Joshua Isaí Trujano Lima

Expediente 557/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
557/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Joshua Isaí Trujano Lima

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, para que la parte quejosa recurriera el auto de veintisiete de junio pasado, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...)

  2. Principal

    MESA VII. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, permítase la vinculación electrónica del presente juicio de amparo, con el diverso ********************de su estadística, a fin de que pueda realizar la consulta del juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo que deberá comunicarse por medio de oficio, vía interconexión. Se instruye a la analista jurídica para que realice los ajustes correspondientes en el sistema a su cargo.

  3. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por Carolina Lima Ramos, en representación de JOSHUA ISAI TRUJANO LIMA, contra los actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Turno de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Quince Tipo Dos, del Sistema Procesal Penal Acusatorio con residencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 557/2023. DESECHAMIENTO En ese contexto, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De la interpretación de estos dispositivos se advierte que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que plasmó en la jurisprudencia publicada en la página 1598, Tomo II, Marzo de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la: que se establezca o tutele algún interés difuso, en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior; porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, dada la naturaleza del acto impugnado conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; por lo que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. En el caso, la promovente del juicio reclama lo siguiente: "Se reclama la ejecución y expedición de una orden de aprehensión y/o detención o de cualquier auto que atente con la libertad del quejoso." En ese sentido, esta autoridad judicial considera que, conforme la citada orden de aprehensión y/o detención, si el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, o por conducto de su representante legal, defensor o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita, es incuestionable que la persona que insta la acción constitucional de amparo carece de la titularidad del derecho público subjetivo que se estima transgredido, pues en todo caso, las consecuencias que deriven del acto impugnado afectarían la esfera jurídica de quejoso, pero no la de la promovente. Además, de la lectura integral de la demanda no se advierte que el directo quejoso JOSHUA ISAI TRUJANO LIMA, se encuentre en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Por otra parte, no pasa inadvertido lo narrado en el capítulo de antecedentes de actos reclamados, esto es: "2.- El día 14 de mayo de 2023, mi hijo JOSHUA ISAI TRUJANO LIMA, fue ingresado al centro de rehabilitación CAMINO A LA LIBERTDAD A.C.a efecto de llevar un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, por el consumo de drogas y alcohol, consistente en terapias psicológicos y estudio bíblico, por lo que bajo protesta de decir verdad manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi hijo JOSHUA ISAI TRUJANO LIMA, ha estado interno desde el día 14 de mayo de 2023 hasta la fecha, no omito mencionar que dicho tratamiento esta diagnosticado para concluirse en día 14 de septiembre del año 2023,." Sin embargo, se estima que ello no actualiza las hipótesis a que aluden los numerales invocados, para la promoción del juicio a través de cualquier persona, ya que en el caso el acto reclamado no es de los previstos por el numeral 15 de la ley de la materia (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arábigo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Bajo esas consideraciones, es inconcuso que el directo quejoso no se encuentra impedido para instar la acción constitucional por propio derecho. Sin que se desatienda lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Amparo, que señala que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el impetrante puede promover el amparo por conducto de su defensor, y que a la luz del primer párrafo del diverso 11 de la ley de la materia, bastara dicha afirmación. Sin embargo, la promovente no exhibió documento idóneo que acredite que es representante legal del directo agraviado, ni manifestó que su personalidad la tiene acreditada ante la responsable. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el precepto 113 de la misma ley, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado, al no haber señalado uno para tal efecto. De igual manera, se tiene el correo electrónico y número de teléfono que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, se tiene a Rafael Morales Zapata, como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento se autoriza para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto y a Bonifacio Enedino Tellez Montero, en virtud de que no cuenta con el registro correspondiente. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de estas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. EXHORTO A LA PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 257 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, por lo que, si las partes los indican, ténganse por señalados los correspondientes sin mayor proveído, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. PUBLICACIÓN DE DATOS. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, con fundamento en el ordinal 9, en relación con los diversos 1 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; resguárdense los datos personales de las partes, salvo manifestación expresa en contrario. Por tanto, se instruye a los servidores públicos adscritos a este juzgado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la precitada instrucción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción practiquen notificaciones, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAPTURA DE SENTENCIA EN SISE Se ordena a la Secretaría supervisar la captura de la resolución que se emita en este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que lo acredite a los autos. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.

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