Jostin Renato Torres Estrella

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Jostin Renato Torres Estrella

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio presentado de manera electrónica en uso de la FIREL de la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual en atención al exhorto electrónico con número de orden 35/2023-IV-A y número de origen 13/2023-IV-A derivado de los presentes autos, remite la constancia de notificación realizada al perito César Guillermo Calderón Molgora, a fin de que comparezca ante el juzgado exhortado y se lleve a cabo la diligencia encomendada por este órgano federal. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes; quedando en espera de que se lleve a cabo la diligencia encomendada y la comunicación oficial sea devuelta. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRONICA Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por Nallely Noemí León Cauich, en su carácter de apoderada de JOSTIN RENATO TORRES ESTRELLA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Presidente y Secretario de Acuerdos adscritos a dicha Junta, residentes en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO La resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, que declaró fundado el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones del juicio laboral 857/2020, del índice de la autoridad responsable. RADICACIÓN Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 223/2023-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD De conformidad con los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad que ostenta la promovente como apoderada del quejoso; en términos del poder que adjuntó al escrito de cuenta. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En efecto, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio, lo constituye esencialmente la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 857/2020, la cual recayó al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada. En el caso, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". Por tanto, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. Como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, en la especie se advierte que la parte amparista acude a la presente vía constitucional reclamando de las autoridades responsables, la resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, que declaró fundado el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones del juicio laboral 857/2020, del índice de la autoridad responsable, interpuesto por la parte demandada. Acto que no tiene la característica de ejecución irreparable a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del aquí quejoso, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental; máxime, de que existe la posibilidad de que el resultado que se emita en dicho procedimiento pueda resultar favorable a sus intereses, con lo que quedaría subsanada la posible ilegalidad cometida en el acto que ahora reclama. Atento a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado constituye un acto procesal, el cual, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del impetrante de amparo una ejecución que sea de imposible reparación. Es conveniente resaltar que para la procedencia del juicio de amparo la ley reglamentaria en cita, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente derechos sustantivos del gobernado. De ese modo, se insiste, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de una actuación meramente procesal dictada en un procedimiento que no ha concluido, es claro que aún está en condiciones de obtener sentencia favorable a sus intereses y, en el supuesto de no ser así, podrá impugnar dicha violación a través del juicio de amparo directo que en su oportunidad promueva en contra del fallo definitivo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia IV.2º.C.J/2 de la Décima Época, con número de registro 20006338, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del semanario judicial de la federación, publicación de viernes 02 de mayo de 2014, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así como la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167896, de la Novena Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIX, febrero de 2009, página 256, del siguiente rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número 194725, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y su autorizado en términos amplios como lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Román Jesús Puch Mendoza, y a las demás personas en términos restringidos como lo establece dicho numeral hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Por otra parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas del presente juicio, toda vez que proporciona "nombre de usuario" registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a "Nallely6", para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico únicamente del presente juicio de amparo; así como para para presentar promociones por esta misma vía, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así mismo que las notificaciones se le realicen vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por proporcionados el correo electrónico y número telefónico que indica, para establecer comunicaciones no procesales por esos medios, en caso de resultar necesario. Sin embargo, no ha lugar a notificarle por esa vía, toda vez que dichos medios electrónicos no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 55, en relación con el 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ACCESIBILIDAD AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DESCARGAR CONSTANCIAS Asimismo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO ACUERDO GENERAL DE CJF Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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