Josué Abner Suárez Aguilar

Expediente 1809/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1809/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Josué Abner Suárez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el termino de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa Josué Abner Suárez Aguilar, transcurrió del siete al once de noviembre de dos mil veintidós, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo mencionado; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que aportó al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado y se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓNESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta recibido vía Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco, autoridad vinculada, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de once de octubre del año en curso, en el cual se vinculó a diversas autoridades al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la ley de la materia, córrase traslado a las partes con copia del escrito de queja, a quienes se les otorga el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal que corresponde resolver la queja que se promueve, y hágaseles saber que transcurrido el plazo que se les concede se remitirá el recurso de que se trata, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar en relación con la queja de mérito, adjuntándose el original del escrito de queja. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, remite copia certificada de la diligencia de dieciocho de octubre del presente año y del proveído de veintiuno de los corrientes, dictados en el expediente CES-544/2011-S-2, de su índice, a través del cual se desprende que el Ayuntamiento Constitucional de Macuscpana, Tabasco, por conducto de su apoderada legal, le hizo entrega del título de crédito (cheque) a la quejosa Eligia Alejo Zapata, correspondiente al octavo pago parcial por cumplimentación de laudo, relativo al mes de octubre del presente año. Asimismo, del segundo de los autos se advierte que la responsable señaló las diez horas del catorce de noviembre del presente año, para hacerle entrega a la quejosa Eligia Alejo Zapara, beneficiaria del extinto Lázaro Ángel Ángel, del cheque que para tal efecto sea exhibido por el Ayuntamiento demandado, correspondiente al mes de noviembre del presente año. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes y se tiene a la citada autoridad en vías de cumplimiento al fallo protector. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite el original del juicio de amparo 1851/2022-III, de su índice, promovido por Josué Abner Suárez Aguilar, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial de Teapa, Tabasco, que estima violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1809/2022-3. Lo anterior, toda vez que el citado órgano jurisdiccional remitió los autos del juicio de amparo a este juzgado, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, este juzgado acepta la competencia planteada del presente asunto planteado por conocimiento previo; acúsese recibo al estilo correspondiente, y con apoyo en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del promovente la presente determinación. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que proceda realizar la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito). DESECHAMIENTO Ahora, de la demanda de amparo que se provee, la cual fue presentada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se advierte que el promovente Josué Abner Suarez Aguilar, señala como autoridad responsable al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial de Teapa, Tabasco. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado: El auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó el recurso de reconsideración, interpuesto por Josué Abner Suárez Aguilar y su abogado patrono, en contra de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en la que no se calificó de legales las posiciones del pliego, dentro del expediente 607/2017, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido en contra de María del Carmen Cornelio Almeida. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y en su caso exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia o resultado favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. De lo anterior expuesto, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó el recurso de reconsideración, interpuesto por Josué Abner Suárez Aguilar y su abogado patrono, emitido del expediente 607/2017, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido en contra de María del Carmen Cornelio Almeida, en la que se advierte que el juzgador en el juicio natural de origen no calificó de legales las posiciones contenidas en el pliego relativo a la prueba confesional a cargo de Maria del Carmen Cornelio Almeida y determinó como improcedente dicha prueba. Por tanto, el acto tildado de inconstitucional, evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducirán en violaciones procesales que, en su caso, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados -de obtener sentencia interlocutoria favorable-, y en caso de que se llegue a dictar sentencia contraria a los intereses de aquél, puede hacer valer las violaciones que esa resolución le causó mediante el juicio de amparo correspondiente. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica una resolución en la cual se determinó lo conducente respecto de la prueba confesional; pues aún se encuentra en trámite incidente de disminución y/o reducción de pensión alimenticia, derivado del Juicio de Divorcio Incausado 607/2017 y su acumulado 483/2017, del que deriva el acto reclamado y, en el que, por tanto, aún no se ha dictado sentencia interlocutoria; lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos, además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que le será desfavorable o no, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Número 68, Agosto de 1993, Materia Común, Octava Época, de registro digital 196458, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. PARALELAMENTE A SU ALEGACIÓN EN AMPARO DIRECTO, DEBEN COMBATIRSE LOS RAZONAMIENTOS QUE DECLARARON INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO ORDINARIO QUE EN SU CONTRA SE HAYA HECHO VALER." Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción V, de la misma legislación, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Josué Abner Suarez Aguilar, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, con el rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Klever Ramos Doporto, y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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