Josué Alejandro Chavarría Tovar
Expediente 1496/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1496/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Josué Alejandro Chavarría Tovar
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve *****, en representación de su menor hijo de iniciales ********************, lo cual acredita con copia certificada del acta de nacimiento del infante, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Facilitadora adscrita a la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Acto reclamado El citatorio dictado en contra del menor de iniciales ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************, para que se presente a la práctica conciliatoria sin la intervención de su progenitor. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente electrónico. Regístrese bajo el número de expediente que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Admisión de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Ahora bien, en cumplimiento a la circular DGG/JSTG/20/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se instruye a la Analista Jurídico Sise, para capture en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la edad del menor de iniciales ******************** ******************** Incidente de suspensión En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación: a) Que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. b) Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. c) En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviar debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. d) Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se les impondrá en sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Obligación de informar respecto de alguna causa de improcedencia del juicio. Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia; asimismo, informen si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número de expediente y el órgano jurisdiccional que conoce o conoció de dicho juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Tercera interesada Se reserva proveer lo conducente respecto a la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de las autoridades responsables. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Ahora, toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a la que en la fecha del dictado del presente acuerdo tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Consulta de expediente electrónico En cuanto a su solicitud de consultar el expediente electrónico mediante el usuario que proporciona, se tiene por autorizada, toda vez que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó dicho usuario, en términos del Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por consiguiente, se ordena a la oficial judicial "A" efectuar el registro interno del usuario que proporciona el promovente para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Juicio en línea En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Medios alternativos de contacto. Se tiene como medio alternativo de contacto el correo electrónico que proporciona la parte quejosa. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Copias Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a su costa copia simple del presente proveído, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para su debida constancia legal; en la inteligencia que, si dicha constancia no obra en original, no será posible expedir copia certificada de dicho documento. Notifíquese: por lista al quejoso; por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y atento a lo ordenado en el cuaderno principal de donde deriva la presente incidencia, procédase a proveer lo atinente a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo 1496/2023-VIII, promovido por Josue Alejandro Chavarría Tovar, en representación de su menor hijo de iniciales ********************, contra la autoridad y actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Facilitadora adscrita a la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Actos reclamados El citatorio dictado en contra del menor de iniciales ********************, dentro de la carpeta de investigación ******************** para que se presente a la práctica conciliatoria sin la intervención de su progenitor. Solicitud de informe previo Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, remitiéndoles para ello copia simple de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. Apercibimiento Es menester señalar que, la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y si incurren en tal omisión se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Procedencia de la suspensión provisional Ahora bien, para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario, en principio, establecer el acto reclamado respecto del cual se solicita la medida cautelar que, en esencia, consiste en lo siguiente: La ejecución del citatorio dictado en contra del menor de iniciales ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************, para que se presente a la práctica conciliatoria sin la intervención de su progenitor. Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. Ahora bien, por lo que hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado, por su naturaleza, tiene el carácter de positivo, pues se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades. En esas condiciones, por su naturaleza, el acto reclamado es susceptible de suspenderse, en sus efectos y consecuencias, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece, en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita el progenitor del adolescente de iniciales ********************, quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues, según lo expuesto en la demanda de amparo, la citación se giró en contra del quejoso con la finalidad de llevar a cabo una práctica conciliatoria entre el menor y las menores víctimas dentro de la carpeta de investigación ******************** correspondiente al procedimiento de Justicia Restaurativa, sin la intervención de los padres. Por tanto, se trata de la persona que resentirá la afectación en su derecho subjetivo público al debido proceso y el principio de interés superior del menor. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (.)." Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, respecto del daño que se pretende evitar con la suspensión del acto, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Ahora bien, con relación a la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, cabe aclarar que de acuerdo con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión solicitada en un juicio de amparo sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Éstos se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Al respecto, el artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (...) VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; (.)." Del contenido de dicho precepto se desprende que cuando se afectan intereses de menores o incapaces o se les pueda ocasionar un trastorno emocional o psíquico, con la concesión de la medida cautelar, se considera que se causan perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. En efecto, de no conceder la medida cautelar se perjudicaría en mayor medida a la sociedad, pues la misma guarda especial interés en la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por tratarse de etapas de la vida del hombre que requieren de especial atención en aras de lograr un sano desarrollo de la infancia; derechos de entre los cuales destacan los relativos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y a la no violencia, lo que se engloba dentro del concepto del interés superior del menor, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño. En consecuencia, al haberse satisfecho los requisitos de la medida cautelar, se concede la suspensión provisional. Ahora bien, los efectos para los cuales se concede la suspensión provisional son los siguientes: Para que el adolescente de iniciales ******************** se presente a la práctica conciliatoria señalada dentro de la carpeta de investigación ******************** correspondiente al procedimiento de Justicia Restaurativa en la data establecida para ello y se respete su derecho a una defensa adecuada, es decir, deberá darse intervención al menor investigado, a sus padres, a sus tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, así como a un defensor especializado en justicia para adolescentes. En el entendido de que, si el infante no cuenta con un defensor especializado, deberá asignársele uno de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.14/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017281 de rubro y texto siguiente: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DAR INTERVENCIÓN AL MENOR INVESTIGADO, A SUS PADRES, A SUS TUTORES O A QUIENES EJERZAN LA PATRIA POTESTAD O LA CUSTODIA, ASÍ COMO A SU DEFENSOR PROFESIONISTA EN DERECHO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE DIRECTA Y FÍSICAMENTE PARTICIPE O DEBA PARTICIPAR, SIEMPRE QUE LO PERMITA LA NATURALEZA DE ÉSTAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el sistema integral de justicia para adolescentes, previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regula que el menor a quien se le atribuye la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito goza de derechos y garantías que le asisten al estar sujeto a proceso; de igual manera, ha interpretado que el derecho a una defensa adecuada reconocido por el artículo 20 de la Constitución Federal, se garantiza desde el momento en que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público y tiene derecho a que en todo momento dentro de la etapa de investigación esté presente en las diligencias en las que directa y físicamente participe o deba participar, siempre que lo permita la naturaleza de éstas y esté asistido de un defensor que sea profesionista en derecho, quien velará porque se siga con apego a los principios del debido proceso. Así, tratándose del sistema integral de justicia para adolescentes, el Ministerio Público debe dar intervención al menor investigado, a sus padres, a sus tutores o a quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, así como al defensor especializado en todas y cada una de las diligencias en las que directa y físicamente participe o deba participar, siempre que lo permita la naturaleza de éstas, es decir, en aquellas en las que de no estar presente se cuestione la certeza de un debido proceso, a efecto de salvaguardar su derecho a una defensa adecuada. Así como la tesis II.4º.P.29 P (11a) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro electrónico 2026410, de rubro: INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO NORMA DE PROCEDIMIENTO. PARA PROTEGER DE MANERA EFECTIVA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS EN PROCESOS PENALES QUE LOS INVOLUCREN, ES NECESARIO DESIGNARLES UNA REPRESENTACIÓN COADYUVANTE ESPECIALIZADA. Tomando en cuenta el peligro inminente de que se lleve el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, conforme a lo previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional decretada subsistirán hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. Dicha medida cautelar surtirá efectos siempre y cuando la orden de citación haya sido emitida por alguna de las autoridades responsables con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Garantía Sin que sea necesario que la parte quejosa exhiba garantía para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a la parte tercera interesada, con la concesión de esta medida, atendiendo al interés superior de la menor, pues, de lo contrario, se podría causar un perjuicio mayor al que se pretende evitar con la medida cautelar, ya que se pondría en riesgo la subsistencia de la menor quejosa. Autorización de firma y habilitación de horas inhábiles. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este incidente. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a costa del quejoso las copias certificadas que refiere, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos por persona autorizada, para su debida constancia legal. Notifíquese: por lista al quejoso y por oficio a las autoridades responsables.
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