Josué Alejandro Melgar Castilla

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Josué Alejandro Melgar Castilla
  • Josué Alejandro Melgar Castilla y Otros.
  • Juez Primero del Ramo Penal para la atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapaas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto; el oficio signado por la Primera Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por medio del cual informa que el aquí peticionario de amparo Josué Alejandro Melgar Castilla, compareció voluntariamente ante ese Juzgado, a fin de llevar a cabo las diligencias de careos procesales e interrogatorios, dentro de la causa penal 190/2013, anexando copias certificadas de las diligencias en comento; asimismo, hace del conocimiento que ordenó al Director de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, cancelara la orden de búsqueda, localización y presentación contra el aquí quejoso. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: la orden de búsqueda, localización, presentación, emitido dentro de la causa penal 190/2013, para que en su carácter de testigo se lleve a cabo la diligencia de careos con el procesado en ese expediente. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable, a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la Primera Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que el aquí peticionario de amparo Josué Alejandro Melgar Castilla, compareció voluntariamente ante ese Juzgado, a fin de llevar a cabo las diligencias de careos procesales e interrogatorios, dentro de la causa penal 190/2013; asimismo, hizo del conocimiento que ordenó al Director de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, cancelara la orden de búsqueda, localización y presentación contra el aquí quejoso. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo." En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierten que en proveído de tres de septiembre del año en curso, se solicitó al Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, remitiera copia certificada de la diligencia de careo dentro del expediente penal 190/2013. Al efecto, se acuerda: Para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto, el escrito de cuenta signado por ++++++, autorizado por la parte quejosa, mediante el cual informa que el treinta de agosto del año en curso, se apersonó el quejoso al Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a efecto de llevar a cabo la diligencia de careo dentro del expediente 190/2013. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de que sea notificado del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada de la diligencia de careo antes mencionada, e informe si aún subsiste la orden de presentación contra el aquí quejoso o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo, del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto, oficio signado por el Juez Primero en Materia Penal Especializado para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla-Chiapa, con sede en Cintalapa de Figueroa Chiapas, por medio del cual remite el original del emplazamiento realizado a la Fiscal del Ministerio Público, adscrito a ese Juzgado. Al efecto se acuerda: Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar.

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