Joshua Esaú González Cruz

Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
505/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Joshua Esaú González Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    X... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el que devuelve diligenciado el exhorto librado con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, por el que causó estado el desechamiento de su demanda y se archivó el presente asunto.

  2. Principal

    X.... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el que se devuelve diligenciado el exhorto 343/2022-X, librado a efecto de notificar a la parte quejosa del auto en el que se le desechó la demanda de garantías. Sin que resulte necesario acusar el recibo del mismo, por así indicarlo la autoridad oficiante. Por otro lado, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Finalmente toda vez que el quejoso se encuentra recluido en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 13 Oaxaca, ... gírese atento exhorto -vía electrónica- al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda se constituya en dicho centro carcelario y le notifique la presente determinación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se solicita al Juez exhortado, que de estimarlo necesario, habiliten días y horas para llevar a cabo la diligencia solicitada.

  3. Principal

    X... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el que se devuelve diligenciado el exhorto 275/2022-X, librado a efecto de notificar a la parte quejosa del auto en el que se le requirió que ratificara su demanda. Sin que resulte necesario acusar el recibo del mismo, por así indicarlo la autoridad oficiante. Asimismo, de la comunicación referida, se desprende que el quejoso Joshua Esaú ... ratificó la demanda de amparo, promovida por Gabriela ... en su nombre, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México con residencia en Cuautitlán y otras autoridades. DESECHAMIENTO Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, Gabriela ..., -ostentándose como cónyuge de Joshua Esaú ...- reclamó la orden de traslado emitida contra el aquí quejoso y su ejecución; asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad que se enteró de ello por personal del centro penitenciario y de reinserción social en el que se encontraba interno, de ahí que derivado de ello manifestó que no tenía comunicación con su esposo. En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda y atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los escritos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y de esa manera emitir un pronunciamiento congruente e integral, se tiene como acto reclamado, la orden de traslado del quejoso y su ejecución, la cual se llevó a cabo el veinte de abril del año en curso. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en la que está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo.... Ahora, de los artículos 116, 117, fracciones II y III y último párrafo, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el quejoso cuenta con un medio de defensa previo a la promoción del juicio de amparo; así, de una interpretación sistemática de dichos preceptos legales se infiere que corresponde a las autoridades administrativas la emisión de las órdenes de traslados por razones urgentes relacionadas con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, determinación que no requerirá autorización previa del Juez de Ejecución y, dicha determinación puede ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, en términos de la fracción III del citado artículo 117, que establece que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. En ese sentido, la tramitación de la acción judicial prevista en las fracciones I, II y III, del artículo 117, de la Ley en cita, se encuentra regulada en los artículos 120 a 129 de la Ley invocada, de los que se advierte -en lo que aquí interesa- que podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia, entre otros, la persona privada de la libertad (como en la especie acontece, en virtud que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 Oaxaca; acción que además establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto y cuando se considere que se trata de caso urgente -a petición de parte o de oficio- el juez de ejecución la decretará de inmediato. Al margen de lo anterior, es evidente que tratándose de una orden de traslado, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla mediante un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra dicho acto, sin que previamente hubiera agotado el recurso ordinario previsto, el juicio de amparo se torna improcedente. Sin que en el caso, se estima, se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En esas condiciones, es que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad, motivo por el cual se desecha la demanda. Finalmente toda vez que el quejoso se encuentra recluido en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 13 Oaxaca, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a aquélla y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto -vía electrónica- al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, en turno para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda se constituya en dicho centro carcelario y le notifique la presente determinación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se solicita al Juez exhortado, que de estimarlo necesario, habiliten días y horas para llevar a cabo la diligencia solicitada.

  4. Principal

    XII... Agréguese a los autos, el escrito de la apoderada de la moral tercera interesada, a través del cual desahoga la vista ordenada en proveído de dos de mayo del año en curso; al respecto, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto este juzgado de distrito se pronuncie en cuanto al cumplimiento a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable.

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