno, transcribe el contenido de ambos antecedentes de investigación y concluye que acreditan que los imputados se apoderaron de su vehículo porque una nueva manera de robar autos es aparentado que les fueron robados a los activos y todo indica que la policía de Jiutepec, Morelos, está en contubernio con el crimen organizado. Como se adelantó, lo así expresado es infundado, sin que haya materia para suplir la deficiencia de esos motivos de disenso. En efecto, contrariamente a lo que afirma el peticionario, la Sala responsable sí ponderó el informe policial homologado suscrito por ************** pues destacó que no dijeron que a su llegada los imputados *****************hubieran estado a bordo del vehículo que conducía la víctima ********** contrastándolo con la declaración del amparista de la que obtuvo que únicamente fue el imputado *******el que abordó ese automotor y accionó el encendido, pero ello ocurrió después de que arribó al lugar de los hechos la policía municipal de Jiutepec, Morelos, quienes esposaron pasivo y lo subieron a la batea de la patrulla, de ahí que no asiste razón al quejoso cuando afirma que la autoridad responsable no tomó en cuenta tales antecedentes de investigación. También, porque ese informe policiaco le resultó apto para determinar que el imputado ************condujo el vehículo marca **************** para llevarlo al C5 con la anuencia de los mencionados agentes del orden. Consideraciones del órgano de apelación que no benefician a los intereses del aquí quejoso, pero no por ello vulneran sus derechos fundamentales, al ser resultado del ejercicio de la facultad que le otorgan los artículo 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de asignar el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, pues justificó adecuadamente las contradicciones que encontró entre lo asentado en el informe policial homologado y lo declarado por la víctima *****************respecto de las personas que abordaron el vehículo marca ************** igual que en relación al momento que eso sucedió; explicó y justificó porque no eran contestes esos datos de prueba con las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidos por la Fiscalía, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los antecedentes de investigación. Ahora, el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que hace al procedimiento para formular la imputación establece que se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Por su parte el diverso 316, penúltimo párrafo, del citado código, dispone que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. De acuerdo a lo anterior, debe entenderse que cuando la ley habla del vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica que se contiene en la clasificación preliminar o "hecho delictivo" Lo anterior, permite establecer que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, lo que puede modificarse por el Juez de control y en su caso el tribunal de apelación es la clasificación jurídica por una distinta a la asignada por el Ministerio Público, es decir, dicho juzgador está facultado para variar el hecho delictivo, pero no las circunstancias fácticas que lo motivaron y que fueron consideradas por la fiscalía. En efecto, el sistema acusatorio exige que exista un equilibrio entre los derechos de las partes, es decir, su configuración está encaminada a hacer efectivo el objeto del proceso contenido en la fracción I, apartado A del artículo 20 constitucional, el cual busca que exista un esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Tales postulados son concomitantes con el principio de imparcialidad del juzgador. Ciertamente la función jurisdiccional tiene un papel preponderante en el desarrollo del proceso, en virtud de que el Juez debe mantener una actitud proactiva para así garantizar el equilibrio de mérito. Pensar que el juzgador está limitado a aceptar mecánicamente las pretensiones expuestas por las partes, lo tornaría en una figura inanimada que no coadyuvaría en ningún sentido a cumplir con los postulados que erigieron al sistema de justicia penal acusatorio. Sin embargo, esa potestad no lo faculta para modificar el "hecho" que tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo, sino sólo para modificar la clasificación del "hecho delictivo" materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso, lo que es acorde con las exigencias que impulsaron la reforma constitucional que dio origen al sistema acusatorio, y con el objeto del proceso penal previsto en la fracción I, apartado A del artículo 20 constitucional, el cual busca que exista un esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En ese tenor, si la Sala responsable desatendiera el elemento fáctico materia de la imputación y tuviera por acreditados hechos distintos a éste, es decir, que no atendiera que de los datos de prueba consistentes en la declaración del ofendido ******** y del informe policial homologado no se pueda tener certeza de si **********y ************* abordaron el vehículo materia del delito o solo uno de ellos, tampoco del momento en que esto ocurrió, es decir, después de detener la marcha del pasivo o cuando éste estaba esposado a bordo de una patrulla o en el momento que ese automotor fue llevado a las instalaciones de C-5, para tener por acreditada una conducta diversa a la que estableció la Fiscalía al formular la imputación, es indudable que excedería la facultad otorgada por el diverso 316, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no estaría otorgando una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, sino estaría modificando el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. Tocante al motivo de inconformidad relativo a que la sala responsable desatendió la diligencia de identificación en cámara de Gesell en la que intervino el quejoso, es infundado porque esa prueba no es idónea para encuadrar la conducta delictiva, sino la identidad de su autor, lo que no fue abordado por el Tribunal responsable, de ahí que no se vulneran los derechos fundamentales del quejoso al no ser tópico en la resolución reclamada. En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia a suplir a favor del quejoso, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución de la Jueza de Control responsable al no ser reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **************contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos y consideraciones expuestas en el último. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Informe justificado. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y constancias relacionadas con el acto reclamado; atento a su contenido, póngase a la vista del juzgador de este órgano constitucional, para los efectos legales conducentes. Anexo. Ahora, en atención a la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmense un anexo por separado, con el propósito de tener un mejor manejo del presente expediente. Notifíquese y Cúmplase.
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