Josué Adán Navarro González

Expediente 1227/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1227/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Josué Adán Navarro González

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 7

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que las demandas de amparo interpuestas por Navarro González Josué Adán, Fuentes Edgar Aarón y Landeros Rodríguez César, por propio derecho se promueven contra el cambio de celda y dormitorio, así como su ejecución, y señalan como autoridades responsables al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Dr. Sergio García Ramírez" en Ecatepec de Morelos, Estado de México y Consejo Interno Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Dr. Sergio García Ramírez" en Ecatepec de Morelos, Estado de México; por tanto, en atención a la identidad de autoridades responsables y a la estrecha relación de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su acumulación de oficio, a fin de que sean resueltos en una sola sentencia y evitar resoluciones contradictorias. . Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Navarro González Josue Adan, Fuentes Edgar Aarón y Landeros Rodríguez César, por propio derecho, contra actos que reclama del Dr. Sergio García Ramírez" en Ecatepec de Morelos, Estado de México, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1227/2019, y sus acumulados 1228/2019 y 1229/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ... Causales de improcedencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo 1227/2019, y sus acumulados 1228/2019 y 1229/2019, y con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en el cambio de celda y dormitorio. Esto es así, porque el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En un principio tenemos que el acto reclamado en esencia se hace consistir en: "El acto que reclamo a las Autoridades señaladas como responsables lo es el cambio de celda y dormitorio decretado en mi persona así como su ejecución". Respecto de dicho acto reclamado, los quejosos Navarro González Josué Adán, Fuentes Edgar Aarón y Landeros Rodríguez César, debieron promover el medio ordinario de defensa correspondiente, previo a la interposición del juicio constitucional, ello a fin de cumplir con el principio de definitividad. .. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, los quejosos Navarro González Josué Adán, Fuentes Edgar Aarón y Landeros Rodríguez César, reclaman la posible orden de cambio de celda o dormitorio, diverso al que se encuentran; sin embargo, en contra de dicho acto, previamente al juicio de amparo, debió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a lo dispuesto en los artículo 1°, 2°, 4°, 5°, 9, fracción IV, 30, 117, fracción I y 131, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; pues los promoventes Navarro González Josué Adán, Fuentes Edgar Aarón y Landeros Rodríguez César, reclaman una orden de cambio de celda o dormitorio, así como su ejecución, y dentro de los preceptos en cita, se advierte el derecho de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, a permanecer en estancias conforme a la ubicación establecida en relación a su situación jurídica en la que se encuentran; entonces, la propia Ley en cita, establece un procedimiento para que toda persona privada de su libertad, sin mayores formalidades, sencillo, rápido y eficaz, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, proceda en contra; como es el acto que se reclama en el presente sumario, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, los quejosos debieron agotar dichos mecanismos o medios de impugnación previstos en su contra, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, en virtud de que los quejosos, reclaman la posible orden de cambio de celda o dormitorio, diverso al que se encontraban, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 fracción IV, en relación al 5° de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia con número de registro 2018548, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 230, del rubro y texto: . Por otra parte, respecto a los actos reclamados que hacen valer los quejosos de mérito, consistentes en las amenazas a lesionarlos físicamente. Debe señalarse que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, toda vez que en el presente juicio los quejosos reclaman las amenazas que han sufrido para lesionarlos físicamente, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de los hoy quejosos, es la afectación en su intereses por supuestos actos de diversas personas que se encuentran el penal donde están recluidos los quejosos; por lo tanto, debe probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga los promoventes de amparo la obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado. En efecto, lo que los quejosos pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, máxime que de su escrito de demanda, no se advierte que los mismos fueran atribuidos a alguna autoridad penitenciaria. Precisado lo anterior, es válido concluir que no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que el escrito de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución del acto reclamado, ya que no los atribuye a ninguna autoridad. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio de amparo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretenden combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. .." En tales condiciones, al no haber acreditado los promoventes del juicio de amparo, que con los actos reclamados en cita se afectaron su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo Aunado a lo anterior, los derechos fundamentales de los que gozan los internos de los centros de reclusión se encuentran a cargo del Estado quien define las bases y modalidades para lograr su adecuado respeto, garantizar las condiciones necesarias para la seguridad del recluso, y que éste protegido a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Además de lo anterior, en todos los casos se deberá de guardar la integridad de los quejosos, en virtud de que el Estado es el encargado de velar por la seguridad e integridad física de los gobernados, a través de las diversas instituciones que se encuentren a su cargo, en este caso al encontrarse privados de su libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, será aquélla institución la encargada de que no sean vulnerados sus derechos humanos. Se desecha demanda de amparo. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente las presentes demandas de amparo. Notificación de las partes. Hágase a los quejosos la notificación de carácter personal en el lugar donde se encuentran actualmente recluidos, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Téngase por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas... Mesa 7

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